González Orviz y los máximos responsables de las tres centrales sindicales se reunieron esta mañana para plantear un frente común que permita poner freno a las políticas emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy y que no están resolviendo la crisis, sino que, en opinión de todos ellos, están agravando los problemas del país y dejando "en la calle" a millones de personas.

El coordinador de IU explicó que la convocatoria sindical de huelga es la única posible. "Entendemos que, en en la actual situación, cuando se está desmontando el estado social, cuando se está atacando a la ciudadanía y a la democracia, no cabe la indiferencia. Simplemente un dato, con los 103.000 parados que se dieron a conocer ayer, de los que más de 46.000 no tienen ningún tipo de cobertura, no cabe mirar para otro lado y más aún cuando se está tocando a todos los sectores y segmentos de la sociedad".

Es una huegla que no debe ser solamente de trabajadores o empleados públicos, sino que debe ser una huelga ciudadana porque están atacando nuestro modelo social.

La huelga de la convergencia social y política de forma que la izquierda política y social, la clásica y la alternativa, tiene que buscar los nexos de unión para dar respuesta al ataque que recibe el conjunto de la sociedad, porque es un ataque sistémico y esa es la única forma de detener estas agresiones. La situamos como un primer hito para tratar de reconquistar todas y cada una de las agresiones que se nos hicieron desde aquella fatídica fecha en la que se acordó la la limitación de techo gasto en la constitución y todos los que yo llamo viernes negros del Partido Popular, donde va tomando en cada consejo de ministros, va tomando una medida, y otra medida y otra medida que suponen un golpe de estado silencioso, frente al que solo cabe la respuesta de la sociedad. Y si no nos creemos esto nos van a seguir machacando hasta que nos conduzcan al abismo y nos tiren por él".

Para el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, "sobran motivos para paralizar la región y el país. Esta es una huelga de todos, no solo de trabajadores y que tiene el apoyo de la red europea de sindicatos por primera vez. Pretendemos combatir la impotencia ciudadana para luchar contra las medidas que lejos de sacarnos de la crisis nos hunden más."

En idénticos términos se manifestó el máximo responsable de Comisiones Obreras (CC OO), Antonio Pino: "La huelga general cada día tiene más sentido. Estamos ante una huelga con un elemento central, pero no exclusivo, que es pedir que se revierta la reforma laboral, que solo está siendo útil para generar más desempleo, es antisocial y que incide en la exclusión y en la pobreza". Pero además,resaltó Pino, el PP, en su gestión al frente del Gobierno de España, "introduce elementos de involución en el derecho de libertad sindical y política, con la reforma del código penal que impulsa el ministerio de justicia. Son perfiles claramente antidemocráticos. Por esto es fundamental una respuesta masiva como una forma de que los ciudadanos expresemos nuestro rechazo a estas políticas".

Por su parte, el líder de Unión Sindical Obrera, Francisco Baragaño, añadió a la panoplia de agravios la intención del gobierno de acabar con la "caja de reserva" de la Seguridad Social. "Es un ataque a todo lo que significan nuestros derechos sociales y hay un dato, el ataque que se hizo a la hucha de las pensiones, sacando más de 3.000 millones de euros, y que son una garantía para las pensiones. Pero no se conforman con sacar la parte que la legalmente está permitido, sino que quieren cambiar la ley para sacarlo todo". Para Baragaño, ".Sobran los motivos para secundar esta huelga".

Por otro lado, los líderes de IU; CC OO, UGT y USO se refirieron a la "nueva vuelta de tuerca" que trata de imoner Arcelor Mittal en la negociación que mantiene empresa y sindicatos y que supondría rebajar hasta un 25% los salarios de sus trabajadores, una medida en la que coincidieron todos, tendría repercusiones para toda la sociedad asturiana. Esta implicación general a toda la sociedad hace necesario, según González Orviz, Pino, Rodríguez Braga y Baragaño que el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Industria presionen a la empresa para que se alcance un acuerdo.