El portavoz Homs detalla que el Gobierno solicitará 5.023 millones y avisa de que las condiciones no pueden ser otros que "cumplir con los planes de ajustes aprobados"
La Generalitat llama a una "gran movilización de país" durante el 11 de Septiembre por "sumar" y que el presidente Mas tenga "más fuerza" en la negociación del pacto fiscal con Rajoy
El Ejecutivo catalán también aprueba reorganizar el mapa de centros de justicia juvenil para racionalizar el gasto y ajustarla a la necesidad de plazas actual

Barcelona.- El Gobierno catalán  ha acordado acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico anunciado por el Ejecutivo español aunque avisó de que no aceptará "condiciones políticas". Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno y secretario general de la Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, la primera tras el periodo vacacional.
 
Homs ha alertado al Gobierno español que las condiciones no pueden ser otros que "cumplir con los planes de ajustes aprobados, que el Gobierno ya está cumpliendo", y ha recordado que la Generalitat "no debe dar las gracias a nadie ni debe aceptar según qué condiciones "porque lo que está pidiendo son" dinero que los catalanes hemos pagado con nuestros impuestos ". "No puede ocurrir que detrás del Fondo de Liquidez se pretendan otros objetivos", advirtió.
 
La cifra concreta que solicitará el Gobierno será de 5.023 millones, que incluyen lo que hay en el presupuesto con el déficit autorizado, y las previsiones para la refinanciación de vencimientos pendientes de aquí a finales de año.
 
Reunión de la comisión del pacto fiscal antes del encuentro Mas-Rajoy
 
El portavoz del Gobierno también ha explicado que, previsiblemente la próxima semana, se convocará la comisión de trabajo sobre el pacto fiscal con la participación de las fuerzas parlamentarias que dieron pleno apoyo a la propuesta aprobada por la cámara. La reunión se realizará previamente al encuentro que el 20 de septiembre celebrarán el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la Moncloa, para tratar del pacto fiscal.
 
Llama a una participación masiva de la sociedad catalana en todos los actos de la Diada porque el presidente Mas tenga "más fuerza" en la negociación del pacto fiscal
 
El portavoz ha hecho un llamamiento a que este 11 de septiembre sea "especialmente participativo" en el conjunto de los actos de la Diada, tanto los institucionales como los organizados por la sociedad civil.
 
Según consideró Homs, una movilización "masiva" del pueblo de Cataluña "en defensa de la nación catalana, del autogobierno y los derechos colectivos" sumará de cara a la reunión que deben celebrar el presidente Mas y Mariano Rajoy este 20 de septiembre. "Cuanta más gente haya movilizada por parte de la sociedad civil, con sus acentos y puntos de vista, más fuerza tendrá el presidente Mas en la negociación del pacto fiscal", remachó.
 
Homs también ha explicado que el presidente Mas ha optado por no asistir a la manifestación convocada por el ANC, ya que considera que el 11 de septiembre, "al jefe del Gobierno le corresponde presidir exclusivamente los actos de carácter institucional", aunque que los miembros del Gobierno que quieran participar "tienen toda la libertad de hacerlo".
 
Próximamente, el portavoz comparecerá con el vicepresidente del Parlamento, Lluís Corominas, para explicar los detalles de los actos institucionales que el Gobierno y la Cámara catalana organizan conjuntamente para la Diada de este año.
 
El Gobierno reorganiza el mapa de centros de justicia juvenil para racionalizar el gasto y ajustarla a la necesidad de plazas actual
 
El Consejo Ejecutivo ha aprobado también la reducción de la capacidad de los centros los Tilos (Mollet del Vallès) y Montilivi (Girona), que se ajustarán a la demanda actual. El primero estará destinado a menores con medidas de internamiento en régimen abierto o semiabierto y, el segundo, a la unidad terapéutica para chicos con problemas de drogodependencias o salud mental.
 
La medida, que según ha asegurado el portavoz del Gobierno se hará "sin prescindir de los puestos de trabajo", responde a la reducción de población atendida en los últimos años, el estado de las infraestructuras y la necesidad de dar un nuevo impulso a los programas para prevenir la reincidencia delictiva. Supondrá un ahorro anual superior a los 5 millones de euros