Vengo manteniendo que la irrupción en el panorama político de los mal llamados partidos progresistas ha servido únicamente para elevar el concepto de la ética.

En el otro lado de la balanza, estos partidos, cuya composición interna responde a la literalidad del término «partidos», por cuanto que están troceados en facciones, han contribuido al proceso de descomposición de España, sumándose al cáncer que hicieron germinar nacionalistas y separatistas cuya gravedad es cíclica en función de su mayor o menor grado de participación en las decisiones de ámbito nacional.

La política se ha convertido en una actividad deleznable, mafiosa, en la que el chantaje es moneda de cambio habitual.

El caso de la recién estrenada Presidenta de la Comunidad de Madrid es patético. El cabreo monumental de quienes no han obtenido los votos suficientes para gobernar se ha canalizado a través del vituperio y la ignominia.

Otro tanto ocurre con los vetos que se ponen a la actuación de determinados artistas. Ahora bien, si quien censura es la derecha, el censurado se convierte en mártir. Si quien veta es la izquierda, el vetado es un fascista, machista, xenófobo, homófobo y epítetos similares. Se dan, además, situaciones de difícil explicación racional.

En Barcelona, que se ha convertido en la ciudad más insegura de Europa con siete homicidios en los últimos cuarenta días y más de setecientos delitos diarios, se sigue votando a partidos que han contribuido con su demagogia y su pasotismo a que la situación de orden público se haya convertido en la principal preocupación ciudadana. Difícil de entender.

Las paradojas reinan por doquier. El Gobierno balear, que ha tenido que aceptar las corridas de toros por decisión judicial, ha abierto una investigación para determinar si los gestores del coso taurino han incurrido en responsabilidad por haber hecho sonar el himno de la falange en la megafonía del recinto. Eso sí, permiten con total impunidad que se quemen la bandera de España y fotos del Rey y que los raperos incluyan en sus letras ataques contra los símbolos, contra la guardia civil y contra la religión católica –contra la islámica no se atreven-. Aquello atenta contra la memoria histórica, esto es libertad de expresión.

Dentro del caos reinante, Sánchez se mueve entre las procelosas aguas de la investidura o de las elecciones.

Debo confesar que me cuesta entender a nuestro Presidente porque no es natural ni al caminar. Pero es el Presidente de España –aunque sea en funciones- y lo respeto.

El Gobierno de coalición parece descartado. Es cierto, como afirma mi colega el Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña, que 19 de los 28 Gobiernos de la Unión Europea son de coalición con, al menos, dos partidos con cargos ministeriales, pero se olvida mi ilustre compañero que en esos Estados no hay separatistas, ni golpistas, ni partidos que apoyen consultas de autodeterminación.

Es cierto, también, que conseguir la investidura es un problema político, no constitucional, pero no lo es menos que frente a nacionalistas y separatistas sería bueno cambiar el procedimiento para que no dependiera del chantaje de partidos egoístas, traidores y fariseos.

El gobierno a la portuguesa tampoco parece factible por los motivos apuntados: separatismo y nacionalismo.

En Portugal, han combatido el fenómeno prohibiendo los partidos de índole regional. En España la solución es más simple: 155 y modificación de la ley electoral. Yo me inclino por que habrá elecciones.

El anuncio del Gobierno de que procederá a retirar los títulos nobiliarios relacionados con el franquismo es la mejor prueba de ello. La apelación a Franco llama a elecciones. Tenemos precedentes con la fallida exhumación.

Lo dijo el sabio: «La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular».