El Gobierno asturiano activa el primer paso legal contra el Ministerio de Transportes y la concesionaria Aucalsa por el colapso continuo de la AP-66. Denuncia un servicio incompatible con lo que se paga y abre la puerta a los tribunales si no hay soluciones inmediatas.

La paciencia se ha agotado. El Gobierno del Principado ha decidido dar un paso firme —y con consecuencias— en uno de los conflictos que más irritación está generando en Asturias: el estado actual de la autopista del Huerna (AP-66).

El Consejo de Gobierno ha aprobado el envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y a la concesionaria Aucalsa, una maniobra que no es un simple trámite administrativo: es la antesala directa de un recurso contencioso-administrativo.

En otras palabras, si no hay reacción, el asunto acabará en los tribunales.

Un diagnóstico contundente: “degradación generalizada, estructural y sostenida”

La decisión del Ejecutivo autonómico no nace de una queja política puntual, sino de un análisis técnico detallado.

Los informes elaborados por la Dirección General de Consumo y reforzados por la Consejería de Movilidad dibujan un escenario preocupante:

• Reducciones constantes de carril
• Desvíos provisionales prolongados
• Limitaciones de velocidad en numerosos tramos
• Especial incidencia en túneles y zonas de montaña

El resultado es claro:
una pérdida severa de capacidad, retrasos continuos y un deterioro evidente de las condiciones de seguridad.

Pero lo más relevante es cómo lo define el propio Principado: no se trata de problemas puntuales ni coyunturales, sino de una degradación estructural del servicio. Es decir, el funcionamiento de la autopista, tal y como está hoy, no cumple con los estándares mínimos exigibles a una vía de peaje.

Pagar como autopista… circular como carretera colapsada

Aquí está uno de los puntos más delicados del conflicto.

El Gobierno asturiano pone el foco en una cuestión clave:
la relación entre lo que se paga y el servicio que se recibe.

La AP-66 es una autopista de peaje. Y eso implica una obligación:
garantizar unas condiciones de circulación fluidas, seguras y previsibles.

Sin embargo, la acumulación de obras simultáneas y restricciones está generando un escenario muy distinto:

• Tiempos de viaje imprevisibles
• Tramos saturados durante largos periodos
• Sensación de colapso permanente en determinados puntos

Por eso, el Principado plantea una duda de fondo que puede tener recorrido jurídico:
¿es proporcional el peaje actual al servicio real que se está prestando?

El requerimiento al Ministerio: control, soluciones y calendario

El escrito dirigido al Ministerio de Transportes eleva el tono y exige actuaciones concretas.

Entre las principales reclamaciones:

• Medidas inmediatas para restablecer condiciones adecuadas de circulación
• Revisión del régimen tarifario en función del servicio real
• Un calendario claro, detallado y verificable de finalización de las obras
• Ejercicio efectivo de las funciones de supervisión y control sobre la concesión

El mensaje es claro: el Estado, como titular de la infraestructura, no puede limitarse a observar.

El aviso a Aucalsa: reorganizar las obras o asumir consecuencias

La concesionaria tampoco queda al margen.

El Principado le exige:

• Revisar de inmediato la planificación de las obras para evitar la acumulación actual de incidencias
• Adoptar medidas que permitan recuperar niveles de servicio aceptables
• Entregar información técnica detallada sobre
  • calendario de trabajos
  • ejecución
  • plazos
  • impacto real en la capacidad de la autopista y los tiempos de recorrido

En el fondo, lo que se le pide es algo básico pero que ahora mismo no está ocurriendo:
ordenar las actuaciones para que la autopista no funcione como un cuello de botella permanente.

Un eje estratégico en riesgo: economía, logística y cohesión territorial

El conflicto no es menor.

La AP-66 no es solo una autopista. Es la principal conexión de Asturias con la Meseta. Un corredor clave para:

• Transporte de mercancías
• Movilidad laboral
• Turismo
• Abastecimiento

El deterioro del servicio tiene, por tanto, un impacto que va mucho más allá del conductor particular:
afecta directamente a la competitividad económica de la región y a su conexión con el resto del país.

Y aquí el Principado lanza otra crítica relevante:
no consta una evaluación seria del impacto acumulado de estas obras, ni para los usuarios ni para el tejido productivo.

Dos frentes abiertos: servicio actual y guerra por el peaje

Este movimiento judicial no llega solo.

El Gobierno asturiano mantiene abierta otra batalla paralela:
la impugnación de la prórroga de la concesión del peaje del Huerna.

Ambas vías son independientes, pero complementarias:

• Una cuestiona cómo se está prestando el servicio hoy
• La otra cuestiona la legalidad y conveniencia de prolongar el modelo de peaje

El objetivo final es el mismo:
defender el interés general y los derechos de los usuarios asturianos.

Cuenta atrás hacia los tribunales

El envío de requerimientos no es el final del proceso. Es el principio.

Si el Ministerio y Aucalsa no responden con medidas claras, el siguiente paso está ya definido:
el recurso contencioso-administrativo.

Asturias, en ese caso, llevará el conflicto a los tribunales con un argumento sólido:
que el servicio actual del Huerna no se corresponde ni con lo que se paga ni con lo que se debe exigir a una infraestructura estratégica.

Y ahí se abrirá un escenario completamente nuevo, en el que ya no bastarán las explicaciones.
Harán falta responsabilidades.