España ha participado activamente en la 21ª Sesión del Consejo de los Derechos Humanos, que concluyó el pasado viernes 28 de septiembre.  En el marco de esta sesión, el papel de España ha destacado especialmente por su labor en la lucha contra el feminicidio y por el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

En este sentido, se ha promovido una declaración transregional conjunta dirigida a impulsar la lucha contra los asesinatos por motivos de género, o feminicidio. A esta declaración se han unido 59 países de todo el espectro geográfico, reflejando el compromiso de los Estados firmantes en avanzar iniciativas que pongan fin a la manifestación más grave de discriminación y violencia contra la mujer.

Con esta declaración se quiere apoyar el desarrollo de  instrumentos internacionales para la documentación e investigación de estos asesinatos, de modo que aseguren su investigación eficaz, la persecución de los responsables y el respeto a la garantía de no repetición.

En concreto se destaca el futuro "Modelo de Protocolo para una investigación y documentación eficaz del Feminicidio", que está siendo elaborado en un proceso cuya reunión más reciente ha tenido lugar la última semana de septiembre en Guatemala, y a la que ha asistido un equipo multidisciplinar de expertos en violencia de género de la sociedad civil y de instituciones públicas (forenses, juristas e investigadores) con la asistencia de la Federación de Derechos Humanos de España, la Universidad Carlos III y ONU Mujeres.

Por otro lado, España ha presentado, junto con Alemania, una nueva resolución que se centra en un aspecto esencial de la implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, a saber, su financiación. 

Dicha resolución, que ha sido adoptada por consenso, se centra en el segundo informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Dña. Catarina de Albuquerque.

Durante esta sesión se ha vuelto a analizar con detalle la situación en Siria, con el resultado de la adopción de una resolución, adoptada por una importante mayoría de Estados, y copatrocinada por España, en la que se  condena la muerte de civiles, las detenciones arbitrarias, torturas y en general las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en ese país, y se prorroga el mandato de la Comisión Independiente de Investigación, reforzando además su composición con dos nuevos miembros.

España ha destacado en sus intervenciones su preocupación por la situación de Mali, donde los abusos y violaciones de derechos humanos, unidos a la inestabilidad, pueden tener consecuencias graves para toda la región del Sahel. Igualmente, España ha participado en los diálogos interactivos con los procedimientos especiales en Sudán y en Somalia, y ha manifestado su preocupación por la continuación de la violencia y denuncias provenientes de las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, en concreto sobre la violencia ejercida contra la población civil, así como la situación en la República Democrática del Congo.

En el curso de la sesión, España ha transmitido su grave preocupación por la ruptura de la moratoria de facto que existía en Gambia desde 1981 en relación con la aplicación de la pena capital y, en este sentido, se ha condenado rotundamente el modo en que ha sido aplicada a nueve personas, sin garantías en el procedimiento. España reiteró así, en este foro multilateral, su compromiso en la lucha contra la pena de muerte y lamentó que se siga aplicando en diferentes Estados del planeta.