Que Europa nos maltrata y nos humilla cada vez que puede es un hecho tan patente que no requiere demasiada explicación.

Y lo hacen tanto los gobiernos como los tribunales. Los primeros, entre otras cosas, haciendo caso omiso de las euroórdenes y entorpeciendo la labor de los jueces españoles y, los segundos, cada vez que tienen ocasión.

La última prueba la hemos tenido con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en relación al caso de Junqueras.

La sentencia en cuestión es impresentable, tanto por la forma como por el fondo.

Por la forma porque para resolver un asunto de tanta transcendencia es de una simpleza casi ofensiva. Se limita a transcribir la legislación española y la europea y sin ajustarse a los moldes clásicos, prescribe que el Parlamento Europeo, al tomar nota de los resultados electorales proclamados por los Estados miembros «da por hecho que las personas que han sido oficialmente proclamadas electas han pasado a ser miembros del Parlamento Europeo». «Da por hecho», menudo razonamiento jurídico.

Por el fondo porque supone una intromisión en la legislación nacional española en cuanto que la Ley de Régimen Electoral exige acatar la Constitución y retirar la credencial expedida por la Junta Electoral Central para que los Diputados del Parlamento Europeo gocen de sus prerrogativas como tales.

Pero, no lo olvidemos, esta sentencia se dicta a partir de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, es decir, por Marchena.

¿Por qué Marchena eleva esta decisión al Tribunal sabiendo que al frente del mismo se encuentra un juez de Flandes, región de Bélgica con una fuerte tendencia independentista alimentada por un partido secesionista que apoya a Puigdemont desde su huida de España y sobre una cuestión pacífica e históricamente clara?

Marchena ha pasado de héroe a villano. Ha sufrido una hemorragia en su credibilidad. Su gran preocupación por los tribunales europeos durante el juicio del procés ha acabado por cavar su tumba profesional. La Sentencia que innecesariamente provocó proporciona un arma letal a los secesionistas cuyos abogados pedirán, sin duda, la nulidad del juicio que tan celosamente tuteló.

Lo que tampoco podemos olvidar es que el gran mullidor de toda esta historia ha sido Sánchez, el candidato a Presidente del Gobierno con menos ética, con menos moral y con menos sentido de la responsabilidad de la historia de España.

Instalado en la mentira permanente, es capaz de transitar por la falsedad compulsiva sin pestañear. Pasa de prometer que incorporará como delito el referéndum ilegal a pactar con quienes lo convocaron; pasa de afirmar con total rotundidad que pactar con Iglesias nos quitaría el sueño al noventa y cinco por ciento de los españoles, incluido a él mismo, a pactar con el rey del fariseísmo.

En fin, difícil de creer si no lo estuviéramos padeciendo en nuestras propias carnes.

Que nos respeten en Europa es misión imposible con este sujeto. Los propios servicios jurídicos del Parlamento Europeo, dirigiéndose a Sánchez, llegaron a decir: «No podemos tratar ya como si fueran delincuentes a quienes están negociando su Gobierno e incluso podrían llegar a ser Ministros». Frase lapidaria que recoge la tristísima realidad.

¡Qué decir de la Abogacía del Estado! Cierto que existe relación jerárquica con el Gobierno, pero cierto también que deben actuar con independencia de criterio. Yo nunca me plegaria. Honor, prestigio y credibilidad, ante todo.

Lamentablemente van camino de ser monigotes sin personalidad en manos de un partido.

Sánchez con estas maniobras está en la frontera del Código Penal. Se carga el país, el partido y la Abogacía del Estado.

Se avecinan malos tiempos porque la solución está en manos del problema.