Cristóbal Montoro siempre tuvo fama de técnico frío, eficaz, un hombre de Hacienda obsesionado con el déficit. Pero lo que los investigadores están desvelando en los últimos meses nada tiene que ver con esa imagen. La historia que se teje ahora en los juzgados es otra, mucho más oscura, más compleja y más inquietante. Una historia de sociedades pantalla, testaferros, correos cifrados y millones que van y vienen de Luxemburgo a Panamá como si fueran fichas de un tablero invisible.

El origen del caso remite a algo tan banal como una discrepancia fiscal. Un informe técnico, una operación de compraventa de participaciones que parecía rutinaria. Pero alguien empezó a atar cabos. Y cuando los fiscales tiraron del hilo, el ovillo no paró de crecer.

Una consultora que multiplicaba sus ingresos

Todo comienza en 2006, cuando Montoro funda el despacho Equipo Económico —entonces bajo el nombre de Montoro y Asociados—. En poco tiempo, la firma se convierte en un actor relevante, con clientes del sector energético, empresas de infraestructuras y lobbies empresariales. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero según los investigadores, cuando Montoro regresó al Gobierno como ministro de Hacienda en 2011, ese mismo despacho comenzó a facturar cifras desorbitadas, muy por encima del mercado. Informes que deberían costar 30.000 euros se presupuestaban por 300.000. ¿Por qué?

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Montoro habría seguido controlando el despacho en la sombra, a través de testaferros, pese a haber vendido formalmente sus participaciones en 2008. Una venta, por cierto, que nunca declaró al fisco. Las participaciones se transmitieron por el mismo valor que figuraban en origen —10 euros—, sin reflejar plusvalías ni movimiento alguno en su IRPF. Un gesto, aseguran los peritos, que no se corresponde con una operación real. En otras palabras: una venta simulada.

Una madeja de sociedades opacas

El informe de Hacienda detalla cómo entre 2009 y 2015, diversas sociedades conectadas con Equipo Económico —Anvalia 7, Tutman Fiscalía, Econodos, entre otras— facturaron más de 12,8 millones de euros. Todas ellas compartían socios, estructuras y beneficiarios. Todas ellas operaban con una única clientela: el despacho matriz.

No se trataba de diversificar actividades. Era, presuntamente, una red para canalizar fondos, desviar beneficios y dificultar el rastro del dinero. Algunas de estas empresas llegaron a recibir ingresos desde Colombia, Panamá, Reino Unido y Estados Unidos. Otras, a su vez, realizaron pagos a cuentas en Luxemburgo e Irlanda.

En paralelo, se descubrió que Montoro mantenía varias cuentas compartidas con su esposa e hija, un préstamo de 360.000 euros con condiciones atípicas y propiedades en Madrid, Guadarrama y Benidorm. En una de esas cuentas recibió 77.934 euros desde Luxemburgo bajo el concepto "Pensión complémentaire", aunque oficialmente no tenía derecho a pensión comunitaria. Se sospecha que el origen de ese pago podría estar en su paso por el Parlamento Europeo.

El silencio de los correos y las sombras del poder

Uno de los elementos clave en el sumario es un correo interno enviado en diciembre de 2014. En él, el entonces jefe de gabinete de Montoro sugiere omitir de la web de transparencia del Gobierno cualquier referencia a la actividad privada del ministro. La fiscal Carmen García Cerdá interpreta este gesto como una ocultación consciente de incompatibilidades.

Más inquietante aún es la revelación de que Montoro habría recibido correos confidenciales con datos fiscales sobre figuras como Esperanza Aguirre, Rafael Nadal o Rodrigo Rato. La instrucción apunta a que Equipo Económico ofrecía sus servicios con el argumento de tener acceso directo al ministro, lo que disparaba su valor como "intermediario de favores".

La Agencia Tributaria considera que todo el entramado se diseñó para beneficiar a un núcleo cerrado de socios y colaboradores, entre los que figuran antiguos altos cargos del PP, incluidos exministros como Luis de Guindos.

Un despacho al servicio de las grandes eléctricas

Entre 2013 y 2015, la firma habría recibido más de 2 millones de euros por parte de compañías del sector energético —Gamesa, GDF Suez, Telvent, entre otras— coincidiendo con decisiones clave del Ministerio de Hacienda. Como la aprobación de una partida de 2.200 millones para compensar el recorte a las primas de renovables, medida que favoreció directamente a las eléctricas que, curiosamente, pagaban al despacho.

Los Mossos d’Esquadra, en su informe al juez, califican esta relación como "detestable y estructural". Lo que parecía una consultora era, según el sumario, una plataforma para canalizar pagos por favores normativos. Lo que parecía un ministro, era también —según se investiga— un socio silencioso beneficiado por la misma legislación que promulgaba.

El escándalo se extiende

El juez del caso ha ordenado analizar 321 cuentas y 339 productos financieros. Ha imputado a 28 personas y ha reactivado diligencias bloqueadas durante años. La fiscalía ha pedido acceso completo a los correos del Ministerio de Hacienda desde 2011. El Partido Popular guarda silencio. Montoro ha renunciado a su militancia.

¿Hasta dónde llegará este caso? ¿Cuántas de las decisiones tomadas durante los años más duros de la crisis económica estuvieron influidas por intereses privados? ¿Fue Hacienda —como denuncia el PSOE— una "Kitchen fiscal" al servicio del partido y de ciertos negocios?

El caso Montoro no es sólo un escándalo de corrupción. Es una herida abierta en la confianza institucional. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder público y el beneficio privado se confunden hasta el punto de volverse indistinguibles.

Y quizás, el principio de una purga mucho más profunda en el corazón de las finanzas del Estado.