En una jugada que ha suscitado críticas y preguntas sobre su efectividad, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias ha sacado a licitación un contrato por valor de 118.284 euros para la elaboración del Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular (Pireca) 2024-2030. Con un plazo de 15 meses para su redacción, este plan busca definir la política autonómica en gestión de residuos durante los próximos seis años, pero ¿a qué costo y con qué resultados reales?
La iniciativa, que sucede al actual Plan Estratégico de Residuos (Perpa) 2017-2024, se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la gestión eficiente y sostenible de los residuos. Sin embargo, surge la interrogante sobre la justificación del desembolso de una cantidad significativa de dinero público en un momento en que muchas otras áreas críticas también demandan inversión.
La licitación, abierta hasta el 7 de diciembre, ha sido publicada en la plataforma de contratación del sector público y contempla todas las fases de elaboración del plan y el estudio ambiental estratégico. Además, incluye la tarea de acompañar al Gobierno de Asturias durante la fase de información pública y de participación de entidades y expertos.
A pesar de que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular establece la obligación de actualizar los planes de gestión de residuos cada seis años, hay quienes cuestionan si este considerable gasto garantizará un impacto real y medible en la gestión de residuos del Principado. ¿Será este plan una herramienta eficaz para abordar los desafíos de la gestión de residuos municipales y la economía circular, o un gasto más que se suma a la lista de inversiones gubernamentales con resultados cuestionables?
Con la promesa de desarrollar medidas para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos, así como para la prevención y reducción de los mismos, el Pireca 2024-2030 se enfrenta al escrutinio de su capacidad para traducir los fondos invertidos en acciones concretas y beneficios tangibles para la comunidad. La sociedad asturiana espera que este considerable gasto público se traduzca en mejoras significativas y no se convierta en otra cifra más en los registros de la administración.
