La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha denunciado hoy que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la ruptura del sistema de prestación de servicios sociales, consolidado en los últimos años y de eficacia demostrada. Díaz ha recordado que esta red permite atender con inmediatez, proximidad y alto grado de cualificación profesional a todos los asturianos, con independencia de su lugar de residencia, y que la entrada en vigor de la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy supondrá una quiebra en la cohesión territorial y social y abrirá la puerta a la privatización de los servicios que resulten más rentables.

La consejera ha realizado estas declaraciones durante el pleno extraordinario del Consejo de Mayores del Principado de Asturias, reunido esta mañana en Gijón, que ha acordado por unanimidad expresar su rechazo y preocupación por las consecuencias que la reforma de la ley de Administración Local va a ocasionar sobre los mayores de Asturias. Así mismo, el pleno del órgano asesor ha lamentado las reformas del sistema de pensiones que está planteando el Gobierno central. Los representantes del Consejo de Mayores han querido reflejar la incertidumbre que se cierne sobre un colectivo tan vulnerable como son los mayores a consecuencia de los recortes y reformas drásticas que se están aplicando a dos pilares básicos, como son las pensiones y los servicios sociales.

La consejera ha explicado que con la reforma del Gobierno de España, servicios de gran importancia como la ayuda a domicilio para personas no dependientes, programas de apoyo a la familia y protección al menor o programas de prevención e inserción pasarán a ser considerados como competencias impropias de las entidades locales y por tanto, los ayuntamientos deberán dejar de prestar esos servicios. Díaz ha señalado que, en el caso de Asturias, al ser comunidad uniprovincial, pasarían, según el proyecto aprobado en Consejo de Ministros, a ser gestionados por el Principado, pero sin contemplar “ni un euro para la financiación necesaria que mantenga la red de proximidad”.

El Consejo de Mayores también ha criticado las graves consecuencias que supondrá para el mantenimiento de los servicios sociales y para el empleo de las personas que actualmente desarrollan estos servicios desde el ámbito municipal.

Por otra parte, en el repaso de las actuaciones que desde la consejería se han llevado a cabo en los últimos meses, el pleno fue informado de la marcha de las obras de construcción de las nuevas residencias de mayores del ERA, así como del próximo traslado a la nueva residencia del Nodo de Avilés y de la reubicación de los usuarios y empleados del Centro Polivalente de Recursos de El Naranco, que tuvo que ser desalojado por las deficiencias estructurales descubiertas en el edificio. La consejera ha anunciado que estos días concluirá el traslado de los últimos residentes hacia otros centros públicos y concertados, en función de las preferencias expresadas por los usuarios y sus familias.

Por lo que respecta a los trabajadores que prestaban sus servicios en las instalaciones, todos han sido reubicados en diferentes centros dependientes del ERA, de acuerdo con lo pactado con el comité de empresa. Esta reordenación de personal permitirá completar en su totalidad la Residencia Aurora Álvarez, de Gijón, y abrir una planta más en Moreda, lo que a su vez servirá para aliviar la lista de espera en ambos municipios.