El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha elevado hoy el tono político en la Junta General al lamentar que el Partido Popular siga siendo, 25 años después, “incapaz de condenar la tropelía del peaje del Huerna”. El jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que su Gobierno agotará todas las vías —política, social y judicial— para acabar con un canon que considera “injusto y posiblemente ilegal”.

Barbón ha invitado expresamente a PP y Vox a sumarse a la concentración del 17 de octubre convocada para exigir la supresión del peaje. “Es una causa que trasciende a los partidos. No es una cuestión de izquierdas o derechas, sino de justicia para Asturias”, ha subrayado desde la tribuna.

Una prórroga “ilegítima” que costará 30 años más de peajes

El presidente recordó que el peaje del Huerna, la principal vía de conexión entre Asturias y la Meseta, fue prorrogado hasta 2050 por un Gobierno del PP presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento. “Si no se hubiera firmado aquella prórroga, el peaje habría terminado en 2021, hace ya cuatro años”, afirmó Barbón, que calificó la decisión de “auténtico expolio a los asturianos”.

El portavoz popular, Álvaro Queipo, defendió en el pleno que la prórroga “se justificó con criterios técnicos”, los mismos —dijo— que ahora esgrime el Ministerio de Transportes para mantener el canon. La respuesta de Barbón fue contundente: “Hincharon el valor de una empresa pública, Enausa —de la que formaba parte Aucalsa, la concesionaria del Huerna—, para después venderla. Eso fue una operación financiera disfrazada de gestión técnica”.

“Yo discrepo de un gobierno del presente”

En un enfrentamiento dialéctico cargado de ironía, Barbón reprochó al PP su falta de autocrítica y liderazgo:

“Ustedes son incapaces de discrepar de un gobierno del pasado, de hace 25 años, mientras que yo discrepo abiertamente de un gobierno del presente. La diferencia está en tener criterio propio.”

El presidente añadió que el líder popular asturiano “necesita un microscopio para encontrar su propio liderazgo, porque no hace más que minorar”.

El frente asturiano contra el peaje

Barbón insistió en que el Gobierno de Asturias ya ha solicitado al Ministerio de Transportes toda la documentación sobre la concesión y la prórroga del peaje, y ha advertido de que, si los argumentos técnicos no se sostienen, se acudirá a los tribunales. “No sé cuánto tardaremos, pero la decisión final será contundente y favorable: el peaje acabará eliminado”, aseguró.

El Ejecutivo autonómico busca además un consenso político y social amplio, sumando fuerzas con colectivos ciudadanos y con otros gobiernos autonómicos afectados por situaciones similares, como Galicia y Castilla y León. En el caso gallego, el Gobierno autonómico también denuncia los excesos de los peajes en la autopista AP-9.

Un debate con trasfondo político y económico

El peaje del Huerna cuesta hoy más de 14 euros por trayecto y genera un ingreso anual superior a los 60 millones de euros para la concesionaria. Es una de las tarifas más altas de España por kilómetro y un motivo recurrente de protesta en el Principado, donde se percibe como un obstáculo al desarrollo económico y una penalización a las comunicaciones con el resto del país.

Para Barbón, sin embargo, la cuestión va más allá de la economía:

“No se trata de cuánto cuesta eliminarlo, sino de si es legal mantenerlo. Y todo apunta a que no lo es.”

Coincidencias y desencuentros con el Gobierno central

Aunque ha mostrado su desacuerdo con el Ministerio de Transportes en este asunto, Barbón ha querido destacar las coincidencias con el Gobierno de España en otras políticas clave: la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, el apoyo a la industria de defensa, el impulso a las industrias electrointensivas o el plan estatal de vivienda.

Pese a esas coincidencias, el presidente dejó claro que la lucha contra el peaje del Huerna será uno de los grandes ejes reivindicativos del Principado en los próximos meses:

“Es una causa de dignidad y de justicia. Asturias no puede seguir pagando por algo que ya ha pagado con creces.”

Con esa frase cerró su intervención, en medio de los aplausos de su grupo y de la bancada socialista. El tono fue inequívoco: el Gobierno de Asturias está dispuesto a librar la batalla hasta el final, incluso en los tribunales, para liberar a la comunidad del peaje más polémico del norte de España.