El Principado, con 331 plazas oficiales y 423 menores ya tutelados, deberá hacer frente a una nueva derivación desde Canarias y otros territorios saturados. La decisión del Gobierno reabre el debate político sobre la corresponsabilidad autonómica en la acogida.

Asturias se convertirá en las próximas semanas en uno de los destinos del plan estatal de reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El Ministerio de Juventud e Infancia ha asignado al Principado la acogida de 144 nuevos jóvenes, pese a que la red autonómica ya acoge a más de 90 menores por encima de su capacidad ordinaria.

Según los datos confirmados por el Ministerio a EFE y adelantados por la Cadena SER, Asturias dispone de 331 plazas oficiales para menores migrantes, pero en la actualidad tutela ya a 423, lo que convierte al Principado en uno de los territorios que deberá asumir un nuevo esfuerzo de ampliación.

“Esta cifra representa una presión adicional para un sistema que ya está funcionando por encima de su capacidad”, apuntan fuentes técnicas del sistema de protección asturiano, que recuerdan que el último incremento de plazas no fue acompañado de una dotación estructural suficiente.

La cifra más alta, fuera del foco político

Aunque el número de menores asignados a Asturias puede parecer modesto en comparación con las cifras de Andalucía (677), Madrid (647) o Comunidad Valenciana (571), el Principado no ha protagonizado los focos del debate político, pese a que se encuentra entre las comunidades con sobreocupación previa.

El reparto territorial, diseñado en el marco del Real Decreto Ley aprobado el pasado 18 de marzo, responde a criterios técnicos que cruzan capacidad oficial, número real de menores acogidos y esfuerzo histórico de cada comunidad. Según estos baremos, Cataluña y el País Vasco han quedado exentos del reparto obligatorio, al haberse considerado que ya han cumplido sobradamente con sus compromisos en campañas anteriores.

Aun así, el Govern catalán ha anunciado su voluntad de acoger a 31 menores, cifra equivalente a la última derivación voluntaria. La decisión ha sido interpretada como un gesto de liderazgo en un contexto en el que otras comunidades están bloqueando o dilatando los plazos de aplicación del plan nacional.

Tensiones autonómicas en torno a un reparto solidario

La Comisión Sectorial convocada para el próximo 8 de julio será clave para definir cómo se implementa el sistema de derivación. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha acusado directamente a varias comunidades autónomas de intentar retrasar la ejecución del plan, y se ha subrayado la necesidad de corregir desequilibrios históricos:

“Hasta ahora han existido enormes brechas entre comunidades. Algunas han hecho bien su trabajo, otras no han asumido su parte de responsabilidad”, han señalado fuentes ministeriales.

El real decreto establece que todos los traslados serán sufragados por el Estado, que además cubrirá los gastos de acogida durante los tres primeros meses. Asturias recibirá una dotación específica de 1.879.200 euros como compensación, una cifra inferior a la de otras comunidades, pero coherente con el número de menores asignados.

Por encima se sitúan regiones como Canarias (24,3 millones), Madrid (15,8 millones) o Andalucía (8,8 millones), en función del volumen de traslados y de la presión previa sobre sus sistemas de acogida.

Un calendario apretado antes del inicio del curso

Aunque el calendario aún no es definitivo, el Ministerio prevé iniciar los traslados entre mediados y finales de agosto, con el objetivo de que los menores estén ubicados y escolarizados antes del inicio del nuevo curso académico.

El Gobierno central calcula que 850 de los menores previstos inicialmente no entrarán en el sistema autonómico, al haber sido ya reconocidos como solicitantes de asilo y por tanto, pasarán a depender de la red estatal de protección internacional. Aun así, al menos 3.000 jóvenes serán derivados directamente a las comunidades autónomas, bajo supervisión judicial.

Más allá de las cifras: el coste humano de una emergencia estructural

Los menores que serán trasladados a Asturias proceden mayoritariamente de Canarias, donde los centros de primera acogida están saturados y desbordados. En muchos casos se trata de adolescentes que han cruzado el Atlántico en cayucos o pateras, después de haber recorrido miles de kilómetros desde el Sahel o el Magreb.

En los últimos meses, la presión judicial sobre el Gobierno ha aumentado, tras varias sentencias que exigen respuestas urgentes a la situación en el archipiélago. A finales de junio, la directora general del sistema estatal de acogida, Amapola Blasco, presentó su dimisión, en medio de tensiones internas sobre cómo coordinar el modelo de derivación.

Asturias, a contrarreloj

Con una red de centros públicos y concertados ya tensionada, y sin una estrategia clara de ampliación inmediata, el reto para Asturias será doble: garantizar la acogida segura y digna de los menores asignados, y hacerlo sin deteriorar la atención de los que ya están dentro del sistema.

Desde la Consejería de Derechos Sociales no se han hecho aún declaraciones públicas sobre cómo se ejecutará la nueva derivación. Lo que sí es evidente es que, en esta crisis migratoria, la respuesta ya no es una opción, sino una obligación compartida.