Asturias (E.P.).-La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha confirmado este lunes que su departamento no participará en el accionariado del Centro Especial de Empleo APTA. No obstante, ha asegurado que el Principado seguirá dando "todo el apoyo" al centro.
Así lo ha afirmado a los medios momentos antes de entrar a la primera reunión del Consejo Asesor de Bienestar Social de la legislatura. El centro especial de empleo, ha dicho, contará con la ayuda del Principado, pero ha trasladado la responsabilidad de su futura viabilidad al grupo empresarial Ilunion --grupo de empresas de la ONCE--. "Mi posición ha sido la misma desde septiembre, comprometer a Ilunion a que mantenga su presencia en Apta", ha afirmado.
En este sentido, ha apuntado que "sería muy difícil de entender" que no se logre elaborar un plan de viabilidad, teniendo en cuenta que Ilunion aglutina empresas que contratan a más de 50.000 personas en su conjunto.
REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR
Sobre la reunión de este lunes Varela ha destacado su importancia al ser un encuentro en el que se aúnan en un solo instrumento a todos los implicados en la ley de Servicios Sociales --Principado, ayuntamientos y entidades del tercer sector--.
Durante la reunión se ha abordado el segundo Plan Autonómico de Inclusión Social, aprobado en mayo de 2015 y vigente hasta 2017. En concreto, hoy se establece el mecanismo de seguimiento del plan "para hacer prevalecer los derechos de la ciudadanía y responder a todas las situaciones que tienen que ver con políticas activas de empleo, salario social básico y medidas de Sanidad, Educación y Justicia".
Se expondrá también el programa de garantía habitacional para este año, en el que se aglutina un conjunto de 22 medidas a las que se destinan 23 millones de euros. En este programa se buscará además la coordinación con los tribunales de justicia para conocer los problemas para el pago de la vivienda, y poner en marcha "todos los mecanismos" para prever y prevenir la pérdida de la vivienda.
En este plan se incluyen las ayudas al alquiler, así como una guía de trabajo con los ayuntamientos. Se trata, según Varela, de un mecanismo para adelantarse a las circunstancias que propician la pérdida de la vivienda.
