• Guillermo Martínez destaca en la Junta General el empeño del Ejecutivo autonómico por mejorar la calidad democrática y confía en un amplio respaldo parlamentario

• El texto, que establece sanciones como la destitución o la inhabilitación para desempeñar un cargo público por un período de hasta diez años en casos de infracción grave, promueve el rendimiento permanente de cuentas

• El documento se asienta en los principios de integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha subrayado hoy que el proyecto de ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos revela la voluntad del Ejecutivo autonómico de promover la confianza de la ciudadanía en las políticas públicas “mediante nuevos criterios de gobernanza y el rendimiento permanente de cuentas”.

Martínez, que ha comparecido ante la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado para presentar el texto, ha destacado el empeño del Gobierno asturiano por alcanzar un modelo de gestión de la Administración autonómica “solvente, transparente y responsable”.

El proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos establece las obligaciones inherentes al buen gobierno, las medidas correctoras en caso de incumplimiento y los límites adecuados para evitar conflictos de intereses. El documento es fruto de la decisión del Consejo de Gobierno y de los altos cargos de la Administración de establecer un compromiso con los asturianos y asturianas sobre las normas de conducta que deben regir el desempeño de sus funciones.

El texto, que estuvo abierto un mes a la participación ciudadana en la página web Asturias participay fue sometido también a información pública durante 20 días, se asienta sobre los principios de integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional.

El titular de Presidencia ha explicado durante su intervención que Asturias se convierte con este proyecto legislativo en la primera comunidad autónoma que aprueba una ley en exclusiva sobre buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos. “Queremos desarrollar un pacto con la ciudadanía sobre las normas de conducta que deben regir la gestión de lo público, preservando el papel de las instituciones como garantes del desarrollo de sus derechos”, ha apuntado.

A su juicio, frente a la “evidente” pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones, es necesaria una posición activa para recuperar el crédito de los gestores, de tal modo que revertir esa desafección se convierta en un auténtico reto para los gobiernos. De esta voluntad surge el documento cuyas principales líneas ha repasado hoy en el Parlamento asturiano.

“El proyecto de ley nace como instrumento para la promoción de una cultura de la integridad pública y para velar por cualquier tipo de incompatibilidad de los altos cargos que pueda mermar una óptima calidad democrática”, ha precisado Martínez.

La norma se estructura en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, otra derogatoria y dos disposiciones finales. Además de definir lo que se considera alto cargo, establece una serie de principios de conducta para los máximos responsables de la Administración del Principado e incluye un catálogo de infracciones de buen gobierno más amplio que el de la legislación estatal. Así, se consideran infracciones muy graves no comunicar cualquier actuación conocida que vulnere el principio de legalidad y obstaculizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la información. La aceptación de un regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas será considerada infracción grave, mientras que no facilitar la transmisión de documentos para la entrega a sus posteriores responsables como consecuencia del cambio de titularidad del cargo se tipifica como infracción leve.

Por otra parte, el texto fija el régimen de incompatibilidades a través de cinco supuestos:

• Dedicación exclusiva al cargo público
• Deber de abstención e inhibición
• Compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas
• Compatibilidad con el ejercicio de actividades públicas
• Limitaciones al ejercicio de actividades con posterioridad al cese por un período de dos años.

El régimen de infracciones en materia de incompatibilidades también distingue entre muy graves, graves y leves.

En cuanto a las sanciones, las infracciones leves conllevarán una amonestación, mientras que las muy graves y graves implicarán la destitución del puesto o la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un período de cinco a diez años. Además, los infractores deberán restituir las cantidades percibidas indebidamente.

Al margen de estas sanciones, se contemplan otros escenarios cuando la infracción trascienda el ámbito competencial de la Administración regional. De este modo, en el caso de supuesto delito, la jurisdicción penal será la que asuma el procedimiento. Asimismo, cuando se aprecie responsabilidad contable, se informará a la Sindicatura de Cuentas, previa comunicación a la Junta General del Principado.

A juicio del consejero de Presidencia, el proyecto de ley reúne los requisitos necesarios para alcanzar el máximo consenso parlamentario, porque amplía el régimen de buen gobierno que establece la normativa estatal y preserva en las mejores condiciones los intereses comunes y la ética de las instituciones públicas.