La fiscalización analiza las causas de la no presentación o aprobación en plazo de los presupuestos, así como los planes de medidas antifraude aprobados para la gestión de los nuevos fondos europeos
Oviedo / Uviéu, 30 de marzo de 2023
El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias aprobó el 29 de marzo el Informe sobre el sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2021. En esta ocasión, además de analizar la rendición de cuentas y la remisión de contratos, convenios y control interno, la Sindicatura de Cuentas también incluyó un objetivo específico para comprobar las causas de la no presentación o no aprobación del presupuesto local en plazo y, otro, en coordinación con el Tribunal de Cuentas y los demás órganos de control externo autonómicos, para la fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el ejercicio fiscalizado.
La Sindicatura de Cuentas emite varias conclusiones en el informe. Entre ellas: A. En materia de rendición de la cuenta general.
-De las 132 entidades locales con obligación de rendir la cuenta general de 2021, 103 la presentaron en plazo: 58 ayuntamientos, 6 mancomunidades y las 39 parroquias rurales. El porcentaje de rendición en plazo fue del 78,03%, dos puntos más que en el ejercicio anterior.
- En materia de remisión de información contractual y de convenios
-De las 174 entidades con obligación de remitir información en materia de contratación (ayuntamientos, mancomunidades, parroquias rurales y sus organismos autónomos, consorcios, entidades mercantiles y fundaciones), lo hicieron 144. Comunicaron 8.268 contratos, excluidos los menores, por un importe total de 376,55 millones de euros.
-De las 174 entidades con obligación de remitir la información en materia de convenios, lo hicieron 126.
- En materia de rendición de información de control interno
-Un total de 43 ayuntamientos y 4 mancomunidades cumplieron con la obligación de suministro de información sobre control interno. De esas entidades, 43 indican que no consideran suficientes los medios personales y materiales con los que está dotada la Intervención.
-De las 47 entidades analizadas, 24 ayuntamientos y 2 mancomunidades comunicaron acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención. Fueron un total de 389 acuerdos y resoluciones, relacionados con expedientes de contratación, personal y subvenciones. La causa
de reparo más frecuente fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (casi dos de cada tres).
- En materia de causas de no presentación o aprobación en plazo de los presupuestos
-De las 103 que rindieron sus cuentas en plazo, solo 5 ayuntamientos dispusieron de un presupuesto en vigor a 1 de enero de 2021 (Aller, Corvera, Peñamellera Baja, Siero y Teverga). Por otra parte, 7 ayuntamientos (Amieva, Gijón / Xixón, Ibias, Oviedo, Pesoz, Ponga y San Martín del Rey Aurelio) y 2 mancomunidades (Grado y Yernes y Tameza, y del Oriente de Asturias) funcionaron en prórroga presupuestaria durante todo 2021. En cambio, Villanueva de Oscos no publicó el presupuesto de 2021 en el BOPA hasta el 1 de febrero de 2022, una vez finalizado el ejercicio. El resto -46 ayuntamientos, 4 mancomunidades y 39 parroquias rurales- aprobaron su presupuesto a lo largo del ejercicio tras un periodo de prórroga.
-La Sindicatura de Cuentas remitió un cuestionario a las 98 entidades que iniciaron el ejercicio 2021 en prórroga presupuestaria para solicitar diversa información sobre la tramitación del presupuesto y las causas que justificaban los posibles retrasos e incumplimientos. Los ayuntamientos de Ponga, Ribadesella y Riosa, la Mancomunidad de Oriente de Asturias y la parroquia rural de Zarréu no contestaron.
-En 36 parroquias rurales se adopta el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto a finales del ejercicio 2020, con inserción en el BOPA, pero no se publicó la aprobación definitiva ni su resumen por capítulos, incumpliendo lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La parroquia rural de La Endriga no publicó en el BOPA ni la aprobación inicial ni la aprobación definitiva.
-Los ayuntamientos de Grandas de Salime, San Tirso de Abres y Villayón y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís aprobaron el presupuesto de 2021 en el último semestre de ese año, una práctica que dificulta que éste cumpla con su función como instrumento de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera.
-De las 93 entidades locales analizadas, 57 no acreditaron los motivos de la no aprobación en plazo del presupuesto o de la prórroga presupuestaria (15 ayuntamientos, 4 mancomunidades y 38 parroquias rurales). De los que sí respondieron (36), 17 manifestaron que se debía a la insuficiencia de medios personales y materiales y, 7, a la falta de consenso político.
-Los ayuntamientos de Oviedo y Gijón/Xixón justificaron la prórroga del presupuesto del ejercicio 2020 en 2021 por no disponer de ingresos suficientes para financiar el aumento de los gastos ocasionado con motivo de la pandemia por la COVID-19.
- En materia de planes antifraude
-El ámbito temporal de este análisis es entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. En ese momento, ocho ayuntamientos habían adquirido la condición de entidad ejecutora para la gestión del PRTR y, con ello, la obligación de disponer de un plan de medidas antifraude: Carreño, Castropol, Colunga, Gijón/Xixón, Oviedo, Salas, Santo Adriano y Tapia de Casariego.
-Todos, excepto Salas y Tapia de Casariego, llevaron a cabo el test de conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción, dentro del proceso de autoevaluación de procedimientos. También todos, excepto Tapia de Casariego, contaban con un plan de medidas antifraude aprobado en el plazo previsto en la Orden HFP/1030/2021, con un alcance integral a toda su organización y entidades dependientes, disponible en su web oficial y estructurado en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. Todos los planes de medidas antifraude analizados preveían la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude.
-En Oviedo y Gijón/Xixón se observaba un mayor nivel de implantación de los aspectos en que se concretan las medidas preventivas de sus respectivos planes de medidas antifraude, respetando la paridad de género en la composición de sus comités antifraude. En el resto de los ayuntamientos analizados, se detectó que las medidas preventivas previstas se encontraban en su fase inicial de implantación o aún no se habían iniciado.
-Los planes de medidas antifraude de los ayuntamientos de Gijón/Xixón, Oviedo y Salas son los que preveían un sistema más completo de detección del fraude, incluyendo aspectos tan esenciales como el análisis de bases de datos, la fijación de un sistema de “banderas rojas” indicativas de potenciales comportamientos fraudulentos, así como la creación de un canal de denuncias. En cualquier caso, hasta el momento ninguna de las entidades analizadas había podido completar íntegramente cada una de las medidas previstas.
-Los ayuntamientos de Carreño, Castropol y Salas aún no tenían implantados procedimientos de corrección y persecución de fraude y corrupción. Todos los planes recogían un compromiso de seguimiento de procesos.
La Sindicatura de Cuentas realiza dos recomendaciones:
Respecto al control interno, se vuelve a recomendar que cuando el órgano interventor considere que no dispone de un modelo de control interno eficaz, debido a que no tiene los medios adecuados y suficientes para ello, dé cuenta de esa situación a los órganos de gestión para que solventen esta debilidad, con las medidas correctivas que consideren necesarias.
Sobre los planes antifraude, para minimizar el riesgo inherente a la gestión de los fondos del PRTR, sería recomendable que, por una parte, impulsen y den prioridad a la implantación de las medidas preventivas, de detección, correctivas y de persecución contenidas en los respectivos planes de medidas antifraude, con independencia de que la Orden HFP / 1030/2021 no establezca un plazo para ello. Y por otra, cumplan la recomendación de la Intervención General de la Administración del Estado de que remitan su plan de medidas antifraude al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
