COMUNICADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA SOBRE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO LÓPEZ LONE Y OTROS CONTRA HONDURAS
Tras el golpe de estado que tuvo lugar en Honduras en 2009, fueron expulsados de la judicatura por defender la democracia y el orden constitucional la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Luis Alonso Chévez de la Rocha, todos ellos integrantes de nuestra organización hermana hondureña Jueces por la Democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer pública la sentencia sobre este caso y condena al Estado de Honduras a reincorporar a quienes fueron apartados de la judicatura a cargos similares a los que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rangos equiparables, así como al pago de una indemnización por los daños sufridos y al reintegro de las costas y los gastos generados. Asimismo la sentencia indica que, en el caso de que no fuera posible la reincorporación, se les deberá abonar la cantidad establecida en la resolución.
Desde Jueces para la Democracia consideramos muy positiva esta sentencia, la cual califica como ilícito internacional el golpe de estado que se perpetró en Honduras en 2009 y expresa que los jueces sancionados actuaron a favor del Estado de Derecho y del sistema democrático. Y también indica que sus actuaciones no se correspondían únicamente con el ejercicio de un derecho sino con el cumplimiento del deber de defender la democracia. La Corte Interamericana valora que la destitución arbitraria de jueces constituye un atentado contra la independencia judicial. Del mismo modo, argumenta que en momentos de graves crisis democráticas no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho de juezas y jueces a la participación en actividades políticas, cuando se trata de actuaciones en defensa del orden democrático. Además, la resolución señala que el procedimiento de destitución se llevó adelante sin garantías adecuadas de competencia, independencia e imparcialidad.
Confiamos en que las autoridades hondureñas cumplirán y ejecutarán esta sentencia en sus propios términos, de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Sería una muestra de que el país se dirige a un proceso de normalización institucional de su democracia y de su Estado de Derecho.
Queremos reiterar una vez más nuestro afecto y nuestro más firme apoyo a nuestra compañera y nuestros compañeros injustamente represaliados, así como a la asociación Jueces para la Democracia de Honduras, la cual se opuso abiertamente al golpe de 2009 y sigue defendiendo el Estado de Derecho, la independencia judicial y la separación de poderes en circunstancias muy difíciles. Valoramos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un respaldo especialmente importante para las juezas y jueces que siguen apostando por vertebrar en Honduras un sistema de derechos y libertades en una verdadera democracia constitucional.
