Izquierda Unida, junto a diversas organizaciones, asociaciones y sindicatos, presentó hoy el ‘Manifiesto por una Comisión de Investigación sobre la crisis de las instituciones financieras españolas’, a partir del cual buscará en los próximos meses el apoyo ciudadano y de las asociaciones civiles para volver a llevar al Congreso de los Diputados la necesidad de que desde él se investiguen políticamente los motivos de la crisis financiera y sus responsables. IU, que fue pionera al registrar una iniciativa en este sentido el pasado febrero, vuelve así a la carga con un amplio apoyo social para romper el bloqueo del PP que, gracias a su mayoría absoluta, ha impedido hasta ahora que se cree esta comisión de investigación sobre la gestión de todas las entidades con problemas.
Durante la presentación del manifiesto hoy en el Congreso, José Luis Centella, portavoz parlamentario de IU, destacó que toda la sociedad “tiene derecho a conocer las causas de la desesperada situación financiera” de buena parte de las entidades bancarias. Indicó que ésta es “fruto de una gestión deplorable y de una complicidad política” y recordó que el Congreso, como sede de la soberanía popular, “no puede ser ajeno a la preocupación de millones de ciudadanos”.
Hasta el momento el manifiesto cuenta con el apoyo, además de IU, de la UGT, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac), la Plataforma por la Nacionalización de la Banca y la Federación de Artistas del Estado, junto a sus 10 sindicatos.
Centella estuvo acompañado en el acto de presentación por Manuel Ridal, miembro del Consejo general de Gestha, y por Ricardo García Zaldívar, presidente de Attac España. Recordó que “el PP ha bloqueado varias veces la creación de estas comisión de investigación”, pese a lo cual IU seguirá insistiendo en ella ya que “alguna vez tendrá que ceder o si no se convertirá en cómplice de la ocultación de los responsables políticos. Quien nada teme nada debe bloquear”.
En concreto, en el manifiesto se explica que su pretensión es “contribuir, junto a los restantes esfuerzos que se realizan con la misma intención, a que una imparable movilización ciudadana obligue a los representantes políticos a cumplir sin más dilaciones con sus obligaciones”, dado que los ciudadanos tienen “derecho a conocer la verdad”.
“Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad”, se añade dado que “la credibilidad interna y externa sólo pueda darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades”.
El texto señala y así lo aseguró también el diputado de IU en su intervención que “hay que investigar, porque esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas, y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este inmenso fraude de unos pocos”.
Para José Luis Centella, una comisión de investigación es “la mejor forma de que no haya suspicacias y dudas. Queremos generar confianza, y quien no lo hace es quien impide determinar qué ha ocurrido y pone velos para camuflar las responsabilidades”.
El manifiesto añade que la grave situación actual está originada por la combinación de un “modelo de sobreendeudamiento” y una “deplorable y pésima” gestión pública y privada, así como por una “escasa diligencia” en la supervisión por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“Los responsables deben ser investigados para exigir todas las responsabilidades, tanto si ha habido actuaciones ilícitas como mala gestión política o administrativa”, señalan los promotores de la iniciativa. Precisan que su intención es que sea el Congreso donde, en paralelo a cualquier actuación judicial, se investigue de forma pública lo ocurrido en el sistema financiero, y en particular en las entidades intervenidas o rescatadas.
Los ciudadanos “no pueden permanecer impasibles ante el brutal contraste” que supone inyectar miles de millones de euros en las entidades financieras, con consecuencias para la deuda pública, mientras se efectúan recortes en los servicios públicos y los derechos. “Y tampoco ante la ocultación sobre las responsabilidades de todo tipo que nos han llevado a esta crisis, caiga quien caiga”, se destaca.
En el manifiesto se expone que existen “otras soluciones para los problemas que están en la raíz de la crisis” y proponen medidas “imprescindibles” como la creación de una Banca Pública no especulativa y con control social, así como medidas para lograr nuevos recursos que permitan impulsar la economía real.
En concreto, reclaman reducir la economía sumergida en al menos 10 puntos del PIB para que España se sitúe en niveles de economías similares, luchar contra el fraude fiscal reformando la Agencia Tributaria y los servicios de Hacienda, acometer reformas fiscales para crear un impuesto sobre la riqueza y un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, restringir el sistema de módulos, eliminar el “trato preferente” del que gozan las SICAV o elevar los tipos para las rentas del ahorro y las ganancias patrimoniales especulativas.
Se estima imprescindible implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras a nivel europeo, democratizar las instituciones comunitarias y ampliar el papel del Banco Central Europeo (BCE) para que pueda respaldar convenientemente las deudas soberanas. También exigen la prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública y aclara las condiciones del rescate a la Banca española.
Manuel Ridal explicó que esta crisis “ponen de manifiesto que el modelo de las instituciones de control está en verdadera crisis” porque “no está funcionando con suficiente eficacia” y se ha generado una “situación indeseable” frente a la que hay alternativas.
Ricardo García Zaldívar expuso que los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de “exigir transparencia” frente a “unos intereses financieros que piden la ocultación de la realidad” y deben “rebelarse frente a un proceso de transformación de la deuda privada en pública”.
El presidente de Attac opinó que salir del euro o dejar caer a la Banca no son soluciones viables por las “muy graves repercusiones” que tendría para toda la sociedad y añadió que en la actual situación se deben “aprovechar las circunstancias para que la estatalización de las entidades en apuros sea permanente y dé pie a una Banca Pública potente y poderosa”.
