Cuarenta y cinco años después, la desclasificación de documentos oficiales sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 permite mirar el 23F sin el filtro del mito. Lo que aparece en los papeles no es una épica improvisada, sino una operación sostenida por llamadas, órdenes, vetos y decisiones milimétricas. Y en esa sala de máquinas del Estado, Asturias tuvo un papel protagonista.

Menos leyenda, más centralita

Los documentos reconstruyen con precisión casi quirúrgica lo que ocurrió mientras los diputados permanecían secuestrados en el Congreso: quién llamó a quién, a qué hora, qué se autorizó y qué se prohibió. El golpe no se decide solo en el hemiciclo, sino en despachos y teléfonos. La clave no fue únicamente desactivar a los golpistas, sino evitar que la cadena de mandos se fracturara.

El ovetense que desactivó una coartada

Entre los nombres que emergen con fuerza está el de Sabino Fernández Campo, nacido en Oviedo y entonces secretario general de la Casa del Rey. Los papeles confirman que habló directamente con Tejero cuando este invocó el nombre del monarca para justificar la asonada. No fue una conversación menor: fue un cortafuegos institucional. Al negar cualquier respaldo y exigir claridad, Sabino cerró una vía que podía haber dado oxígeno al golpe. Para Asturias, el dato es rotundo: una de las conversaciones decisivas del 23F salió de un despacho ocupado por un ovetense.

El general de Gijón y el control del perímetro

El otro gran nombre asturiano es el de José Antonio Sáenz de Santa María, natural de Gijón. La documentación y las reconstrucciones posteriores lo sitúan como pieza clave en el dispositivo policial que rodeó el Congreso. En una noche en la que cualquier error podía haber desencadenado violencia abierta, el control del perímetro fue esencial. No fue un gesto simbólico: fue arquitectura de seguridad.

Un golpe que no nació ese día

Quizá lo más inquietante de la desclasificación es que el 23F no aparece como un arrebato aislado, sino como el resultado de un clima previo, con borradores, análisis y escenarios en circulación meses antes. Los papeles hablan de “operaciones en marcha”, de cálculos sobre viabilidad y de la posibilidad de que una acción concreta provocara adhesiones en cascada. En ese contexto, el asalto de Antonio Tejero aparece descrito como menos sofisticado, pero potencialmente eficaz si lograba arrastrar indecisos.

La batalla del día después

La documentación también ilumina el posgolpe. Hubo una preocupación explícita por la credibilidad del juicio y por la imagen de España en el exterior. No bastaba con derrotar la intentona: había que demostrar que el Estado de derecho funcionaba sin atajos. El proceso judicial, según reflejan los papeles, fue también una operación política en el sentido más institucional del término.

Asturias no fue espectadora

La conclusión es clara y contundente para el lector asturiano: Asturias no miró desde la barrera. Un ovetense frenó una coartada clave del golpe desde Zarzuela y un general gijonés aseguró el control policial del Congreso. Cuando la democracia española pendía de un hilo, dos decisiones con acento asturiano ayudaron a que ese hilo no se rompiera.

No cambia el final de la historia, pero sí el foco: el 23F fue una noche de miedo, sí, pero también una prueba de oficio, sangre fría y responsabilidad institucional. Y en esa prueba, Asturias estuvo en primera línea.