La consejera acusa al PP de utilizar "de manera perversa" a los afectados del CAI de Noreña

La consejera acusa al PP de utilizar "de manera perversa" a los afectados del CAI de Noreña

La consejera de Bienestar Social insiste en que el convenio con el Ayuntamiento es el único resquicio legal para que ADEPAS continúe prestando el servicio del Centro de Apoyo a la Integración de Noreña

 

Esther Díaz subraya que “en ningún momento se pretende ni se exige a la asociación que desaloje el inmueble”

  • “El Partido Popular se ha convertido en parte del problema utilizando de manera perversa a los afectados”, denuncia la Consejera
  • “En este asunto no hay ningún error imputable al Principado”

 

 

Oviedo.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha declarado hoy en rueda de prensa que el convenio con el Ayuntamiento de Noreña es la única vía legal para que ADEPAS continúe prestando el servicio a las personas con discapacidad del Centro de Apoyo a la Integración (CAI). También ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar el conflicto para torpedear cualquier atisbo de solución. Esther Díaz, que estuvo acompañada en su encuentro con los medios por el director general de Políticas Sociales, Jacinto Braña, negó taxativamente que su departamento pretenda desalojar a ADEPAS del inmueble, expresó su voluntad de seguir buscando una salida a un conflicto “que no hemos causado nosotros” y añadió, no obstante, que, con independencia del resultado final de las negociaciones, todos los usuarios del centro “tienen garantizada una plaza pública o concertada”.

 

La Consejería planteó ayer por la mañana una solución para que ADEPAS continúe prestando el servicio en el CAI de Noreña. La solución contaba con el aval del Alcalde, César Movilla, y de los directivos de la asociación, aunque quedó supeditada a un acuerdo en el pleno municipal que no se produjo. Dicho acuerdo pasaría por una colaboración entre la Administración del Principado y el Ayuntamiento de Noreña, contando siempre con la cesión temporal de las instalaciones al Ayuntamiento por parte de ADEPAS. De esta forma, todas las partes deberían de colaborar en una salida para que la asociación continúe prestando el servicio, las personas con discapacidad puedan seguir optando por continuar en el centro con plazas pagadas por el Principado, las familias no sufran más trastornos y Noreña no se vea privado de un centro muy arraigado en la localidad.

 

El origen del problema

Tal y como recordó la consejera, la asociación se quedó fuera del acuerdo marco sobre concertación de plazas de alojamiento y plazas de centros de integración a personas con discapacidad, al no estimar la mesa de contratación -compuesta íntegramente por funcionarios- su oferta porque no cumplía con los requisitos exigidos en las bases.

 

“Estamos hablando de una compleja situación que se encuadra dentro de un proceso de contratación de una Administración Pública con una entidad privada”, declaró Esther Díaz. “El problema surge cuando la mesa de contratación considera que la propuesta de ADEPAS no debe tenerse en cuenta para ser valorada porque no aporta la documentación requerida. Repito, se trata de documentación requerida en el pliego de condiciones. No frivolicemos diciendo que son unos papeles sin importancia porque hay otras 24 entidades que  hacen bien este proceso y sus ofertas son admitidas a valoración. Por tanto, no hay ningún error imputable a esta Consejería”.

 

Esther Díaz insistió en que su departamento intenta buscar una solución a este problema desde el pasado agosto “para no ocasionar trastornos a los usuarios del CAI y a sus familias” y que,  después de numerosos análisis con técnicos para hallar una salida jurídica “no es posible encontrarla dentro del Acuerdo Marco para la contratación de plazas a personas con discapacidad, porque en él se recoge un número de plazas determinadas (1.155), superior a las ocupadas en este momento (700) y, por tanto, hasta que no se cubran las 455 restantes no se puede abrir un nuevo proceso de licitación”. Esta dificultad ha sido trasladada en varias reuniones a los representantes de ADEPAS.

 

En este contexto se enmarca el ofrecimiento que hizo ayer la Consejería a representantes municipales y responsables de la asociación para que el CAI de Noreña pase a depender del Ayuntamiento por cualquier título jurídico y por un periodo de cuatro años (periodo de vigencia del Acuerdo Marco que acaba de entrar en vigor) y una vez dado este paso, el Principado podría formalizar un convenio con el Ayuntamiento de Noreña por el que la Consejería sufrague las plazas y servicios que se prestan a las personas con discapacidad que son usuarios del centro.

 

La principal preocupación de la consejería han sido en todo momento los usuarios del centro porque son la parte más frágil y vulnerable, y como administración es responsable de garantizar un servicio a las personas con algún tipo de discapacidad, tarea esta que nunca se puso en duda. Por ello, la consejería se puso en contacto con las familias o tutores para explicarles la situación, ya que ante esta falta de cobertura legal los usuarios se verían afectados por un traslado, garantizándoles en todo caso una plaza en un centro, bien público, bien privado.

 

La actitud del PP

La Consejera denunció, por otra parte, que la actitud del Partido Popular está dificultando la marcha de las negociaciones: “¿Qué pasó entre la reunión de la mañana y el Pleno de la tarde?”, se preguntó Esther Díaz en la rueda de prensa. “Pues que una visita de la portavoz del PP, Mercedes Fernández, vino a distorsionar la solución tanto por desconocimiento como por falta de interés. Fernández se ha convertido en parte del problema y no ayuda a la solución. Hace una semana se nos decía que la política está para dar soluciones pero hoy comprobamos que el PP la utiliza para entorpecer acuerdos utilizando de manera mezquina y perversa las preocupaciones tanto de las familias como de las personas con discapacidad. Rechazamos esta forma de hacer política utilizando las necesidades y preocupaciones de las personas como ariete contra el Gobierno de Asturias y pedimos responsabilidad y sensatez”, apostilló la Consejera.

 

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