Pablo Iglesias puede ser considerado un artista, aunque también se puede afirmar que la sociedad española tiene un alto grado de inmadurez o que sufre una grave apatía. Ello se puede plantear a la luz de las afirmaciones del líder de Unidas Podemos, que señaló que en España no hay normalidad democrática para, después, resaltar que es indispensable controlar a los medios de comunicación en la medida en que sus administradores no han sido elegidos democráticamente, no existiendo quejas o manifestaciones que enlazaran las dos intervenciones de Pablo Iglesias.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio, establece que “La libertad de información constituye, y así se viene sosteniendo desde la STC 6/1981, de 16 de marzo, no sólo un derecho fundamental de cada persona, sino también una garantía de la formación y existencia de la opinión pública libre que, al ser condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se yergue en uno de los pilares de una sociedad libre y plural”, pues, precisamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1981, de 16 de marzo, afirma que “El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política”, motivo por el que se llega a resaltar que “La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos, y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder (verbi gratia las prohibidas en los apartados 2 y 5 del mismo art. 20), pero también una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”. También indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio, que “es jurisprudencia constante que la garantía de las libertades informativas se vincula a la actividad de los medios de comunicación, debiendo integrarse en esta denominación tanto la prensa escrita, radio y televisión, sea cual sea el soporte a través del cual se difunda su actividad periodística, como los medios de comunicación exclusivamente digitales”, ya que “Todos ellos desempeñan un papel innegable, en orden a garantizar la plena eficacia del pluralismo, como valor superior del ordenamiento reconocido en el artículo 1.1 CE”.
Resulta peculiar y peligroso decir que no hay normalidad democrática para afirmar, a continuación, que hay que controlar los medios de comunicación porque no han sido elegidos democráticamente. Además, es gracioso teniendo en consideración el control que Unidas Podemos ejerce sobre RTVE, aunque es posible que no les resulte de utilidad la cadena de radio y televisión pública estatal por su escasa audiencia, causada por numerosas causas, entre las que destaca la clara falta de neutralidad de la cadena y su falta de credibilidad. Ese hecho lleva a la conclusión de la relevancia de una gran amplitud de medios de comunicación de diversas corrientes que, de manera coherente, puedan contribuir al sostenimiento del pluralismo político en el sentido del artículo 1.1 de la Constitución.
Obviamente, no podrá existir normalidad democrática si no hay una prensa libre y plural que permita el desarrollo de un debate público con el que se pueda analizar de manera contrastada la actuación de los poderes públicos. Por esa misma razón, hay que ignorar aquellas declaraciones en las que se indica que no hay normalidad democrática, pues las mismas buscan, precisamente, contener el pluralismo y la democracia para garantizar que solo se acepte una única concepción de la sociedad, rechazando las que son ajenas a aquellos que dicen que España no es una democracia cuando si que es un Estado democrático cuyo funcionamiento, lógicamente, es mejorable.
