·        Javier Fernández ha manifestado su preocupación por la incidencia que sobre la industria asturiana tendrán las reformas del Gobierno de España en materia eléctrica.

Oviedo.-Abordar un gran pacto de Estado por la energía “si queremos tener un país que avance y una industria de calidad”. Es el planteamiento que el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha trasladado esta tarde a los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino; y al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Pedro Luis Fernández.

El jefe del Ejecutivo regional ha manifestado la preocupación de su Gobierno por la incidencia que puedan tener en la industria española en general y, particularmente, en la asturiana, las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España en materia eléctrica.

Fernández ha insistido en que es imprescindible llegar a un gran pacto de Estado en materia energética. “Si no hay un pacto por la energía en España, tendremos un problema”, ha advertido.

 “El sector eléctrico no está de acuerdo con los cambios que se están produciendo, la industria también está descontenta, desde luego, los consumidores no pueden estar contentos, y los partidos políticos tampoco lo están. Creo que esto no se va a resolver hasta que más temprano que tarde se aborde un pacto por la energía en todo el país. Es un asunto básico y crucial si queremos tener un país industrial, que no vaya hacia la irrelevancia y a convertirse en un país de servicios precarios”, ha subrayado. Por ello, ha pedido a los sindicatos y la patronal asturiana que trasladen esta necesidad en el ámbito nacional de sus organizaciones.

La reforma del sistema eléctrico

La reforma global del sistema eléctrico planteada por el Gobierno central contempla importantes modificaciones sobre diversos aspectos, entre ellos los conceptos impositivos, los peajes de acceso a redes y el mecanismo de interrumpibilidad, que inciden directamente sobre los costes eléctricos de las empresas.

El nuevo concepto impositivo del 7 por ciento sobre el valor de la energía eléctrica generada a partir del 1 de enero de 2013 ya supuso un encarecimiento del precio de la energía para las industrias de la región. Además, conllevó una reducción de ingresos de las compañías que disponen de instalaciones de cogeneración al verse gravados estos procesos con determinados tipos de combustible.

Los peajes de acceso a las redes también han experimentado continuos incrementos en los últimos meses. En este sentido, cabe destacar que en los términos de potencia de todas las tarifas industriales se han registrado incrementos acumulados, en algunos casos, superiores al 150 por ciento. Este aumento de las tarifas de acceso introduce, por lo tanto, mayores costes fijos para las empresas, puesto que el peso de la factura eléctrica pasa a ser el de la potencia contratada. Además, el hecho de imponer cargas fijas adicionales perjudica especialmente a las empresas que atraviesan ciclos de baja actividad productiva.

El nuevo mecanismo de interrumpibilidad constituye otra de las preocupaciones del Gobierno asturiano, sobre todo por las consecuencias que puede tener para los grandes consumidores eléctricos asentados en la región (Arcelor, AZSA y Alcoa). Con este servicio, se determinaba un precio final de la energía competitivo para la industria asturiana para la que la energía eléctrica supone en ocasiones costes superiores al 40 por ciento.

La nueva Orden de 31 de octubre de 2013, que plantea un nuevo marco competitivo de asignación por subasta a gestionar por el operador del sistema, puede suponer, en la práctica, una significativa reducción de la retribución de este mecanismo de interrumpibilidad. De hecho, el escenario de costes propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 2014 ya supone una reducción global de esta retribución del 19,35 por ciento con respecto al año 2013.

Otra de las modificaciones introducidas por el Gobierno de España con consecuencias para una parte importante de la industria básica, desde la química hasta la lechera, es la propuesta en materia de cogeneración. Los recortes planteados la pueden abocar a la paralización de determinadas instalaciones que hasta ahora aportaban un componente de eficiencia energética y competitividad a las empresas industriales de la región.