El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado esta semana la creación de tres nuevos puestos en la Administración autonómica, en lo que supone otro paso más en el constante engorde de la estructura pública regional. Las nuevas incorporaciones afectarán a la Agencia Sekuens y a los servicios centrales del Ejecutivo autonómico.
Dos de estas plazas se integrarán en Sekuens, la entidad que sustituyó al IDEPA en 2023 como organismo gestor de la política científica y de competitividad empresarial. Una de ellas se destinará a reforzar la secretaría general, mientras que la otra estará orientada a tareas de atracción de inversiones y desarrollo de conocimiento, según se ha hecho público en el acuerdo aprobado.
La tercera creación corresponde a la figura de delegado o delegada de Protección de Datos, una posición que ya era obligatoria en muchas administraciones conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Su función será coordinar las políticas de privacidad en los servicios públicos regionales, garantizar el cumplimiento normativo y servir de enlace con la Agencia Española de Protección de Datos.
Aunque se presentan como refuerzos en “ámbitos estratégicos”, lo cierto es que estas incorporaciones se producen en un contexto de crecimiento sostenido del aparato administrativo del Principado, lo que alimenta el debate sobre el tamaño y la eficiencia de la plantilla pública.
Mientras sectores sociales y profesionales demandan mayor agilidad, digitalización real y simplificación burocrática, la respuesta sigue llegando en forma de nuevas plazas de estructura, que difícilmente se traducen en mejoras inmediatas de los servicios al ciudadano.
Sekuens, que ya ha ido incrementando competencias desde su creación, es la encargada de gestionar múltiples líneas de ayudas, subvenciones empresariales y programas de innovación cofinanciados con fondos europeos. Su creciente estructura organizativa ha sido motivo de críticas entre quienes consideran que la política de agencias y entes paralelos no siempre ha supuesto una ganancia clara en eficiencia.
Por su parte, la figura del delegado de Protección de Datos, aunque obligatoria por normativa, llega con cierto retraso respecto a otras comunidades autónomas que la implementaron con anterioridad y con recursos propios de personal interno.
