En la tranquila localidad de Cancienes, en el municipio de Corvera, la calma habitual se vio alterada por la presencia de un "okupa violento" que había convertido una vivienda en ruinas en su refugio. Durante meses, los residentes soportaron situaciones de tensión, incluyendo amenazas y comportamientos erráticos, que generaron un ambiente de inseguridad en la comunidad.

La gota que colmó el vaso fue la última amenaza recibida por una vecina, lo que llevó a un grupo de residentes a actuar. Aprovechando la ausencia del ocupante, tapiaron la ventana por la que accedía al inmueble, bloqueando su entrada. Sin embargo, al regresar, el "okupa" se encontró con el acceso cerrado y, según versiones, se mostró alterado.

Ante la situación, se alertó a la Guardia Civil, que, tras evaluar el caso, solicitó la intervención de los bomberos para abrir un hueco en los barrotes y permitir la salida del individuo. Finalmente, el "okupa" recogió sus pertenencias y abandonó el lugar, según testigos.

Este incidente refleja una realidad creciente en Asturias: la ocupación ilegal de viviendas. Aunque la región ha registrado un número menor de casos en comparación con otras comunidades, el aumento porcentual es significativo. En 2024, las denuncias por ocupación ilegal en Asturias aumentaron un 29,4% respecto al año anterior, alcanzando las 88 denuncias .

La ocupación ilegal de viviendas en Asturias ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. Aunque la cifra total es inferior a la de otras comunidades autónomas, el incremento porcentual es notable. Este fenómeno afecta principalmente a inmuebles deshabitados o en ruinas, que se convierten en objetivo de ocupantes que buscan refugio sin autorización.

Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para abordar este problema. En Gijón, por ejemplo, se detectaron 22 viviendas públicas ocupadas de forma irregular en 2024, lo que ha llevado a iniciar los trámites judiciales correspondientes .

Además, a nivel nacional, se ha aprobado una reforma legislativa que introduce procedimientos más ágiles para el desalojo de ocupantes ilegales. A partir de abril de 2025, los propietarios podrán presentar una denuncia ante las autoridades competentes, quienes tendrán un plazo máximo de 15 días para resolver la situación .