El Ejecutivo que preside Javier Fernández reclama a los tribunales la ejecución inmediata del fallo judicial por tratarse de proyectos importantes para reactivar las comarcas mineras
El Gobierno de Asturias lamenta el rechazo del Partido Popular y del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a cumplir la sentencia que le obliga a abonar a Asturias los 213 millones de euros de los convenios de fondos mineros de 2011, tal y como acordó el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4. “Se trata de una nueva agresión a Asturias del Gobierno central”, ha afirmado el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez.
El titular de Presidencia considera que el freno del PP registrado hoy en el Senado a una propuesta respaldada por el resto de las fuerzas políticas para que el Gobierno de España acatase la sentencia judicial que reconoce a Asturias el derecho a percibir inversiones pendientes de los fondos mineros “es una muestra más de que el PP incumple sus compromisos y actúa en contra de los legítimos intereses de los asturianos”.Guillermo Martínez ha censurado en particular la actitud de los senadores del PP en representación de Asturias, “que han optado por dar la espalda a sus conciudadanos y respaldar esta nueva agresión del Gobierno del señor Rajoy a nuestra comunidad”.
El consejero ha añadido que el Gobierno que preside Javier Fernández seguirá defendiendo, tanto en el ámbito político como en el judicial, el pago de las inversiones a cargo de los fondos mineros de los dos últimos años, unos recursos económicos clave para la reactivación de las comarcas mineras.
El primer recurso judicial fue interpuesto en junio de 2012 para reclamar 213.056.914 euros por el adelanto presupuestario realizado por el Principado para obras acogidas a los fondos mineros, correspondientes a convenios cuya vigencia finalizó en 2011. Este primer recurso fue resuelto el pasado mes de noviembre por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que admitió los principales planteamientos realizados por el Principado, al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros “no responde a una imposibilidad económica sobrevenida”.
Posteriormente, el pasado día 4, el Consejo de Gobierno del Principado acordó plantear un segundo recurso, en este caso ante el Juzgado Central número 11, para exigir los 53.370.687 millones de los fondos de 2012. Se trata de unos recursos económicos muy relevantes: el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, una obra iniciada y que el Principado adelantó parte de su financiación, pese a que el 100% le corresponde al Gobierno central; el aparcamiento subterráneo de Oñón, en Mieres, o las piscinas de Bimenes, entre otros.
El Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer Consejo de Ministros, celebrado el 30 de diciembre de 2011, decidió de forma sorpresiva suprimir el pago de las inversiones de los fondos mineros ya programadas, adjudicadas e, incluso, iniciadas. En muchos casos con el dinero adelantado por el Gobierno del Principado. Una decisión injustificada que ha puesto en peligro inversiones programadas en 2011 y 2012 por más de 266,4 millones de euros. Un dinero esencial para la reactivación de la economía asturiana, porque son actuaciones que generan actividad empresarial y crean empleos y, además, mejoran la calidad de vida de los habitantes de los concejos mineros.
El Gobierno central ha persistido en su actitud y el pasado 29 de noviembre, último día de plazo que tenía para fijar posición ante la sentencia que reconocía las demandas del Principado sobre los fondos mineros de 2011, formuló un recurso para frenar su aplicación y no abonar los 213 millones de ese ejercicio. Una actuación que ha sido refrendada hoy en el Senado, al imponer el PP su mayoría absoluta para bloquear el cumplimiento de la decisión judicial.
Ante esta situación, el Gobierno del Principado ha planteado a los tribunales la ejecución provisional de la sentencia para evitar más dilaciones y se abonen los fondos adeudados a Asturias de forma inmediata.
