Por qué la comunidad asturiana rechaza de forma casi unánime el acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, y qué temen perder si se aprueba

Asturias no suele ser una comunidad propensa a los frentes comunes. Y, sin embargo, algo inusual ha ocurrido: Gobierno regional, partidos de la oposición, empresarios, cámaras de comercio y sindicatos han coincidido en algo esencial. Todos están en contra del llamado "pacto fiscal singular" entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Porque el modelo que se plantea podría desmantelar el sistema común de financiación autonómica y convertir a comunidades como Asturias en territorios fiscalmente de segunda.

El temor a quedar atrás: lo que está en juego para Asturias

La principal preocupación de Asturias no es que Cataluña gestione sus propios impuestos. Es lo que eso implica para el resto. En palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el modelo común no puede convertirse en un "contrato de adhesión": si una comunidad negocia por su cuenta con el Estado las condiciones fiscales, el resto se ve obligado a aceptar esas condiciones o a conformarse con menos.

Actualmente, el sistema de financiación autonómica se basa en un principio esencial: solidaridad interterritorial. Las comunidades con mayor capacidad recaudatoria (como Madrid, Baleares o Cataluña) aportan más a la caja común, permitiendo que otras, como Asturias, puedan mantener niveles comparables de sanidad, educación o servicios sociales. Si Cataluña queda fuera del sistema, la caja común pierde una parte crucial de recursos.

Según informes económicos recientes, una cesión total del IRPF, IVA e impuestos especiales a Cataluña, como la que reclama ERC, podría provocar una pérdida de hasta 1.200 millones de euros anuales para regiones como Asturias, Galicia o Castilla y León. Y eso supondría menos presupuesto para los servicios esenciales en el Principado.

El principio que se rompe: la igualdad fiscal

El modelo de financiación de las comunidades de régimen común está diseñado para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su comunidad autónoma, tengan acceso a los mismos derechos. Si una comunidad consigue recaudar y gestionar el 100% de sus impuestos, como plantea la Generalitat, tendrá más capacidad para invertir en infraestructuras, ayudas sociales o incentivos fiscales, sin tener que rendir cuentas ni redistribuir.

Y eso, para Asturias, supone un agravio comparativo brutal. Porque el envejecimiento, la dispersión de la población y el declive demográfico ya suponen un sobrecoste estructural. Quitarle a Asturias parte de la solidaridad nacional es, según todos los actores consultados, asfixiar su futuro.

Un rechazo que une a todos: Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos

La posición del Gobierno del Principado ha sido clara. Guillermo Peláez exigió la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano legítimo donde deben negociarse los cambios del modelo, no en despachos bilaterales entre La Moncloa y la Generalitat.

Pero lo llamativo es que no están solos. El PP, Vox, IU, Foro, Sumar y el Grupo Mixto también han expresado su rechazo al pacto. Incluso los socios del Gobierno, como IU, insisten en que la financiación debe decidirse multilateralmente y de forma equitativa.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha sido contundente: "No podemos permitir que, por razones políticas, se debilite el sistema común y se rompa la igualdad entre territorios". Las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés han pedido un frente común político y social para frenar lo que consideran un camino hacia la ruptura del equilibrio fiscal nacional.

También los sindicatos UGT y Comisiones Obreras apoyan esa visión. Ambos reclaman un modelo justo y suficiente para Asturias, y recuerdan que las singularidades del territorio deben reconocerse sin romper el principio de equidad nacional.

Un precedente que refuerza la posición asturiana

Asturias no es nueva en este debate. En 2022, junto a otras siete comunidades, firmó la llamada Declaración de Santiago, en la que ya se exigía una reforma del modelo de financiación que tuviera en cuenta el coste real de prestar servicios en territorios con población envejecida y dispersa.

Ese documento, respaldado por Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Cantabria y Extremadura, sigue vigente. Y hoy cobra más relevancia que nunca.

Lo que Asturias pide no es privilegio, es equilibrio

La comunidad asturiana no pide más que nadie. Lo que exige es que todos se sienten a negociar y que la reforma del sistema de financiación se haga con transparencia, con criterios objetivos y con visión de país.

Porque si el pacto con Cataluña prospera sin un acuerdo común, se rompe el modelo, se desdibuja la solidaridad y se deja a Asturias en la cuneta.

Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, Asturias habla con una sola voz.