¿Y si el apagón eléctrico fuera también el símbolo del apagón institucional?

Mientras millones de ciudadanos sufrían hace apenas unos días un colapso energético sin precedentes, sin respuestas claras y sin que ninguna comunidad autónoma diera un paso al frente, una pregunta empieza a resonar con fuerza: ¿para qué sirve realmente el Estado de las autonomías cuando las cosas se tuercen?

La respuesta, si atendemos al bolsillo, es demoledora: cada contribuyente podría ahorrarse hasta 1.300 euros anuales si España decidiera desmantelar su actual estructura autonómica y racionalizar su administración. Hablamos de más de 60.000 millones de euros al año en costes directos e indirectos que el ciudadano paga sin saberlo: nóminas, estructuras duplicadas, parlamentos que legislan lo mismo 17 veces, consejerías calcadas a ministerios, defensores del pueblo por comunidad, organismos estatales y autonómicos haciendo lo mismo con logos distintos y sueldos idénticos.

Pero vayamos por partes.

¿De dónde sale ese dineral?

El cálculo es simple. Si España ingresa alrededor de 250.000 millones de euros al año en impuestos recaudados directamente a ciudadanos y empresas, y destinamos casi una cuarta parte del gasto total a alimentar estructuras autonómicas, es evidente que el contribuyente medio financia un engranaje gigantesco de 17 miniestados con todas sus duplicidades.

Las estimaciones más conservadoras sitúan el coste del Estado autonómico (sumando presupuestos, sueldos, infraestructuras, mantenimiento, organismos públicos, redes de televisión autonómicas, gastos jurídicos, traducciones, dietas, etc.) en unos 260.000 millones de euros anuales, casi el 20% del PIB español.

De este gasto, hay unos 60.000 millones de euros que podrían eliminarse o reducirse drásticamente si se adoptase un modelo más racional: eliminando duplicidades, fusionando servicios, centralizando competencias clave como sanidad o educación, o reduciendo el número de gobiernos. Esa es la cifra que cada año sale de nuestros bolsillos solo para mantener en marcha una maquinaria administrativa excesivamente atomizada.

Dividido entre la población contribuyente (alrededor de 23 millones de personas), el coste individual del Estado autonómico asciende a más de 2.600 euros anuales, de los cuales al menos 1.300 euros son claramente evitables si el modelo se ajustase con eficiencia. En otras palabras, un sueldo mensual entero que desaparece cada año en la caja negra del autogobierno.

Un aparato gigantesco que nadie frena

Cada comunidad autónoma tiene:

• Un Parlamento autonómico (coste medio anual: entre 10 y 65 millones de euros).

• Un Gobierno con decenas de consejerías, direcciones generales, gabinetes y personal de confianza.

• Un Defensor del Pueblo, una Televisión Pública, un Tribunal de Cuentas regional, una red de delegaciones autonómicas fuera de su comunidad (y a veces incluso fuera de España).

• Un cuerpo de funcionarios que, en su conjunto, representa más del 60% del empleo público total del país, con más de 1,6 millones de personas trabajando para las autonomías.

A esto se le suman competencias que podrían gestionarse de forma conjunta, coordinada y con escala nacional, como las compras de medicamentos (hoy con 17 negociaciones paralelas), la planificación educativa (17 currículos distintos), la prevención sanitaria, las políticas medioambientales, el turismo o incluso las redes de transporte regional.

Cuando hay que responder, no están

Durante el gran apagón eléctrico de esta semana, ninguna comunidad autónoma salió a dar la cara, a reclamar responsabilidades o a tranquilizar a la población. Todo quedó en manos del Estado central, mientras las comunidades callaban o incluso desaparecían. ¿No era esta su función: estar cerca del ciudadano? ¿Dónde estaban sus competencias, sus recursos, su liderazgo?

Este no es un caso aislado. En crisis como la pandemia, incendios forestales o emergencias climáticas, la respuesta suele recaer en el Gobierno central y en la UME. Pero los gastos del sistema autonómico se mantienen intactos, estén o no estén a la altura.

¿Cómo lo hacen otros países?

España es, sorprendentemente, más descentralizada en gasto público que muchos países federales como Alemania, Estados Unidos o Canadá. Mientras el Estado español deja en manos de las comunidades autónomas entre el 35 y el 45% del gasto público, países como Francia apenas descentralizan un 20% y Alemania ronda el 25%, con menos duplicidades y más eficiencia.

Portugal, con una estructura centralizada reforzada con municipios potentes, gasta muchísimo menos en administración territorial. Y países como Países Bajos apuestan por un modelo en el que lo importante se decide desde el Estado y lo cercano lo resuelven los ayuntamientos, sin 17 capas intermedias ni parlamentos regionales.

Alternativas realistas: reformar sin romper

No hace falta volar por los aires todo el modelo para conseguir ahorro. Algunas propuestas incluyen:

• Fusionar comunidades autónomas pequeñas para ganar escala.

• Eliminar las Diputaciones Provinciales donde ya existen gobiernos regionales fuertes.

• Recentrar parcialmente competencias clave como educación o sanidad en un modelo nacional común.

• Reducir organismos paralelos: una Agencia Estatal de Protección de Datos, un Defensor del Pueblo, un Consejo de Transparencia... no 17.

• Centralizar compras de productos sanitarios o farmacéuticos para ahorrar miles de millones en licitaciones.

El coste de mirar para otro lado

¿Cuántos ciudadanos saben cuánto cuesta su comunidad autónoma al año? ¿Cuántos se han parado a pensar que están pagando dos veces por lo mismo? La factura está ahí, todos los años, cada mes, cada nómina. Y lo peor es que no se discute, no se revisa, no se audita con la misma ferocidad con que se exigen otros recortes.

Es el momento de poner las cuentas sobre la mesa. Porque cuando las comunidades autónomas fallan, el que sigue pagando es el de siempre: el ciudadano. Y ya va siendo hora de exigir cuentas por tanto gasto sin retorno.