La acusación contra Íñigo Errejón empieza a desmoronarse tras la filtración de unos audios demoledores. El caso reactiva el debate sobre la delgada línea entre una acusación legítima y una denuncia instrumental que arruina vidas.

Julio de 2025. La actriz Elisa Mouliaá, conocida por su carrera televisiva y su actividad en redes sociales, se encuentra en el centro de una tormenta mediática. Hace más de dos años denunció al político Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual. Su testimonio fue tomado en serio. Muchos creyeron. Algunos se callaron. Otros —como Errejón— sufrieron las consecuencias sin posibilidad de defensa pública.

Hoy, con la publicación de unos audios filtrados, todo ese relato tambalea.

En las grabaciones, reveladas por El País, se escucha a Mouliaá hablar con una amiga que también estuvo presente aquella noche. La amiga le dice, con claridad, que no ocurrió nada. Que simplemente Errejón “fue un baboso”. Y ella, Elisa, lo reconoce. No niega la afirmación. De hecho, la refuerza:

“Sentí que tenía una obligación moral al ver lo que decían otras mujeres”.
No hay relato de agresión. No hay resistencia. No hay violencia. Hay una sensación difusa. Y una voluntad de sumar su nombre a una causa.

¿Una causa legítima o una acusación sin pruebas?

Con estos audios, lo que parecía una denuncia se revela, al menos en parte, como una construcción emocional. No hay pruebas físicas. No hay testigos que respalden la versión de Mouliaá. Y ahora, ni siquiera ella misma parece sostener el relato original. Lo hace, eso sí, ante los tribunales. Pero no fuera de ellos.

Esto plantea una pregunta incómoda:
¿Estamos ante otra denuncia falsa?

Las cifras que nadie quiere ver

Durante años, desde algunas tribunas mediáticas se ha insistido en que las denuncias falsas por violencia de género o agresión sexual son “residuales”. Se citan porcentajes: un 0,01 %, un 0,08 %. Pero los datos oficiales solo recogen las denuncias que acaban judicialmente declaradas como falsas, es decir, las que se prueban con claridad como manipuladas o fabricadas con dolo.

El resto —archivos por falta de pruebas, acusaciones retiradas a medias, absoluciones sin condena— no se computan como denuncias falsas, aunque muchas lo sean en la práctica.

Y mientras tanto, decenas de hombres ven arruinadas sus vidas profesionales, familiares y personales por acusaciones sin fundamento firme. Algunos acaban en prisión provisional. Otros pierden la custodia de sus hijos. Otros simplemente no se recuperan del daño reputacional.

El caso Errejón: juicio mediático sin defensa

Íñigo Errejón , durante meses, ha sido juzgado públicamente, apartado de programas, estigmatizado en redes, condenado por sectores de su propio espacio político. Nadie le escuchó. No importaban los hechos: bastaba la palabra de ella.

Ahora, esa palabra se deshace. Y la duda es legítima:
¿Y si Elisa Mouliaá mintió?

No hay sentencia judicial que declare, de momento, que Elisa Mouliaá incurrió en una denuncia falsa. Pero los indicios son claros y graves. Y el daño ya está hecho.

Esto no es una excepción. Es un síntoma. Un sistema que ha pasado de proteger a las víctimas a blindar la palabra sin exigir pruebas, y donde el simple testimonio puede destruir vidas.

Casos como este no solo cuestionan el sistema penal. Desacreditan las luchas reales de miles de mujeres que sí han sido víctimas. Y deslegitiman una causa cuando se permite que se utilice como arma.

Quizá nunca sepamos exactamente lo que ocurrió aquella noche. Pero con lo que hoy sabemos, hay una pregunta que ya no se puede evitar:

¿Cuántos hombres están pagando por algo que nunca hicieron?