México D.F., .- El Presidente Calderón promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley contra el lavado de dinero.
Desde el inicio de esta administración se tomó la decisión de enfrentar, con todos los recursos del estado, a la criminalidad que se había convertido en la mayor amenaza contra la tranquilidad e integridad de las familias. Se han combatido sus estructuras logísticas y operativas, sin embargo, la lucha por un México seguro requería de dotar de nuevas herramientas al estado mexicano para golpear la capacidad financiera de las organizaciones criminales.
En agosto del 2010, y en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Presidente entregó una iniciativa al Congreso de la Unión que contenía los criterios adoptados por la comunidad internacional para el combate eficaz contra el lavado de dinero, misma que dio lugar a la ley que hoy se promulgó.
La ley está diseñada para detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. El Presidente destacó algunos aspectos de la ley como que prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero. Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley. Dentro de estas actividades, se encuentran las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de tarjetas de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la construcción, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
La ley obliga a los intermediarios no financieros, es decir, a quienes participan en determinadas transacciones económicas, a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y usuarios, solicitar información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la documentación. Los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compra-venta de inmuebles.
La ley también establece nuevas obligaciones a las entidades financieras. Los bancos y las casas de cambio deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de lavado de dinero. Entre otras medidas, deberán presentar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones consideradas como vulnerables por la propia ley.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos. Se otorga a la SHCP la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley. Esta dependencia podrá imponer sanciones de hasta el 100% del valor de las operaciones.
El Jefe del Ejecutivo celebró que, dentro de los aspectos que contiene la ley, se haya establecido la creación de una unidad especializada en análisis financiero, enfocada en la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esta unidad dependerá de la PGR y los servidores que la integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo. Con esta ley, nuevas instituciones y facultades, el Estado podrá generar más y mejor inteligencia para combatir exitosamente a la criminalidad, detectar recursos ilícitos e investigar y detener con más eficacia a los delincuentes.
