Cuatro años sin poder ver a su hijo. Cuatro años con una orden de alejamiento que le impedía acercarse no solo a su expareja, sino también al menor. Cuatro años con la sombra de una posible condena de hasta tres años de cárcel por malos tratos y amenazas. Hoy, una sentencia firme le declara inocente. Pero la pregunta se clava como una estaca: ¿quién le devuelve ahora todo ese tiempo perdido con su hijo?

El protagonista de esta historia es un gijonés de unos 50 años que convivía con su pareja, también con discapacidad, en una vivienda del concejo de Caravia. Ambos tenían un hijo en común. Cuando el chico cumplió los 14 años, la relación estalló por los aires: la mujer presentó una denuncia por malos tratos psicológicos y amenazas. A partir de ahí, se puso en marcha una maquinaria judicial que ha tardado cuatro años en concluir que aquel hombre no cometió los delitos que se le atribuían.

La denuncia: “machista”, una vara y un hogar bajo sospecha

En su relato, la mujer pintó a su compañero como un hombre “machista”, controlador, que la obligaba a pedir permiso “para todo” y a trabajar en la huerta. Aseguró también que él utilizaba un bastón o vara que exhibía con frecuencia y que le advertía de que “era el bastón el que mandaba en casa si no le obedecía”. Ese supuesto bastón-amenaza se convirtió en una de las imágenes centrales del procedimiento.

Con esa denuncia sobre la mesa, el juzgado acordó una orden de alejamiento que impedía al hombre acercarse tanto a su expareja como a su hijo, menor de edad. El mensaje implícito del sistema fue claro: primero proteger, luego ya veremos. El problema es que el “luego” se ha alargado casi media década.

El chaval, que según el propio relato del caso quiso varias veces ver a su padre, se quedó en medio del fuego cruzado. Sus intentos de retomar el contacto no prosperaron mientras las medidas cautelares siguieran en vigor. Con el tiempo, dejó de vivir con su madre, se fue con su novia y llegó incluso a tener un hijo. El padre, por la orden de alejamiento, tardó en conocer a su nieto.

Un proceso que se eterniza: periciales, informes y un juicio cuatro años después

El caso terminó en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, pero no precisamente a toda velocidad. La instrucción, las pruebas periciales y los informes psicológicos fueron estirando los plazos hasta que el juicio se celebró hace apenas unas semanas. Para entonces, el niño ya no era un niño.

En el banquillo, el hombre se enfrentaba a:

• 10 meses de prisión por un delito de coacciones, solicitados por la Fiscalía.

• Otros 10 meses por un delito de amenazas.

• Y, por parte de la acusación particular ejercida por la mujer, hasta 3 años de cárcel por un presunto delito de maltrato habitual, más una prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante cinco años.

Sobre el papel, el escenario era devastador: posible condena de prisión, antecedentes, alejamiento prolongado y una fractura familiar difícilmente reparable.

La sentencia: ninguna corroboración, ninguna prueba sólida

La resolución judicial, ya firme, es clara: no hay pruebas objetivas que sostengan el relato de la denunciante. El juez subraya la “ausencia de toda corroboración objetiva” de los hechos descritos por la mujer. Ninguno de los testigos escuchó amenazas, ni insultos, ni vio episodios claros de maltrato. El famoso bastón que “mandaba en casa” nunca fue observado en ese contexto por nadie más.

En consecuencia, el juzgado absuelve al acusado de todos los delitos. No hay condena, no hay antecedentes, no hay cárcel. Legalmente, este hombre sale limpio. Humanamente, sale roto.

La abogada defensora, Yolanda Payo Cimadevilla, lo resume en una frase que duele porque pone el dedo en la llaga: “¿Quién le devuelve el tiempo perdido con su hijo?”

Un drama personal que revela grietas del sistema

Este caso no es solo la historia de un padre y un hijo separados durante cuatro años por una orden de alejamiento que hoy se revela injustificada. Es también una radiografía incómoda de cómo funciona —y cómo falla— el engranaje de la violencia de género y las medidas cautelares en España.

Algunos elementos clave:

• Órdenes de protección casi automáticas. En el contexto de violencia de género, los juzgados de guardia y los de Violencia sobre la Mujer tienden a acordar medidas de protección en un porcentaje elevado de solicitudes, por lógica de prudencia: más vale prevenir un posible daño que arriesgarse a una tragedia. En 2024, se pidieron en España cerca de 50.000 órdenes de protección y se aprobaron aproximadamente dos tercios de ellas.

• Juzgados saturados y lentitud. En Asturias, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia alerta del fuerte volumen de asuntos de violencia de género, del aumento de procedimientos por quebrantamientos de medida cautelar y de la carga que soportan juzgados como el de Violencia sobre la Mujer de Oviedo. La saturación judicial se traduce en procedimientos que se dilatan años, como este.

• Efecto colateral sobre los menores. Cuando la orden de alejamiento se extiende también a los hijos —como en este caso—, el supuesto objetivo de protección puede transformarse en una ruptura total del vínculo paterno-filial, incluso aunque el menor quiera mantener relación con el progenitor investigado.

Aquí el sistema eligió la protección máxima… y cuatro años después el juzgado reconoce que no había base probatoria para condenar. El resultado: un hombre absuelto y un hijo que ha crecido sin su padre en un periodo crucial de su vida.

¿Qué pasa con las denuncias falsas? El dato incómodo y el silencio estadístico

Cada vez que aparece un caso como este, estalla el mismo debate: ¿denuncias falsas sí o no? ¿Son una excepción residual o la punta del iceberg de algo más amplio?

Las cifras oficiales dicen una cosa:

• La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial vienen señalando desde hace años que el porcentaje de causas por acusación o denuncia falsa en violencia de género es ínfimo, en torno al 0,01–0,03% del total de procedimientos.

Pero detrás de esa cifra hay matices importantes:

• Solo se computan como “denuncia falsa” los casos en los que se abre una causa específica por ese delito y acaba en sentencia condenatoria.

• Muchos asuntos como el de este padre asturiano se cierran con absoluciones, archivos o sobreseimientos, sin que nadie investigue si hubo intención de mentir o instrumentalizar el sistema.

• Varios juristas y colectivos críticos sostienen que el umbral para que una denuncia se considere jurídicamente “falsa” es tan alto que la estadística oficial infrarrepresenta la realidad de las acusaciones infundadas.

El resultado es perverso:

• Por un lado, la mayor parte de los casos de violencia de género son reales y terriblemente graves; las mujeres siguen siendo la inmensa mayoría de las víctimas.

• Por otro, cada caso en el que un hombre resulta absuelto después de años de medidas cautelares y estigma social se convierte en un misil contra la confianza en el sistema, especialmente entre los padres separados y los hombres que se sienten desprotegidos.

Este asunto en Caravia no demuestra que “todas las denuncias sean falsas”; eso sería una barbaridad. Lo que pone en evidencia es otra cosa: que el sistema puede arrasar la vida de alguien incluso cuando, cuatro años después, se concluye que no había pruebas suficientes.

¿Cuánto valen cuatro años sin ver a tu hijo?

Esa es la pregunta que atraviesa el caso como un cuchillo.

Cuatro años sin compartir un cumpleaños, sin acompañar en un examen, sin estar en una discusión tonta de adolescencia, sin abrazar, sin simplemente estar. Mientras tanto, al acusado le colgaba encima un posible ingreso en prisión. Y al chaval se le enviaba el mensaje envenenado de que su padre era un peligro del que había que apartarle.

El sistema, tal y como está diseñado, prioriza —con razón— la protección de la posible víctima. Pero en la práctica:

• Actúa muchas veces como si solo las madres pudieran sufrir y solo los padres pudieran agredir.

• No dispone de mecanismos ágiles para corregir el rumbo cuando los indicios se desmoronan.

• Y prácticamente nunca asume responsabilidad cuando la maquinaria se equivoca.

A este hombre, el Estado no le va a pagar una indemnización automática por los años de alejamiento de su hijo. No habrá titulares de reparación. Habrá, como mucho, una frase lapidaria en la sentencia: “faltan elementos de corroboración objetiva del relato de la denunciante”.

Y ya está.

Un aviso que no debería ignorarse

Este caso deja varias lecciones incómodas:

1. La presunción de inocencia no puede convertirse en una formalidad vacía cuando se adoptan medidas cautelares de enorme impacto durante años.

2. Los hijos no pueden ser daños colaterales de un automatismo judicial. Si el menor pide ver al padre y no hay indicios sólidos de riesgo directo hacia él, el sistema debería tener herramientas más finas para evaluar la situación.

3. La violencia de género existe, es masiva y letal, y no se puede banalizar. Pero eso no justifica mirar hacia otro lado cuando un procedimiento acaba en absolución tras haber destrozado vínculos familiares enteros.

4. Reconocer que hay errores no debilita la protección de las víctimas reales; la fortalece. Un sistema que no se revisa, que no admite fallos, es un sistema que pierde credibilidad.

Un padre, un hijo y un reloj que no vuelve atrás

Hoy, este gijonés vuelve a abrazar a su hijo. Legalmente, está absuelto. Moralmente, carga con cuatro años de sospecha, de soledad y de distancia obligada. Él recupera ahora algo de tiempo; su hijo recupera a un padre; un nieto puede conocer por fin a su abuelo.

Pero el reloj no vuelve atrás.

Y mientras tanto, en los juzgados de violencia, se siguen tramitando cada día decenas de causas nuevas. Algunas acabarán en condena justa y necesaria. Otras se perderán en archivos y absoluciones. Y unas pocas historias, como esta, dejarán una pregunta resonando en la cabeza de cualquiera que tenga hijos:

Si el sistema se equivoca contigo, ¿quién te devuelve los años que te ha robado?