Tras el debate parlamentario del 9 de julio de 2025, donde Pedro Sánchez logró mantener el apoyo de sus aliados independentistas en medio de un escándalo de corrupción, la oposición denunció abiertamente que “España está en venta”. En efecto, desde la investidura de Sánchez tras las elecciones de julio de 2023, su Gobierno ha concedido numerosas cesiones políticas, legales y económicas a los partidos nacionalistas catalanes, vascos e incluso gallegos, a cambio de sus votos. A continuación, se detalla cómo, en palabras críticas de Alberto Núñez Feijóo, “con el actual Partido Socialista todo absolutamente en España está en venta”, ya que el presidente se ha plegado a las exigencias de sus socios independentistas con tal de seguir en el poder.

Cataluña: amnistía, deuda perdonada y más autonomía

Ley de Amnistía del “procés”. La concesión política más polémica ha sido la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el referéndum ilegal del 1-O y la causa independentista catalana. Este fue un requisito explícito de Junts per Catalunya (el partido de Carles Puigdemont) para apoyar la investidura de Sánchez. El PSOE pactó con Junts en noviembre de 2023 impulsar esta ley “para procurar la plena normalidad política, institucional y social” en Cataluña. Tras arduas negociaciones, la amnistía se aprobó el 30 de mayo de 2024 en el Congreso con 177 votos a favor, aunque la norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y su constitucionalidad ha sido muy debatida en España y en Europa (la Comisión Europea llegó a señalar que la amnistía “no responde a un interés general” y es “parte de un acuerdo político para la investidura”). Con esta ley, Sánchez borró las condenas por sedición y malversación de líderes del procés como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Jordi Sànchez, a quienes ya había indultado previamente en 2021. La oposición considera que esta “impunidad del procés” fue el precio a pagar por los votos de Junts y ERC, algo inédito que suscita protestas masivas desde finales de 2023.

Mesa de diálogo y mediador internacional. Además de la amnistía, Sánchez aceptó abrir un proceso de negociación bilateral con la Generalitat. Tanto con ERC como con Junts se acordó reconocer “la existencia de un conflicto sobre el futuro político de Cataluña” y establecer una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos para buscar soluciones. En el pacto con Junts, el PSOE incluso accedió a la figura de un “verificador internacional” que supervisa estas conversaciones. De hecho, representantes socialistas se han desplazado varias veces a reuniones en Ginebra con emisarios de Puigdemont bajo la mediación del diplomático salvadoreño Francisco Galindo. Esta cesión simbólica –tratar el conflicto catalán con mediación externa– supuso asumir parte del discurso independentista. En el propio texto del acuerdo PSOE-Junts, los socialistas llegaron a referirse a España como “Estado español” (término habitual del independentismo) para contentar a Puigdemont. Junts, por su parte, dejó claro que en esa mesa eventual reclamará un referéndum de autodeterminación “dentro de la Constitución”. Aunque el PSOE oficialmente rechaza permitir una votación sobre la independencia, la derecha alerta de que Sánchez ha “abierto la puerta a un referéndum en Cataluña” en un futuro. De hecho, medios afines a la oposición apuntan que Puigdemont exigirá en 2025 un referéndum consultivo para prolongar su apoyo a Sánchez una vez “amortizada” la amnistía. Es decir, las demandas no han terminado: “el independentismo pasa pantallas cada vez más rápido”, y solo en los primeros meses de 2025 ha avanzado tres nuevas pantallas –la condonación de deuda, la gestión de tributos y las competencias migratorias– “que no serán las últimas”.

Perdón de la deuda catalana y más inversiones. Entre las concesiones económicas pactadas con ERC destaca la condonación de una parte de la deuda de Cataluña con el Estado. En concreto, se acordó perdonar alrededor del 20% de la deuda catalana acumulada en los mecanismos de liquidez estatales (FLA), lo que supone unos 15.000 millones de euros menos que la Generalitat tendrá que devolver. Este “perdón” también conllevaría un ahorro de unos 1.300 millones en intereses para Cataluña. Aunque el acuerdo establece que la medida se aplicará “de forma general” a todas las comunidades autónomas de régimen común para evitar agravios comparativos, el anuncio indignó a varios gobiernos regionales del PP. Andalucía, Murcia, Cantabria y Madrid acusaron a Sánchez de favorecer a Cataluña a costa del resto, clamando “¡Basta ya de tanta indignidad!” y advirtiendo que “hoy la democracia se vende”. El presidente andaluz Juanma Moreno cifró en 17.800 millones lo que Andalucía querría en compensación equivalente. Más allá de la deuda, ERC obtuvo otros compromisos financieros de gran calado: por ejemplo, 1.600 millones de euros hasta 2030 para reforzar la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) y mejorar la administración de justicia en Cataluña, así como un fondo adicional de 150 millones para investigación científica en la comunidad. Todo ello quedó por escrito en el pacto de investidura de ERC con el PSOE.

Traspaso de infraestructuras y competencias clave. El Gobierno de Sánchez también accedió a transferir a la Generalitat competencias que históricamente reclamaba. La más inmediata ha sido el traspaso de Rodalies –la red de trenes de cercanías de Cataluña, utilizada por 300.000 a 400.000 pasajeros diarios–, de titularidad estatal a gestión autonómica. Cataluña asumirá así la gestión completa de sus cercanías ferroviarias, una reivindicación de décadas. Además, en febrero de 2025 se anunció otro acuerdo sorprendente: ceder a la Generalitat competencias en materia de inmigración, incluyendo la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la posibilidad de expulsar extranjeros en ciertos casos. Según esta iniciativa legislativa (registrada como proposición de ley pactada entre PSOE y Junts), los Mossos d’Esquadra pasarán a controlar la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras catalanas, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil. Cataluña será “ventanilla única” para autorizaciones de residencia y pasará a expedir los NIE (documentos de identificación de extranjeros) a partir del registro estatal. Incluso se prevé aumentar en 1.800 los efectivos de Mossos (hasta 26.800 agentes) para asumir estas tareas. Esta cesión, inédita en España, otorga a una autonomía facultades cuasi estatales en control migratorio. El PSOE justificó el pacto alegando la alta población extranjera en Cataluña y la “necesidad” de acercar la gestión migratoria a la administración más próxima. Sin embargo, medios críticos subrayan que se trata claramente de una “contrapartida a cambio del apoyo parlamentario” de Junts. De hecho, OKDIARIO tituló que “el PSOE de Pedro Sánchez se ha vuelto a plegar a las exigencias de Puigdemont” con este traspaso, una “nueva cesión a Junts” como pago por su voto a favor del último decreto-ley gubernamental.

Lengua y símbolos de identidad. Para contentar a ERC y Junts, Sánchez también ha tocado cuestiones identitarias. In extremis, en agosto de 2023, acordó con ellos cambiar el Reglamento del Congreso para permitir el uso del catalán, euskera y gallego en los debates parlamentarios. Gracias a la mayoría de la investidura, desde septiembre de 2023 España es oficialmente bilingüe (o trilingüe) en las Cortes Generales: los diputados ya pueden hablar en lenguas cooficiales en el hemiciclo, con servicio de traducción simultánea. Asimismo, el Gobierno impulsó que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como idiomas oficiales de la Unión Europea, cumpliendo lo pactado con Junts, incluso ofreciéndose a costear los gastos que conlleve. Aunque a día de hoy la UE no ha otorgado plena oficialidad (varios países aplazaron la decisión por dudas logísticas y financieras), el mero hecho de plantearlo supuso otro gesto hacia el nacionalismo. Estas medidas lingüísticas visualizan la influencia de los partidos independentistas: Sánchez cedió en algo impensable años atrás para un presidente español, en aras de asegurar su mayoría parlamentaria.

País Vasco y Navarra: pactos con PNV y Bildu

Las formaciones vascas –el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición EH Bildu– también han aprovechado la necesidad de sus votos para arrancar concesiones históricas al Gobierno central. Ambos suman 11 escaños cruciales para Sánchez y han visto colmadas muchas de sus reivindicaciones.

Transferencias de competencias al País Vasco. En el acuerdo de investidura con el PNV (firmado el 10 de noviembre de 2023), el PSOE se comprometió a traspasar todas las competencias pendientes al Gobierno Vasco en un plazo máximo de dos años. Esto incluye cerca de 30 materias que aún eran estatales, entre ellas la gestión económica de la Seguridad Social, los ferrocarriles que discurren por la comunidad, la homologación de títulos extranjeros y otras funciones relevantes. Además, el pacto establece consolidar una “relación bilateral” entre Euskadi y el Estado, lo que abre la puerta a promover un nuevo Estatuto vasco de mayor autogobierno. También se acordó modificar la legislación laboral para que en Euskadi predominen los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, reforzando así la singularidad jurídica vasca. En materia cultural, Sánchez prometió 100 millones de euros para un plan de adaptación del euskera a la era digital, mostrando su disposición a financiar las políticas identitarias del PNV.

Navarra y la Guardia Civil. Un tema especialmente sensible ha sido la situación de la Guardia Civil en Navarra. EH Bildu exigió –y consiguió– la retirada de la Guardia Civil de las competencias de Tráfico en Navarra, traspasándolas a la Policía Foral navarra. Esta cesión, pactada a finales de 2022 a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos de 2023, se materializó con la publicación en 2023 de la ley de transferencias correspondiente. Desde entonces, la vigilancia de las carreteras navarras es ejercida solo por policías forales, cumpliendo el calendario de “expulsión” de la Guardia Civil que Bildu había acordado con el Gobierno. En el propio preámbulo de la norma se indica el objetivo de “integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas competencias compatibles con la unidad constitucional”. No obstante, asociaciones de la Guardia Civil calificaron esta retirada como un “desmembramiento” del instituto armado en Navarra, denunciando la cesión como política y no técnica. Cabe destacar que también en Euskadi el Ministerio del Interior de Sánchez dio pasos similares: en verano de 2024, Marlaska transfirió a la policía autonómica vasca (Ertzaintza) la gestión de puertos y aeropuertos de interés general en la comunidad. Nuevamente los guardias civiles protestaron ante lo que ven como un desmantelamiento de sus funciones en favor de policías autonómicas.

Acercamiento de presos y “justicia histórica”. Otra de las demandas del nacionalismo vasco que Sánchez satisfizo fue la relativa a los presos de ETA. En 2020 se completó el traspaso de la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco, y a partir de entonces la mayoría de presos de ETA fueron acercados a cárceles del País Vasco y Navarra. Cuando Sánchez llegó al poder en 2018, solo 3 reclusos de ETA estaban en prisiones vascas; a finales de 2023 prácticamente todos los presos etarras cumplen condena en cárceles de Euskadi o Navarra (salvo una docena). Este acercamiento masivo –presentado oficialmente como cumplimiento de la ley penitenciaria– ha sido interpretado como un gesto hacia Bildu, cuyo líder Arnaldo Otegi había condicionado su apoyo a políticas de memoria y reinserción. En línea con esto, el Gobierno PSOE-Podemos aprobó en 2022 la Ley de Memoria Democrática, en cuya redacción participó Bildu, para profundizar en la “revisión del relato histórico” de la Guerra Civil y la dictadura.

Asimismo, a instancias del PNV se ha procedido a la devolución de un patrimonio simbólico: el Ejecutivo cedió al Gobierno Vasco la titularidad del Palacete de Chávarri en París, un histórico inmueble usado por el Gobierno vasco en el exilio, valorado en unos 15 millones de euros. La entrega de este edificio diplomático se presentó como un acto de “justicia histórica”, pero para la oposición es otro ejemplo de bienes del Estado entregados para satisfacer a un socio político.

Bildu: poder municipal y proyección cultural. En Navarra y el País Vasco, el PSOE también ha facilitado cuotas de poder institucional a EH Bildu. El caso más evidente fue Pamplona: en junio de 2023, solo seis meses después de las elecciones municipales, los socialistas navarros apoyaron una moción de censura de Bildu para desbancar al alcalde de UPN (centroderecha) y entregar la alcaldía de Pamplona a un candidato de Bildu. Esto contradijo promesas previas del PSOE (que aseguró en campaña que no dejaría gobernar a Bildu en Pamplona), evidenciando la prioridad de mantener la alianza a nivel nacional. Además, se han pactado medidas para la “normalización” del euskera en Navarra, como garantizar la emisión del canal ETB3 (televisión pública vasca infantil) en toda la comunidad foral. También, a petición del PNV, el Gobierno central no impidió que las selecciones deportivas vascas de ciertos deportes (pelota vasca y surf) fueran reconocidas oficialmente a nivel internacional. En diciembre de 2022, la Federación Internacional de Pelota Vasca aceptó a la Federación Vasca como miembro de pleno derecho, posibilitando por ejemplo que en ese deporte compita un “País Vasco” separado de España. Este precedente –un equipo autonómico midiéndose a uno nacional en torneos oficiales– fue visto como una cesión simbólica al nacionalismo vasco en su afán por el reconocimiento externo.

Galicia y otros: el peaje de apoyos al BNG (y más)

Aunque con menor fuerza parlamentaria, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) –un partido nacionalista gallego de izquierda con un diputado– también obtuvo compromisos a cambio de su apoyo a Sánchez. El pacto PSOE-BNG para la investidura incluyó importantes concesiones económicas y competenciales para Galicia: por ejemplo, la condonación del 20% de la deuda gallega con el Fondo de Liquidez Autonómica (en paralelo a la quita catalana), así como un descuento del 75% en los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 que atraviesan la comunidad. Además, el Gobierno se comprometió a implantar servicios de trenes de cercanías en Galicia durante esta legislatura (empezando por las líneas A Coruña–Ferrol y Vigo–Pontevedra), cubriendo así una demanda histórica en infraestructuras gallegas. El acuerdo con el BNG también contempla nuevas inversiones en la red viaria y ferroviaria gallega y avanzar en traspasos pendientes de competencias desde el Estado a la Xunta de Galicia, reforzando el autogobierno gallego. En la práctica, Sánchez prometió que Galicia no sería menos que Cataluña en eventuales tratos financieros: “cualquier condonación total o parcial de deuda que se conceda a Cataluña” implicará una “compensación análoga” para Galicia. De este modo, el único diputado del BNG garantizó su sí a la investidura y la estabilidad del Gobierno central.

Por otro lado, aunque Coalición Canaria (CC) no es un partido independentista, su voto también resultó decisivo (1 escaño) y fue recompensado. El PSOE firmó con CC el cumplimiento íntegro de la llamada “agenda canaria”: desarrollo de 25 medidas específicas para las islas, respeto a sus fueros fiscales, ejecución de convenios pendientes y un nuevo modelo de financiación autonómica en 2 años que garantice la suficiencia financiera de los servicios canarios. Asimismo, se consignaron 100 millones de euros para el plan de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021. En suma, cada apoyo territorial tuvo su precio. Como resumió gráficamente un analista, “¿Qué me das a cambio de mis votos?” es la lógica que ha presidido la gobernabilidad de Sánchez.

Consecuencias: críticas, costes y más exigencias por venir

Las críticas de la oposición retratan este periodo como un mercadeo de Estado. “Sánchez dispuesto a cederlo todo por seguir en el poder. 15.000M€ de todos los españoles por los votos de ERC... Dinero por votos. Lo peor es que nadie conoce el límite de su inmoralidad”, llegó a denunciar el líder del PP, Alberto N. Feijóo. En la misma línea, dirigentes como Isabel Díaz Ayuso afirmaron: “Hoy la democracia se vende. Sánchez es un peligro para España”, acusando al PSOE de haberse “convertido en independentistas” por su silencio ante estas cesiones. Desde Vox, Santiago Abascal advierte que si Sánchez sigue, “podría haber un referéndum de secesión” tarde o temprano. Incluso voces históricas del socialismo, como Felipe González, han manifestado su rechazo a la “barrabasada” de la amnistía y las alianzas con quienes pretenden romper España.

Más allá del debate político, el coste económico de mantener esta mayoría parlamentaria es elevado. Solo la quita de deuda a Cataluña (unos 15.000 millones de euros) representa recursos estatales considerables que otros territorios ahora reclaman en igualdad. A esto se suman partidas presupuestarias adicionales: 1.600 millones para los Mossos y justicia catalanes, 100 millones para el euskera digital, 100 millones para La Palma, decenas de millones en bonificaciones de peajes y planes de infraestructuras en Galicia, inversiones comprometidas en el País Vasco (como los 15 millones del palacete) y Navarra (universidad, memoria histórica), etc. Estas “facturas” las asume el Estado para satisfacer a las minorías parlamentarias que sostienen al Gobierno. Los socios, obviamente, valoran los beneficios obtenidos. En palabras de un portavoz de EH Bildu, “ha sido el mejor acuerdo alcanzado por Bildu en lo que llevamos de legislatura”, refiriéndose al pacto de presupuestos de 2023 con las mencionadas concesiones en Navarra.

Por su parte, los partidos independentistas no ocultan que buscarán más. Tras consolidar la amnistía, la mesa de diálogo y los traspasos iniciales, Junts y ERC compiten por explotar la debilidad del Gobierno para lograr sus objetivos máximos. Se habla ya de próximas exigencias: “justicia propia” (control del Poder Judicial en Cataluña), blindaje del catalán en todos los órdenes, y el referéndum de autodeterminación, que sigue siendo la meta última. Cada paso alcanzado les anima al siguiente. Como describe un analista, en poco más de una semana “los independentistas han avanzado tres pantallas” (deuda, hacienda propia, inmigración) y “no serán las últimas”.

Mientras tanto, Pedro Sánchez defiende sus pactos apelando al diálogo y la convivencia. Argumenta que así “se abre un nuevo tiempo” tras el conflicto catalán, que la paz en Euskadi justifica gestos con Bildu, y que su gobierno es “plurinacional” y sensible a la diversidad de España. Pero sus críticos replican que esa diversidad se está transformando en desigualdad y privilegios, y que la integridad del Estado se está debilitando. “No es de extrañar que el independentismo esté henchido de enorme soberbia diciéndole a todos los españoles: ‘aquí se va a hacer lo que nosotros digamos’”, sentenció Feijóo. El debate sobre España –si se está “diseccionando” o “vendiendo” a plazos– marcará sin duda el resto de la legislatura. Por ahora, Sánchez ha logrado “cohesionar a su mayoría” en el Congreso a base de concesiones y cheques políticos, pero a costa de abrir una brecha de indignación en media España. La pregunta es qué quedará intacto del modelo de Estado tras este proceso. Porque, como advierten incluso algunos aliados menores, “nadie sabe dónde está el límite” de lo que el presidente podría llegar a ceder para conservar La Moncloa.