El Gobierno revalida la financiación histórica del sistema SAAD y aprueba reformas clave para personas con discapacidad y mayores dependientes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 15 de julio, el reparto de 783 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Asturias recibirá 25.083.898 euros, una cifra que consolida el récord de financiación alcanzado en 2023 y 2024 y permitirá seguir avanzando en el nuevo modelo de cuidados centrado en la persona.
Este impulso económico parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, y supone la mayor inversión estatal en dependencia desde la creación del sistema. La aportación estatal a este nivel de financiación ha casi triplicado su cuantía desde 2021, cuando se destinaban 283 millones, hasta alcanzar ahora los 783 millones.
¿A qué se destinará esta inversión?
La financiación del SAAD se distribuye entre las comunidades autónomas siguiendo criterios técnicos y demográficos, definidos en el Plan de Choque aprobado por los propios gobiernos regionales en 2021. Estos criterios se agrupan en cuatro grandes fondos:
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Fondo de estructura (145,8 millones): Tiene en cuenta la población potencialmente dependiente, la dispersión geográfica o el coste de los servicios.
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Fondo de gestión (175 millones): Mide la eficiencia administrativa y la inversión autonómica.
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Fondo de cumplimiento de objetivos (262,4 millones): Premia los avances en calidad, empleo del sector o reducción de listas de espera.
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Fondo de acreditación y calidad (200 millones): Condiciona la financiación al cumplimiento de estándares en centros y servicios.
Gracias a esta inyección económica, el Principado podrá continuar reforzando su red de servicios y agilizando la atención a miles de personas mayores o con discapacidad.
Reformas legislativas en paralelo
Junto a este reparto económico, el Gobierno también ha aprobado el envío al Congreso de dos importantes reformas legislativas:
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Reforma de la Ley de Discapacidad: Garantiza la compatibilidad del empleo con las prestaciones y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.
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Reforma de la Ley de Dependencia: Suprime el régimen de incompatibilidades y el plazo de espera de dos años para recibir ayudas cuando se cuida a un familiar en casa.
Ambas normas apuntan a un modelo de cuidados más accesible, justo y centrado en la persona, facilitando la vida de quienes dependen del sistema y de sus familias cuidadoras.
