Las seis activistas de la CNT han entrado voluntariamente en la cárcel de Villabona para cumplir una pena de tres años y medio

El Tribunal Supremo les atribuye una campaña de presión que provocó el cierre de la pastelería La Suiza en Gijón

Yolanda Díaz, el Gobierno asturiano y más de 20 sindicatos apoyan su indulto y denuncian una criminalización del sindicalismo

El caso abre un debate nacional sobre el límite entre protesta social y coacción penal

A las once y cuarto de la mañana, seis personas cruzaban el umbral de la prisión de Villabona en silencio. No llevaban pancartas. Solo nervios, dignidad y rabia contenida. Son las llamadas “Seis de La Suiza”, sindicalistas de la CNT condenadas por coacciones al dueño de una pastelería en Gijón. Tras agotar todos los recursos, y con una orden de ingreso dictada por el Juzgado de lo Penal número 1, este jueves comenzaron a cumplir una pena de tres años y medio de prisión.

El caso, convertido en símbolo de conflicto entre justicia penal y libertad sindical, ha desatado una intensa polémica política y social en Asturias y en el resto del país. ¿Hasta dónde puede llegar una protesta laboral sin convertirse en delito? ¿Se está penalizando la acción sindical? ¿Qué ocurrió realmente frente a la pastelería La Suiza?

Los hechos: de una denuncia laboral a una campaña de boicot

La historia se remonta a 2015, cuando una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza, en el centro de Gijón, denunció acoso laboral por parte del dueño. Tras un altercado con su pareja en el local, el empresario denunció a este último por amenazas. A partir de ahí, la empleada contactó con el sindicato CNT, y comenzó una campaña pública de denuncia y protesta frente al establecimiento.

La sentencia detalla que entre mayo y septiembre de 2017, se realizaron 15 concentraciones delante del local, muchas sin autorización, con gritos, reparto de pasquines, vídeos de denuncia en redes sociales, petardos, bombonas fétidas y cortes de tráfico. El dueño cerró el negocio poco después, alegando insostenible presión psicológica y pérdidas económicas irreparables.

El Supremo ratificó que los actos constituían una campaña de “presión constante, reiterada y desproporcionada”, motivada por el intento de forzar una indemnización y la retirada de cargos contra la pareja de la empleada. Las seis personas fueron condenadas a dos años por obstrucción a la justicia y uno y medio por coacciones, más 150.000 euros en indemnización.

Una sentencia polémica que llega a Europa

La defensa, que ya ha llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene que las protestas fueron legítimas y amparadas por la libertad sindical, y que la condena sienta un precedente muy peligroso para el derecho a la huelga y la manifestación.

“No se agredió a nadie, no se destruyó nada, no se cometieron delitos violentos. Se protestó con megáfonos y carteles. ¿Dónde está el límite entre la libertad sindical y el delito penal?”, se preguntan desde la CNT. La sentencia fue recibida con sorpresa en el entorno laboral, donde temen que se criminalicen prácticas habituales de presión sindical.

El día del ingreso: entre abrazos, tensión y aplausos

El ingreso de las condenadas este jueves fue voluntario, organizado y acompañado por sus abogados, pero también marcado por la emoción. “No nos callarán. El sindicalismo no se encierra”, dijo una de ellas antes de entrar. Decenas de personas les acompañaron hasta las puertas de Villabona.

A las 19:30, el grupo de apoyo convocó una concentración frente al Ayuntamiento de Gijón, que se convirtió en una manifestación espontánea con gritos de “Libertad para las seis” y “No es justicia, es venganza”.

El Gobierno pide el indulto: apoyo político sin precedentes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó a las condenadas en Oviedo el pasado viernes. “En democracia, esto nunca había pasado. Es escandaloso”, dijo, comprometiéndose a impulsar el indulto desde el Gobierno central. El Gobierno del Principado ya ha dado su conformidad formal, por “razones humanitarias y personales”.

PSOE, IU, Podemos, Sumar, EH Bildu, CCOO, UGT, CGT, LAB y otras 22 organizaciones sindicales se han sumado a la petición. La argumentación del indulto se basa en la falta de antecedentes penales, la plena integración laboral y familiar de las condenadas, y la ausencia de riesgo de reincidencia.

¿Hasta dónde puede llegar el sindicalismo?

El caso ha generado un debate profundo: ¿Debe el Estado castigar la presión social en un conflicto laboral? ¿Dónde termina la protesta legítima y empieza la coacción? Las “Seis de La Suiza” ya están entre rejas. Pero su caso ha encendido una chispa que trasciende los muros de Villabona.

“Hoy entran seis sindicalistas. ¿Mañana, cuántos más?”, se preguntan en la calle.

No es solo una condena. Es un espejo que devuelve una imagen incómoda: la del precio que puede pagarse por protestar en España en 2025.