Esta  fecha fue instaurada en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, en enero de 1999 en Dhaka (Bangladesh), en reconocimiento al primer intento legislativo para erradicar la prostitución de mujeres, niñas y niños, la Ley Palacios (Argentina 1913) que  protege a las víctimas de explotación sexual, combate el problema de la trata de personas y penaliza a los responsables.

Naciones Unidas estima que entre 4 y 5 millones de personas son víctimas de trata, siendo el 80% para la explotación sexual  y  las mujeres, adolescentes  y niñas constituyen alrededor del 90% de  víctimas introducidas en el mercado de la prostitución.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual ha aumentado en los últimos años paralelamente al desarrollo de la industria del sexo, moviendo en el mundo entre 5 y 7 billones de dólares; solo en Europa manejan unas cifras cercanas a los 3 billones de dólares. La industria del sexo se está convirtiendo en un sector clave del mercado mundial.

La Prostitución y la Trata son dos fenómenos íntimamente ligados que merecen un análisis conjunto por parte de toda la sociedad, porque la demanda masculina de prostitución es la máxima responsable de la expansión de la Industria del Sexo y el aumento de la Trata de mujeres para su  abastecimiento. Así lo reconoce el informe de Naciones Unidas, la Comisión sobre el Avance de las Mujeres (CSW), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, y recomiendan cuestionar la demanda para acabar con todas las modalidades de esclavitud sexual.

La explotación sexual es el paradigma de la violencia social, sexual y política que se ejerce especialmente contra las mujeres y niñas, es una violación de los Derechos Humanos, una forma de dominación, que produce inevitablemente efectos devastadores en la salud física y mental y en la salud sexual y reproductiva, impidiéndoles lograr un mínimo grado de bienestar.

Por eso, este 23 de septiembre debemos reafirmar la lucha contra todas las formas de explotación sexual y de la trata desde el enfoque de derechos humanos y de género, instando al Estado Español a que redoble sus esfuerzos para su erradicación, cumpliendo los compromisos adquiridos e implementando todos los mecanismos de protección internacional para las víctimas de trata a que está obligado.
Solicitamos que España avance en la transposición de la Directiva Europea contra la Trata, en la aprobación de una ley integral contra la trata y que en todo caso se respete el principio de no-devolución.

Por otra parte es importante señalar que la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas de trata - como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Seres Humanos”- y ésta, en el Real Decreto 1192/2012,  limita la atención a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.
Manifestamos nuestro rechazo a cualquier medida que suponga la penalización de las mujeres en situación de prostitución en la calle por entender que se atenta contra los derechos humanos.