La futura Ley de Vivienda de Asturias arranca con una advertencia clara: quien tenga diez o más viviendas sin uso durante un año deberá cederlas para alquiler o enfrentarse a sanciones económicas
El Gobierno regional activa el Registro de Viviendas Desocupadas y pone en marcha un plan que prioriza el alquiler, prohíbe la venta del parque público y blinda las VPO
Si usted posee diez o más viviendas en Asturias y alguna lleva más de doce meses sin uso, el Principado tiene un mensaje para usted: o la alquila, o pagará por tenerla vacía.
La futura Ley de Vivienda del Principado de Asturias, cuyo anteproyecto ya está en periodo de información pública, contempla la creación del Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas. Y con él, un mecanismo de presión sobre los grandes tenedores que mantienen inmuebles cerrados, en un momento de crisis habitacional y con los recursos sociales al límite.
“Queremos recuperar para el alquiler miles de viviendas que están cerradas sin motivo. La función social de la propiedad debe cumplirse”, defienden desde el Ejecutivo.
¿Qué establece la nueva ley?
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Se considera gran tenedor a toda persona física o jurídica con diez o más viviendas (no se cuentan garajes ni trasteros).
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Una vivienda se considerará desocupada si no ha tenido uso residencial durante más de un año, salvo causa justificada.
Causas justificadas:
Obras de rehabilitación documentadas
Procesos judiciales que impidan el uso
Traslados por motivos de salud o trabajo
Seis meses de plazo: o se alquila o se sanciona
Una vez incluida en el registro, el propietario tendrá seis meses para tomar una decisión. Las opciones son:
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Adherirse a un programa autonómico de alquiler asequible, con renta bonificada.
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Ceder el inmueble a la entidad pública de vivienda, que lo gestionará en régimen de alquiler social, con garantía de cobro y reparaciones.
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Colaborar mediante fórmulas público-privadas, aún por definir en reglamento.
Si no lo hace, se activarán multas coercitivas trimestrales de entre 1.000 y 3.000 euros por vivienda. Si tras dos requerimientos consecutivos persiste la desocupación, se considerará infracción grave.
¿Por qué esta medida?
El parque público asturiano ha caído de 30.000 a 9.700 viviendas en cuatro décadas. La nueva ley quiere revertir esa tendencia con:
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1.000 viviendas nuevas en esta legislatura (600 en obras, 400 en tramitación).
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Prohibición permanente de vender viviendas de promoción pública: solo alquiler.
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Protección indefinida de todas las VPO, también las de iniciativa privada.
Rechazo del sector inmobiliario
Desde la Asociación de Inmobiliarias de Asturias, su presidenta, Katia Domingo, apoya la protección del alquiler social, pero critica el tono coercitivo:
“Las sanciones pueden asustar más que ayudar. Lo que se necesita es incentivar la rehabilitación, no meter miedo.”
También reclaman más ayudas para poner en valor el parque de segunda mano y alertan sobre el posible efecto disuasorio para pequeños inversores.
Denuncia de los trabajadores sociales
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias también se ha pronunciado, pero por el otro extremo. Critican no haber sido consultados en el anteproyecto, pese a que gestionan buena parte de la emergencia habitacional:
“Los albergues están saturados. Hay personas que viven sin alternativa digna y los desahucios siguen produciéndose sin opciones reales.”
Zonas tensionadas y tanteo público
La nueva ley prevé, además:
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Declarar zonas tensionadas donde los precios del alquiler están desbocados (podrían ser hasta 12 municipios).
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Limitar las subidas de renta en estas zonas al 3 % anual.
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Ejercer el derecho de tanteo y retracto para que el Principado pueda adquirir VPO antes de que pasen a manos privadas.
Conclusión: o se alquila, o se paga
Con esta ley, Asturias pone el foco directamente sobre el poder inmobiliario inactivo. El mensaje es claro: no se puede tener vivienda vacía indefinidamente mientras hay familias sin casa.
Los grandes propietarios tienen ahora seis meses y tres caminos: alquilar, colaborar o enfrentarse a un régimen sancionador que irá al alza.
