La propuesta hacía compatible el derecho de los profesionales a elegir libremente su modo de vinculación a la sanidad pública y el de los ciudadanos a disponer de una atención sanitaria de calidad

La Consejería de Sanidad ha decidido retirar la tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias de la ley destinada a ordenar la renuncia a la dedicación exclusiva y regular la dedicación de los mandos intermedios en el Servicio de Salud porque carece del suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.

Sanidad ha tomado esta determinación después de constatar que UPyD, formación política que se había comprometido a respaldar esta legislación, haya decidido presentar una enmienda de totalidad a la ley. La consejería presentó una propuesta que se ajusta en todos sus términos a lo acordado con IU y UPyD, por lo tanto la decisión de este último grupo político parece responder a intereses no explícitos, al no poderse justificar en el contenido de este proyecto de ley.

Sanidad insiste en la necesidad de regular la renuncia al complemento específico de dedicación exclusiva por parte del personal del Sespa como forma de solventar las disfuncionalidades que acarrea la ocupación de un puesto de trabajo en el sector público con el ejercicio de otra actividad, en determinados cargos.

El proyecto de ley que se presentó en la Cámara el pasado verano pretendía convertirse en una buena ley que hiciera compatible el derecho de los profesionales a elegir libremente su modo de vinculación a la sanidad pública y el de los ciudadanos a disponer de una atención sanitaria de calidad. Afecta solo a los responsables que voluntariamente quieran acceder a cargos en los que han de tener una dedicación más completa, ajena a posibles conflictos de intereses, tal como ocurre en todas las empresas cuyo principal activo es el conocimiento.

Una de las principales fortalezas de la ley es precisamente la exclusividad que facilita la protección de los intereses de la ciudadanía en los servicios públicos que financia, al tiempo que se preserva mejor la propiedad intelectual desarrollada por la formación, la promoción del conocimiento clínico dentro de la organización, el fomento de la investigación aplicada y el despliegue tecnológico.

Sanidad considera que la regulación es especialmente necesaria tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012 que declaró inconstitucional que todo el conjunto del personal facultativo de las instituciones sanitarias del Sespa percibiera de forma obligatoria un complemento por prestar una dedicación profesional en exclusiva.