El Gobierno paraliza los proyectos en suelo no urbanizable mientras redacta una normativa específica que priorizará el paisaje, el patrimonio natural y el modelo rural asturiano

Desde este lunes, el Principado de Asturias tiene en sus manos una nueva herramienta legal para detener el despliegue descontrolado de parques de baterías eléctricas en el medio rural. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la esperada modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), que permitirá suspender automáticamente la tramitación urbanística de estos proyectos cuando estén ubicados en suelo no urbanizable.

La medida, impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, marca un punto de inflexión en la estrategia energética asturiana, tras meses de debate social y político. Se trata de una respuesta directa al aluvión de propuestas de parques de almacenamiento de energía —conocidos como parques de baterías 'stand alone', aquellos que superan los 3 megavatios (MW) y no están destinados al autoconsumo— que amenazaban con alterar el paisaje y el equilibrio del medio rural.

Un parón legal que abre paso a una planificación con garantías

Con la modificación del artículo 51 del ROTU ya en vigor, el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas un decreto que suspenderá de forma oficial los trámites urbanísticos de estas instalaciones en terrenos que no estén catalogados como urbanos o urbanizables. La suspensión podrá extenderse hasta un máximo de dos años, tiempo que se empleará para redactar unas directrices sectoriales claras, rigurosas y acordes con el modelo territorial asturiano.

Estas directrices serán elaboradas de forma conjunta por la Consejería de Ordenación del Territorio y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, lo que asegura una visión integral que combine el desarrollo energético con la protección del entorno natural y la calidad de vida en los núcleos rurales.

Prioridad para suelos industriales y urbanos

El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha explicado que esta reforma reconoce la naturaleza industrial de los parques de baterías, y por tanto, considera que su ubicación lógica debe ser en suelos ya clasificados para usos industriales, extractivos o energéticos. En otras palabras, no tienen cabida en prados, montes ni paisajes protegidos.

Ruiz Latierro ha insistido en que no se trata de un rechazo al almacenamiento energético, sino de su ordenación racional y compatible con el modelo de territorio que defiende el Principado: “Asturias no puede permitirse perder su paisaje ni su esencia rural por decisiones sin control. Este es un paso decisivo para proteger lo que nos hace únicos.”

El efecto disuasorio ya es un éxito: más del 90 % de los promotores han desistido

La nueva normativa contempla la posibilidad de reclamaciones o indemnizaciones por parte de promotores que ya hubieran iniciado trámites, pero el Gobierno no espera una oleada de recursos. Según datos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, la mayoría de los 170 proyectos iniciales han sido ya retirados, reubicados o abandonados desde que el consejero Ovidio Zapico anunció su intención de frenar este tipo de desarrollos en suelo rural.

Esta reacción temprana de las empresas se interpreta como un éxito estratégico del Ejecutivo asturiano, que ha sabido anticiparse al posible colapso administrativo y social que podía provocar la llegada masiva de estas infraestructuras.

Protección del paisaje, del entorno y de la identidad rural

El objetivo de fondo es preservar el paisaje, el patrimonio natural y el modelo poblacional de las pequeñas localidades que conforman el tejido rural asturiano. “No queremos que los pueblos se conviertan en parques tecnológicos sin orden ni concierto. Queremos que sigan siendo lugares vivos, sostenibles y en armonía con su entorno”, ha afirmado Ruiz Latierro.

La entrada en vigor de esta reforma no solo supone un cambio legal de calado, sino también una declaración de intenciones sobre el modelo de transición energética que defiende Asturias: un modelo que respete el territorio, ordene con lógica industrial los nuevos usos del suelo y no convierta la sostenibilidad en una amenaza para los pueblos.