El precio de alquiler será el mismo que el de los pisos de protección oficial, con un máximo de 400 euros, y en ningún caso superará el 30% de los ingresos netos de la familia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy que siete entidades financieras de Asturias han aceptado firmar un convenio con el Gobierno del Principado para facilitar el acceso a la vivienda a las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. Así, han confirmado su participación Cajastur, Banco Santander, BBVA, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Gijón y la Caixa, además de un banco catalán, mientras que otras entidades están analizando la iniciativa.
La medida persigue un doble objetivo: alcanzar acuerdos que eviten que las familias tengan que abandonar sus domicilios y generar una bolsa con las viviendas vacantes de las entidades financieras. De este modo, se podrá ofrecer una respuesta más rápida a las familias que afrontan un proceso de ejecución hipotecaria.
La titular de Bienestar Social ha explicado que el borrador del convenio, que ya está listo, se trasladará a los bancos para que lo analicen, con el propósito de firmarlo lo antes posible. Las siete entidades que han aceptado sumarse a esta iniciativa cuentan con un gran número de viviendas deshabitadas y deben decidir cuántas destinarán a la bolsa que se va a crear.
Los inquilinos de estas viviendas pagarán el mismo precio de alquiler establecido para las viviendas de protección oficial, con un máximo de 400 euros, y en ningún caso superará el 30% de los ingresos netos de la familia. El contrato de arrendamiento tendrá un año de duración, prorrogable hasta un máximo de tres.
El Gobierno del Principado abonará los gastos de aseguramiento de las viviendas para cubrir posibles desperfectos.
La consejera ha explicado que la bolsa de viviendas que se genere tras la firma del convenio con las entidades bancarias se sumará a las 50 vacantes que ya ha reservado su departamento para casos urgentes.
Las personas que deseen beneficiarse de esta iniciativa deberán acudir a la oficina de información y asesoramiento sobre lanzamientos hipotecarios que puso en marcha el Ejecutivo autonómico a finales de 2012.
