Madrid.-El Gobierno prepara el mayor asalto a las libertades y los derechos fundamentales de reunión y manifestación desde el inicio de la etapa democrática. La primera jugada la hizo el ministro de Justicia, elevando las tasas judiciales de forma que sólo las grandes fortunas o las poderosas corporaciones industriales puedan recurrir ante lops tribunales. La segunda, que irá el viernes al Consejo de Ministros, supone el establecimiento de sanciones millonarias, que pueden ser totalmente arbitrarias, puesto que los manifestantes no podrán siquiera grabar abusos o hechos delictivos so pena de ir a la cárcel, llega al extremo de brutales sanciones y penas para quienes se manifiesten ante centrales eléctricas o nucleares. Y ese es sólo uno de los aspectos.

FOTO: Greenpeace