La víctima, manipulada con regalos y amenazas, logró romper el silencio tras más de una década. El alto tribunal rechaza los argumentos del agresor, que alegaba disfunción eréctil y problemas neurológicos para eludir su responsabilidad.

Durante más de una década, una mujer de Laviana con discapacidad intelectual fue víctima del abuso sexual continuado de su cuñado. Lo que comenzó como una visita semanal para recibir ayuda doméstica terminó convirtiéndose en un infierno sostenido por el miedo, la dependencia y el silencio. Hoy, tras casi veinte años de dolor y trámites judiciales, el Tribunal Supremo ha ratificado definitivamente la condena de diez años de prisión impuesta al agresor, rechazando su último intento de recurso.

Una víctima atrapada por el miedo

Todo empezó en 2004, cuando la madre de la víctima —principal cuidadora de la joven— fue ingresada en el hospital. Desde entonces, la mujer comenzó a acudir los fines de semana a casa de su hermana mayor, casada con el agresor, para recibir ayuda en su aseo y alimentación antes de asistir al culto religioso al que pertenecía.
Aprovechando esos momentos de intimidad, el hombre inició una dinámica de tocamientos, forzándola progresivamente a mantener relaciones sexuales no consentidas. Según la sentencia, llegó a desvirgarla, usando preservativos y viagra para evitar embarazos y garantizar la penetración, incluso después de sufrir un ictus.

Los abusos se repitieron de forma constante durante trece años, hasta 2017, cuando la víctima, superando el miedo, decidió contárselo a su médico de cabecera. Aquel fue el primer paso para poner fin a un silencio que el agresor había sellado con chantaje emocional: le regalaba ropa y dinero y le pedía borrar los mensajes de contenido sexual que le enviaba.

“Le hacía regalos para mantenerla callada. Le compraba ropa y la manipulaba emocionalmente”, detalla la sentencia.

La justicia reconoce su verdad

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Laviana dictó en febrero de 2021 una sentencia ejemplar: 10 años de cárcel, 15 años de prohibición de comunicación y acercamiento, 8 años de libertad vigilada tras la condena y 5.000 euros de indemnización por daños morales.
El acusado recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que la confirmó íntegramente, y posteriormente ante el Supremo, que acaba de ratificarla de forma definitiva.

El alto tribunal considera que “existe prueba de cargo suficiente, coherente y concluyente” y rechaza los argumentos del acusado, que alegaba no poder mantener relaciones sexuales por motivos de salud.
La propia sentencia señala que la disfunción eréctil “no resulta incompatible con los hechos probados, pues el acusado reconoció el uso de medicación estimulante”, lo que, paradójicamente, refuerza el relato de la víctima.

Una mujer especialmente vulnerable

Durante el proceso se acreditó que la víctima, diagnosticada con discapacidad intelectual moderada, fue declarada parcialmente incapacitada en 2020 y puesta bajo curatela pública del Principado de Asturias. Los peritos señalaron su “juicio inmaduro” y su alta sugestionabilidad, lo que la convertía en una persona fácilmente manipulable.

El informe psicológico forense fue clave para entender cómo el agresor aprovechó su posición de superioridad y el vínculo familiar para imponer su voluntad. Los expertos destacaron que la víctima presentaba rasgos de ansiedad, vergüenza y represión emocional compatibles con una historia prolongada de abuso sexual.

Un patrón invisible: las víctimas con discapacidad

Los especialistas coinciden en que el caso de Laviana no es una excepción, sino un reflejo de una realidad oculta. Según un estudio de la Fundación CERMI-Mujeres, casi la mitad de las mujeres con discapacidad intelectual en España ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
La mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar o cercano, y más del 80 % no llegan nunca a denunciarse, ya sea por miedo, dependencia o falta de credibilidad social.

“Estas mujeres se enfrentan a una doble vulnerabilidad: la de su discapacidad y la de no ser creídas”, subraya el informe.
Por eso, cada condena firme como esta tiene un valor simbólico: demuestra que el sistema judicial puede funcionar incluso frente a las trampas del entorno familiar y los prejuicios sociales.

Una sentencia que marca un precedente moral

El fallo del Supremo no solo consolida una condena; también envía un mensaje claro: la discapacidad no anula el derecho al consentimiento ni justifica el abuso. La justicia ha considerado que la víctima no podía oponerse con plena capacidad y que el acusado se aprovechó deliberadamente de esa situación.

Para los colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad, el caso refuerza la urgencia de protocolos específicos de detección y acompañamiento. En Asturias, asociaciones como Plena Inclusión o ASPACE llevan años reclamando formación especializada en cuerpos policiales, personal sanitario y judicial.

Después del silencio

La víctima, hoy bajo protección institucional, continúa su proceso de recuperación con ayuda de servicios sociales y atención psicológica. No ha querido hacer declaraciones, pero fuentes cercanas aseguran que se siente aliviada tras la sentencia firme y que, por primera vez, “duerme tranquila”.

Su historia deja al descubierto una verdad incómoda: el abuso no siempre llega desde la sombra, sino desde la confianza.
Y que romper el silencio, aunque tarde, es la única manera de devolverle el nombre a la dignidad.