No existe país del mundo, salvo España, que niegue a los padres el derecho a que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial común. En este tema, a pesar de lo señalado en el artículo 3 de la Constitución, el Estado ha sido tan incauto que lo ha dejado todo en manos de los gobiernos autónomos, algunos de los cuales, con deslealtad manifiesta, están utilizando la lengua como instrumento disociador.
La ruptura comenzó a plasmarse en el Estatuto catalán de 1979, que señalaba al catalán como lengua propia de Cataluña, pasando por encima de que el 53% de catalanes consideraban el castellano como lengua materna y que la sociedad catalana es bilingüe, al menos desde hace quinientos años, y se mantiene a pesar de inmersiones y coacciones. Como recordaba Oneto, el problema de la lengua en Cataluña no es un problema social, sino una cuestión que está siendo fomentada por un sector determinado de la clase política y administrativa para marginar el castellano. Son los promotores de un proceso que se llama “ linguocracia”, la utilización política de lengua, en una maniobra torticera de aprovechamiento, interesado y excluyente, en todas las áreas de actividad social, administración pública, cultura, sanidad, educación, etcétera.
Ahora mismo los nacionalistas ,con la incomprensible complicidad de los socialistas, violentando principios básicos sancionados por las Declaraciones de Derechos Humanos, de la ONU, UNESCO , CONSEJO de EUROPA y la UE tratan de dar una vuelta más al reduccionismo lingüístico que han impuesto, levantando voces airadas y desplantes estúpidos contra el proyecto legislativo, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que simplemente trata de regular fórmulas para que los españoles que vivan en Cataluña, o en otros territorios con lenguas cooficiales, puedan estudiar y utilizar el castellano, la lengua del Estado, en la actividad normal, laboral, institucional, sin sufrir discriminación ni sanción.
Es inconcebible el griterío hipócrita que se ha alzado contra el ministro Wert, cuando en definitiva se pretende el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que con ocasión del recurso del PP a determinados artículos del Estatuto, impuso a la Generalitat la obligación de garantizar el uso del español como lengua vehicular a instancias de los padres.
No parece que hayan surtido mucho efecto las palabras de Felipe González,animando al PSOE a no perder la brújula. Las críticas de Rubalcaba y Chacón al proyecto de ley son reveladoras de lo que se puede esperar de ellos, y muy especialmente de Rubalcaba que fue ministro de Educación. Total para arañar algún compromisario en Cataluña.
Y esto sucede cuando la desprestigiada casta política se junta en el Senado para conmemorar el 34 aniversario de la Constitución,mirando para otro lado mientras la dignidad del Estado, de su Gobierno y de la propia Carta Magna es impunemente pisoteada.
