- Cristina Coto: “Es necesario modificar el baremo para la evaluación del grado de discapacidad para que tras el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa se reconozca un porcentaje de discapacidad del 33%”
- “Estas enfermedades comportan deterioro físico y cognitivo que genera incertidumbre y desprotección para las personas que las padecen”
- “El reconocimiento del 33% en la discapacidad de estos pacientes contribuiría a mejorar su acceso a recursos, servicios o prestaciones, y evitaría situaciones de desprotección como las que se están generando en la actualidad”
La presidenta de FORO y portavoz en la Junta en materia de Sanidad, Cristina Coto, ha hecho público hoy la presentación en la Cámara de una Proposición No de Ley en la que “solicitamos la modificación del baremo para la evaluación del grado de discapacidad, es necesario modificarlo para que tras el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa se reconozca un porcentaje de discapacidad del 33%, independiente de la propia valoración”.
Coto explica que “estas enfermedades comportan deterioro físico y cognitivo que genera incertidumbre y desprotección para las personas que las padecen ya que son un tipo de enfermedades que agrupan a un género de desórdenes cognitivos caracterizados por la muerte de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso y el consiguiente deterioro funcional de las partes afectadas que origina los signos y síntomas neurológicos y neuropsicológicos característicos de cada una de ellas. Todas las enfermedades neurodegenerativas presentan como característica su cronicidad y su evolución progresiva. Provocan gravísimas alteraciones, llegando a afectar el equilibrio, la movilidad, el habla, la respiración y la función cardiaca, entre otras, así como la memoria, percepción, sentimientos y otras habilidades cognitivas. Son aspectos vitales que generan efectos devastadores y un especial sufrimiento tanto para el paciente como para su entorno”.
Por ello, “las graves consecuencias de deterioro físico y cognitivo afectan no sólo a los enfermos sino a la esfera laboral del paciente, como a familiares o personas cuidadoras y derivan, tarde o temprano, en una situación de discapacidad y, en muchas ocasiones, en una situación de dependencia”.
“Actualmente –prosigue Cristina Coto-, la normativa estatal protege a las personas con discapacidad valorada en un 33% o más, no contemplándose de forma específica las enfermedades neurodegenerativas como motivo para obtener el grado de discapacidad que debería corresponder ante las situaciones discapacitantes que sufren las personas que las padecen. Es decir, la valoración de estas enfermedades a efectos de discapacidad no reconoce un cierto nivel de protección por el hecho del diagnóstico, por lo que dicho reconocimiento suele producirse demasiado tarde, cuando la persona ha alcanzado un gran nivel de deterioro, ya que los procedimientos son largos y la evolución de la patología no es uniforme. Por tanto, el acceso a servicios y recursos especializados que son básicos para prevenir o paliar los efectos de la enfermedad y para atender a las personas y sus familias, se producen de forma tardía”.
“El reconocimiento del 33% en la discapacidad de las personas diagnosticadas con enfermedades neurodegenerativas contribuiría a mejorar su acceso a recursos, servicios o prestaciones, y evitaría que se generen posibles situaciones de desprotección como las que se están generando en la actualidad. Por ello, a propuesta de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principiado de Asturias (ASEMPA) nos sumamos a esta iniciativa liderada a nivel nacional por Neuroalianza”, concluye Cristina Coto.
