¿En qué consiste el pacto de financiación singular?

El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han acordado las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica específico para Cataluña (denominado “financiación singular”). Este sistema fue pactado originalmente entre PSC y ERC como condición para la investidura de Salvador Illa como president catalán, y representa un cambio de paradigma respecto al modelo común vigente (caducado desde 2014). A grandes rasgos, Cataluña pasaría a recaudar y gestionar de forma autónoma todos los impuestos generados en su territorio, convirtiendo su Agencia Tributaria Catalana (ATC) en la encargada de la gestión íntegra de sus tributos. Actualmente la Hacienda catalana solo recauda unos 5.000 millones de tributos propios al año, con unos 800-850 empleados, por lo que debería reforzarse significativamente (la Agencia Estatal tiene más de 4.000 empleados en Cataluña) antes de asumir este reto.

Puntos clave del nuevo modelo pactado:

• Recaudación autonómica total: La Generalitat gestionará el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña (IRPF, IVA, Sociedades, Especiales, etc.), en lugar del modelo común donde el Estado los recauda en gran parte y luego los distribuye. Toda la recaudación irá a una “cesta” autonómica de la que Cataluña obtendrá sus ingresos. Se estima que la administración catalana llegaría a manejar más de 25.000 millones de euros en impuestos anuales bajo este esquema (solo el IRPF aportaría unos 27.590 millones, según cálculos iniciales).

• Transferencia al Estado por servicios comunes: De esa cesta de tributos recaudados, Cataluña transferirá una parte al Estado central en compensación por los servicios y competencias que el Estado sigue prestando en Cataluña (por ejemplo, infraestructuras estatales, defensa, seguridad social, etc.). La cuantía exacta de esta contribución (“cuota de solidaridad” o similar) aún no se ha concretado y deberá definirse con criterios técnicos. Al mismo tiempo, el Estado seguirá aportando recursos a la Generalitat para financiar ciertas competencias que Cataluña asume en exclusiva y otras regiones no, como es el caso de la administración de prisiones (competencia transferida en Cataluña).

• Principio de ordinalidad: El acuerdo incorpora expresamente el principio de ordinalidad, según el cual la posición relativa de riqueza de Cataluña no debe empeorar tras la redistribución. En otras palabras, Cataluña no perderá puestos en el “ranking” de financiación per cápita después de aportar al fondo común. Hoy en día, Cataluña pasa de ser la 3ª autonomía en renta antes de las transferencias a la 10ª en recursos disponibles tras la redistribución, lo que evidencia la falta de ordinalidad en el sistema vigente. Para evitarlo, la contribución solidaria catalana se ajustará de modo que “no desvirtúe la ordinalidad en el resultado final”. Si este principio se cumple estrictamente, estudios estiman que Cataluña dispondría de ~2.488 millones de euros adicionales cada año respecto al modelo actual. Esta cifra, no obstante, sigue lejos de los ~22.000 millones de “déficit fiscal” anual que partidos independentistas como Junts denuncian, por lo que estos consideran el pacto insuficiente.

• Carácter extensible a otras comunidades: Aunque es un acuerdo bilateral con Cataluña, el Gobierno sostiene que el modelo es “generalizable” y voluntario para el resto de comunidades autónomas de régimen común. Cada autonomía podría decidir qué grado de gestión tributaria asumir para sus propios impuestos (en el caso catalán se pretende el 100% de gestión). De este modo, no sería un “privilegio exclusivo” catalán, sino un nuevo sistema federal al que podrían sumarse otras regiones que así lo deseen (con las adaptaciones según singularidades territoriales). Para implementarlo a nivel nacional se requiere reformar la LOFCA y las leyes de cesión de tributos, proceso que el Gobierno pretende iniciar formalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera después del verano de 2025.

• Calendario y transición: Los detalles de plazos y cifras no han sido cerrados. El IRPF sería el primer impuesto a ceder totalmente: el acuerdo PSC–ERC aspiraba a que Cataluña gestionase el 100% del IRPF a partir de 2026. Sin embargo, ambas partes asumen que difícilmente se logrará tan pronto debido a los cambios legales y el refuerzo administrativo necesarios. Lo más probable es una implantación progresiva: inicialmente una cogestión Estado-Generalitat y, conforme la ATC catalana “muscle” sus medios técnicos y humanos, avanzar hacia la gestión exclusiva completa en años posteriores. En julio de 2025 la Generalitat debía presentar un plan (elaborado junto a Indra) para ampliar y modernizar la Agencia Tributaria de Cataluña. En resumen, el acuerdo por ahora es un “esqueleto” o declaración de intenciones: deberá concretarse en cifras, porcentajes y fases temporales, algo que se negociará en los próximos meses en los foros correspondientes antes de su aprobación definitiva.

Cataluña gestionará sus impuestos: ¿hacia la independencia fiscal?

Si este modelo se implementa, Cataluña obtendría una autonomía financiera sin precedentes dentro del régimen común, acercándose de facto a una “soberanía fiscal” similar a la de un estado propio. La Generalitat controlaría la totalidad de sus ingresos tributarios y solo cedería al Estado una contribución tasada y limitada (en lugar de la situación actual, donde es el Estado quien recauda y luego redistribuye). Esto ha llevado a muchos a afirmar que el pacto equivale, en la práctica, a dotar a Cataluña de una independencia económica dentro de España. De hecho, dirigentes regionales críticos han calificado el acuerdo como “entregar la soberanía fiscal” a Cataluña y “un paso gigante hacia la soberanía plena de Cataluña”. En otras palabras, Cataluña pasaría a funcionar financieramente casi como si fuera un país autónomo, administrando sus recursos y decidiendo su gasto, lo cual es una de las bases más importantes de la independencia real (la independencia económica, como señala la propia pregunta).

El consenso asturiano: unidad frente a la excepcionalidad catalana

La singularidad del momento no radica únicamente en el alcance del pacto fiscal catalán, sino en la respuesta transversal e inédita que ha despertado en Asturias. Pocas veces el Principado ha mostrado tal unidad institucional y social ante una cuestión de financiación. Gobierno, oposición, patronal, sindicatos y cámaras de comercio han cerrado filas para rechazar cualquier modelo que erosione la solidaridad interterritorial.

El Ejecutivo de Adrián Barbón, a través del consejero de Hacienda Guillermo Peláez, ha mantenido una línea firme y clara: Asturias no aceptará ningún acuerdo fiscal que no se negocie en condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas. Desde el primer momento, el Principado exigió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se desmarcó de cualquier pacto bilateral opaco.

Lo llamativo es que esta posición ha sido secundada por todos los partidos políticos de la Junta General del Principado, incluidos los de la oposición más crítica con el Gobierno. El PP, Vox, Foro y Sumar se han pronunciado en contra del acuerdo, y hasta Izquierda Unida —socia de gobierno— ha recalcado que cualquier reforma debe pasar por canales multilaterales. El Grupo Mixto también ha exigido una reunión urgente entre Barbón y Pedro Sánchez para conocer de primera mano el alcance del acuerdo.

Una defensa coordinada del tejido económico y social

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha sido especialmente clara: "No se puede construir un país fuerte desmantelando su sistema común de financiación", advirtió su presidenta, María Calvo. A su juicio, el pacto con Cataluña representa un riesgo para la igualdad entre ciudadanos, y por tanto, una amenaza directa al crecimiento de regiones con más dificultades estructurales como Asturias.

Del mismo modo, las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés han reclamado un frente común político que haga valer la posición asturiana. Su principal temor es que el Gobierno de España acabe cediendo a una estrategia de presión bilateral para “comprar gobernabilidad” a costa de fragmentar la estructura financiera del Estado.

También los sindicatos UGT y CCOO han advertido que Asturias necesita una financiación que respete su singularidad territorial, pero dentro de un marco justo y compartido. Han recordado que si se rompe el principio de solidaridad, regiones como la nuestra no tendrán recursos suficientes para afrontar los sobrecostes que implica mantener una red pública de servicios en zonas con baja densidad y envejecimiento.

Asturias como ejemplo de corresponsabilidad institucional

Esta cohesión política, empresarial y social en defensa del interés común no es habitual. Pero en esta ocasión, la percepción de agravio y amenaza ha logrado lo impensable: unir a todos los actores en una sola voz. No se trata de un rechazo por antagonismo político ni de un ataque a Cataluña, sino de una defensa firme de la igualdad fiscal, la justicia distributiva y el respeto institucional a las normas comunes.

Desde Asturias, la petición es simple pero contundente: que nadie tenga ventajas exclusivas y que todas las comunidades puedan sentarse en igualdad de condiciones a negociar un modelo que nos afecta a todos.

¿Y ahora qué? Escenarios posibles tras el pacto

El pacto entre el Gobierno central y la Generalitat aún no está cerrado en sus detalles técnicos, pero sí ha marcado un rumbo político que plantea varios escenarios posibles a corto y medio plazo.

Escenario 1: reforma global con marco multilateral

Este sería el escenario más deseado por comunidades como Asturias. El Gobierno de España sometería la propuesta de pacto singular a debate dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reformulándola como base para una reforma del sistema común que contemple las singularidades de cada territorio, incluida la financiación adecuada de regiones menos densas o con más dependencia del gasto público. En este caso, habría una negociación general con todas las autonomías, respetando los principios de equidad, transparencia y sostenibilidad.

Escenario 2: acuerdo bilateral sin consenso autonómico

En este caso, el Gobierno optaría por avanzar con Cataluña sin buscar un gran acuerdo nacional. A través de cesiones legislativas, se permitiría que Cataluña gestionara todos sus impuestos y transfiriera una cuota pactada al Estado. Esta vía podría ejecutarse vía reforma parcial de leyes orgánicas, lo que provocaría un terremoto político e institucional, dado que varias comunidades han anunciado que recurrirían ante el Tribunal Constitucional cualquier pacto que no cuente con el aval multilateral.

Este escenario tensionaría el sistema autonómico, abriría la puerta a reclamaciones similares desde otras comunidades con peso económico (como Madrid, Andalucía o Baleares), y debilitaría de forma casi irreversible el principio de caja única y solidaridad.

Escenario 3: congelación del proceso por falta de apoyo

Una tercera opción sería que, ante la presión creciente de varias comunidades y la falta de mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la reforma, el Gobierno decida congelar el pacto o dejarlo en un terreno de ambigüedad política. Esta vía no resuelve el problema de fondo, pero podría aplazar su desarrollo, permitiendo al Ejecutivo central navegar en la ambigüedad para mantener el apoyo de ERC sin comprometerse plenamente. Esta solución, sin embargo, dejaría a Cataluña insatisfecha y al resto de comunidades en estado de alerta permanente.

Escenario 4: contagio del modelo y fractura fiscal

Finalmente, existe un escenario de alto riesgo para la arquitectura autonómica: que otras comunidades comiencen a exigir pactos bilaterales similares, con lo que el sistema común acabaría desintegrándose de facto. En este modelo, el Estado pasaría a ser un mero coordinador presupuestario con escasa capacidad redistributiva, y cada autonomía sería responsable de su financiación, profundizando las desigualdades actuales.

Este modelo implicaría un cambio estructural del sistema español tal y como lo conocemos. Para comunidades como Asturias, que necesitan la solidaridad para compensar sus costes estructurales, supondría una pérdida de recursos y una amenaza a su capacidad de garantizar servicios públicos básicos.