Madrid 24 de mayo de 2023. El temor a la okupación sigue presente entre los propietarios españoles. Especialmente entre aquellos que sacan sus viviendas al mercado del alquiler, que se mantienen con desconfianza ante los posibles costes que se podrían generar de un conflicto legal. Por ello, según destacan desde el sector, cada vez es más habitual que se incluyan planes específicos para garantizar a los arrendadores tanto sus ingresos como un apoyo jurídico en caso de okupación.
 La okupación en España, según los datos más recientes emitidos por el Ministerio de Interior, se redujeron levemente en 2022 con un descenso de menos de 600 casos. La cifra en todo el país se mantiene por encima de 16.000, uniendo tanto allanamiento como usurpación, suponiendo un claro crecimiento respecto a los 14.621 del 2019.
 A pesar del ligero descenso este 2022, en zonas como la Comunidad Valenciana, Navarra o La Rioja se produjo un incremento de casi el 14% en la primera y del 10% aproximadamente en las otras dos. Un escenario que justifica la incertidumbre entre los propietarios que optan por sacar rentabilidad de sus viviendas a través del alquiler.
 “El propietario que saca su piso al mercado del alquiler quiere dos cosas: recibir las mensualidades y no tener problemas. Quieren desentenderse y generar un beneficio. Pero el miedo siempre está ahí”, explica Alberto Añaños, CEO de la plataforma de alquiler para estudiantes LIVE4LIFE. Según subraya, cada vez es más habitual incorporar apoyo al propietario para blindarles ante cualquier situación de ese estilo.
 Esa incertidumbre por el miedo a la okupación se produce hasta en casos de alquiler a jóvenes. En esta opción el porcentaje de problemáticas se reduce drásticamente. Pese a ello, desde el sector se apuesta por reforzar aún más la seguridad.

“Nuestra actividad está dirigida solo a alquiler para estudiantes, que es un sector mucho menos arriesgado. Pero hemos visto la necesidad de ofrecer a cada propietario un plan garantizado frente a la morosidad y la okupación para que no rechacen el mercado del alquiler y así encuentren mayor seguridad”, incide Añaños, que destaca la importancia de dar apoyo a aquellos arrendadores que desconocen el proceso que hay que llevar a cabo en todos esos casos.
 Una vivienda okupada puede tardar más de dos años en ser devuelta a su propietario. Además, entre ausencia de cobro mensual, proceso judicial, gastos de luz que se puedan generar y posibles destrozos, el montante total por el arrendador puede ascender a más de 20.000 euros.
  El efecto de la Ley de Vivienda
 La nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno aumentará el parque previsto para viviendas destinadas al alquiler. Y concretamente al alquiler temporal. Así lo prevén algunos expertos del mercado, que creen que muchos propietarios optarán por destinar el arrendamiento de sus pisos a perfiles como el de los estudiantes, cuyos contratos no superan los de un año y que permiten adaptarse más al nivel de precios.
 Este aumento del parque de vivienda, a su vez, supondrá una relajación de los precios al haber más oferta. “Es una buena noticia, siempre y cuando se traslade al propietario esa seguridad de que el alquiler temporal no supone ningún riesgo”, reconoce Añaños.
 La aprobación de la Ley, que se produce a unas semanas del inicio de la temporada de verano, también podrá tener repercusión en aquellas zonas turísticas que sean consideradas tensionadas.