Asturias (E.P.) .- El consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de este miércoles la sentencia del Juzgado Central número 4 de lo Contencioso-Administrativo sobre los Fondos Mineros y, según ha destacado su portavoz, Guillermo Martínez, los servicios jurídicos del Principado trabajan ya "en todas las posibilidades" para lograr la ejecución más rápida posible y que más recursos aporte a la comunidad.
La sentencia, contra la que puede recurrir el Ministerio de Industria ante la Audiencia Nacional, no obliga al Gobierno central a abonar al completo los 213 millones de euros, sino a estudiar convenio por convenio, y determinar la cantidad correspondiente.
Martínez ha indicado que en la jornada de hoy se ha llevado a cabo "un primer análisis" de la sentencia y en próximos días se hará más en profundidad porque desde el Gobierno "no se rechaza ninguna medida que permita una pronta ejecución de la sentencia y recuperar lo máximo posible de esos 213 millones de euros que el Gobierno central negó al asturiano".
Ha recordado además que esta sentencia "tiene una historia que conviene repasar" porque es también "una muestra de la ineficacia del año de Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos", ya que ha indicado que este fallo favorable a Asturias se produce a pesar del error inicial cometido por el gobierno de Foro Asturias que presentó un recurso ante la Audiencia nacional, donde no correspondía".
"La sentencia es fruto de la decisión del Gobierno de Javier Fernández de corregir el error de tramitación del Gobierno de Cascos que además desconfió de los propios servicios jurídicos del Principado y encargó la presentación del recurso a un despacho jurídico privado generando más gastos a los asturianos", ha dicho Guillermo Martínez.
El portavoz del Gobierno asturiano ha recordado que la cantidad reclamada por el Principado supera los 213 millones y ahora "toca ser cautos porque este es un paso importante pero sólo un primer paso". Así mismo ha indicado que el Gobierno del Principado ha presentado ya este año un segundo recurso judicial para reclamar las cantidades de los convenios de 2012 que ascienden a 56,6 millones de euros.
