El Ministerio del Interior a través del Subsecretario de Estado de Seguridad ha comunicado que no autoriza al Foro de Inmigración  la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco (Las Palmas).

Este Foro es una actividad organizada conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias en el marco del convenio de formación continua descentralizada, en materia de extranjería, a la que acuden anualmente 30 miembros de las carreras judicial y fiscal, estando prevista la visita al CIE el próximo jueves 8 de mayo a las 16 horas.

La injustificada denegación de la visita ya ha obtenido respuesta por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que la ha calificado de incomprensible y desacertada, por denegar a juristas expertos el acceso de primera mano a la realidad de la inmigración y ampliar la formación al respecto, y constituir una falta de respeto al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Canarias.

Desde Jueces para la Democracia demandamos una rápida reacción del Consejo General del Poder Judicial frente a esta decisión arbitraria y falta de transparencia de la Administración, y apelamos a la responsabilidad del máximo órgano de gobierno de la judicatura a fin de que, en el ejercicio propio de sus funciones, inste al Ministerio del Interior a reconsiderar tal decisión, y defienda el interés legítimo de jueces, magistrados y magistradas de todo el territorio nacional a comprobar personalmente las condiciones de privación de libertad  de las  personas inmigrantes en dicho Centro, algunas en situación de extrema vulnerabilidad.

El Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en su informe publicado en 2013 realizó a España una recomendación general de promover las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención. Actualmente solo hay siete C.I.E. en funcionamiento, tras el cierre de los de Algeciras y Fuerteventura, por lo que muchas de las autoridades judiciales afectadas no tendrán otra ocasión de conocer estos lugares de detención, situados en algunos casos a cientos e incluso miles de kilómetros de los juzgados que autorizan el internamiento.

Decisiones gubernativas como ésta solo conducen a quebrar la confianza en las instituciones y a dudar legítimamente acerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros, de un modo inadmisible en un estado de derecho.