Oviedo.-En relación con la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Marea, como resultado de las negociaciones habidas entre el PSOE y UP yD, y después de las últimas declaraciones efectuadas por Javier Fernández a tal respecto, desde Bloque por Asturies nos vemos en la necesidad de manifestar, en primer lugar, nuestro asombro, ya que mantener, como dice Javier Fernández, que detrás del Caso Marea se esconde el "embrollo inútil, la sospecha fácil y la difamación gratuita", cuando a estas alturas existe un buen número de ramificaciones e imputados, después de que el Juez Sorando haya dictado un auto en el que exige a siete de los implicados, entre los que se encuentra un exconsejero socialista, una Directora General de máxima confianza nombrada por un gobierno socialista, exencargados de compras en aytos. socialistas, etc…, 3,4 millones de euros, es un intento burdo de tratar de arrojar balones fuera para negar la clara responsabilidad política de su partido en estos hechos.
Decir que “los gestores públicos rinden cuentas ante los ciudadanos” deja entrever una cierta concepción de la democracia y del estado de derecho, cuando menos, inquietante. Los responsables políticos, al igual que el resto de la ciudadanía responden también ante la Justicia, faltaría más. Cuando se deja entrever de sus declaraciones que seguir exigiendo la aclaración y depuración de estos hechos es “seguir dando alas a la desafección política”, ya no resultan solamente inquietantes sino que además resultan especialmente condenables, ya que, erradicar la corrupción, denunciarla, investigarla y perseguirla hasta sus últimas consecuencias, es o debería de ser una de las máximas preocupaciones de quien va a gobernar asturies en los próximos años. Quienes dan alas a la desafección política no son quienes demandan la aclaración y persecución de la corrupción, sino los políticos corruptos y aquellos partidos comprensivos con éllos, aquellos que impulsan leyes como la de la Función Pública Asturiana que lo único que pretenden es el control político de los funcionarios, permitiendo la existencia de una Administración Pública en la que no se detectan facturas dobles de los mismos contratos, ni facturas sobre contratos inexistentes, ni facturas de obras que no se realizan.
Por último, volvemos a insistir en que la creación de una Comisión Parlamentaria a estas alturas del proceso judicial nos parece una pantomima y una simple tapadera, tanto por parte de UPyD que busca un protagonismo como azote de la corrupción sin que hasta ahora haya hecho absolutamente nada, como del PSOE que busca lavar su imagen en los hechos, y del resto de fuerzas parlamentarias IU y PP, si la apoyasen, para tratar de oscurecer ante la opinión pública el hecho evidente de la existencia de un procedimiento judicial que, de la mano del Juez Sorando, y con la participación de las acusaciones particulares, entre las que se encuentra un solo partido, Bloque por Asturies, avanza cada día en la aclaración de los hechos y en la determinación de las responsabilidades.
