El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado en su sesión ordinaria de la tarde de ayer, una proposición presentada por el PSOE en la que se insta al Gobierno de España a que permita que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, sin limitaciones en lo referente a las finalidad de inversiones sostenibles o no sostenibles.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, responsable de defender la proposición, explicó que el objetivo de esta propuesta es "revindicar el municipalismo, la primera línea de atención de los ciudadanos, que en estos momentos se ve afectado por restricciones de dos tipos: económicas y ‘humanas'". En este sentido, calificó de "calamitosa" la situación que viven muchos ayuntamientos por carecer de personal suficiente, lo que en algunas ocasiones le ha llevado a recurrir a otras figuras jurídicas cuestionables como son los contratos de obra.
En opinión del edil socialista, tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 reduce drásticamente la capacidad de gasto de las administraciones locales y la Ley de Deuda comercial de 2013 hace "muy difícil, casi imposible" disponer de las cantidades económicas suficientes para generar inversión.
Así, recordó que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha solicitado la de estas leyes porque la situación económica y financiera que vivía el país en 2012 o 2013 ya está "superada.
Por último, Fernández tildó de "insuficiente" el anuncio del Gobierno central de crear un grupo de trabajo para revisar esta normativa y exigió así "una respuesta concreta e inmediata".
Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, el concejal Luis Pacho aseguró que los Ayuntamientos son, a su juicio, "las administraciones que más esfuerzos están realizando y las más cumplidoras", pero recordó que debe hacerse un análisis "global" ya que todas las administraciones están interconectadas y por ejemplo, el Ejecutivo autonómico realiza ciertas transferencias a este y otros municipios.
El edil recordó que en todo caso, el superávit del Ayuntamiento de Oviedo se debe "en parte a la baja ejecución presupuestaria  y a la alta fiscalidad que soportan los ovetenses" lo que no se recoge en la proposición.
Por último, anunció el voto favorable de su Grupo por compartir "el fondo" de una proposición "muy genérica" a su juicio.
Desde el Grupo Municipal de IU, la concejala Cristina Pontón quiso dejar a un lado los tecnicismos económicos y explicó que lo que se estaba debatiendo en el Pleno era  que el Ayuntamiento de Oviedo "ha hecho sus deberes, tiene dinero, dinero de los ciudadanos y quiere dedicarlo a lo que es prioritario, pero debe gastarlo en pagar una deuda que han generado los bancos". Es lo que desde la Izquierda llamamos "socializar perdidas y privatizar ganancias" por lo que exigió al Gobierno central la derogación de esta ley.
Desde Somos Oviedo, el concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, quiso poner cifras a lo que se estaba debatiendo e indicó que, por ejemplo, la denominada tasa de reposición ha impedido al Ayuntamiento de Oviedo cubrir nueve de cada diez jubilaciones hasta el pasado año y solo permite cubrir cinco de cada diez en este ejercicio.
En este sentido, el edil añadió que de media en el Ayuntamiento de Oviedo, se jubilan anualmente entre 20 y 30 personas y que desde el Gobierno central no se nos permite contratar nuevos trabajadores.
Así, agregó que el Gobierno local tenía como objetivo la contratación el pasado año de 29 trabajadores y que los tribunales habían paralizado esta contratación apoyándose en la ley estatal y que en los Presupuestos de este año, tenían consignados 3 millones de euros para la contratación de otros 70 empleos "que tampoco nos permitirán hacer por la ley del PP". "Podíamos haber contratado hasta a 100 personas, pero nos dejan y no porque no tengamos dinero, sino porque no quieren empleo púbico", concluyó el concejal que esto hace que los servicios del ayuntamiento cuenten con menos personal , lo que hace que se reduzcan los niveles de ejecución o no se puedan financiar.
Desde el PP, el edil Eduardo Rodríguez motivó el voto en contra de su Grupo al hecho de que en la defensa de la proposición "no se dan suficientes motivos de economía general" y apostó por no "volver a empedrar el camino hacia el infierno" en referencia a los niveles de gasto público y endeudamiento que alcanzó el país antes de aplicar unos "criterios restrictivos en el gasto que a nadie nos gusta aplicar".
Rodríguez recordó que la Corporación puede destinar el superávit a inversiones financieras sostenibles o a bajar impuestos y afeó las críticas del Gobierno local al central "cuando ustedes no han sido capaces de ejecutar ni el 14% del presupuesto a 31 de octubre".

Reconocimiento a los ‘Desayunos solidarios'
Por otra parte, el Pleno acordó por unanimidad reconocer y agradecer públicamente en nombre de la ciudadanía ovetense, la iniciativa ‘Desayunos solidarios' puesta en marcha hace tres años por la asociación ‘Pero quien dice que en Oviedo no hay nada'.
En el marco del debate de esta moción, la impulsora de este proyecto solidario, Belén Suárez Prieto, tuvo la oportunidad de dirigirse a la ciudad desde el atril del Salón de Plenos. Suárez Prieto aprovechó su intervención para agradecer la labor de voluntarios, colaboradores y de los usuarios de los ‘Desayunos solidarios' y argumentó el cierre de este servicio en el hecho de que habían sido otros organismos públicos y privados quienes habían tomado su testigo.
La vicealcaldesa Ana Taboada, responsable de la proposición, explicó durante su intervención que todos los grupos habían acordado incorporar una enmienda transaccional, que hacia extensible el reconocimiento y la gratitud a otras muchas ONGs que trabajan con el objetivo de que ningún ciudadano pase hambre. Todos los Grupos coincidieron en destacar el valor de este tipo de iniciativas.

Pobreza energética
Tras este punto, el Pleno pasó a debatir una proposición del Grupo Municipal de Somos Oviedo relativa a medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico.
La propuesta defendida también por Ana Taboada considera que el pacto alcanzado entre el Gobierno y el PSOE contra la pobreza energética es insuficiente y censura que se dé la espalda a las organizaciones sociales. Somos plantea otras medidas para luchar contra la pobreza energética, como que las eléctricas se hagan cargo de las facturas de las familias que no tienen ningún ingreso o que se decrete un descuento directo en las facturas en función de la renta de las familias.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, el concejal Luis Zaragoza, calificó la propuesta de "debate extemporáneo e innecesario" por tratarse de temas que no son de competencia municipal.
El concejal socialista Ricardo Fernández, defendió la conveniencia de que este debate se desarrolle en ámbitos como el Parlamento nacional y recordó que está previsto que este tema se debata en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo día 17 de enero. Asimismo, aseguró que desde la Concejalía de Atención a las Personas ya se trabaja para evitar que se lleven a cabo cortes del suministro eléctrico.
Por su parte, el edil popular Fernando Fernández Ladreda recordó que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 23 un real decreto para prohibir los cortes de luz a los consumidores "en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales". La nueva normativa, pendiente ahora de desarrollo en los tres próximos meses, establece un nuevo mecanismo para la financiación del bono social, que será cofinanciado por las eléctricas y no solo por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
La propuesta no salió adelante ya que solo contó con los votos a favor de Somos e IU, la abstención de PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP.

Problemas en La Corredoria
Por último, el Pleno debatió una proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la situación que viven los vecinos de la calle Pablo Alonso Rato de La Corredoria.
La concejala Belén Fernández Acevedo, pidió a Viviendas del Principado de Asturias S.A. (VIPASA) que asuma su responsabilidad "y subsane las evidentes deficiencias de estos edificios" porque esta situación "que no puedo mantenerse más en el tiempo" está mermando la calidad de vida de los vecinos además de generar problemas de seguridad.
Así, la edil hizo referencia a los problemas de convivencia que se están generando con algunos inquilinos de las viviendas de alquiler y pidió coordinación entre Vipasa y la concejalía de Atención a las Personas para solucionar estos conflictos y obligar a las familias arrendadas a respetar las normas de convivencia.
Por último, se refirió también a problemas de salubridad por la presencia de ratas, a falta de conservación mobiliario urbano y a problemas de seguridad.
Desde IU, la edil Cristina Pontón, anunció la abstención de su Grupo por entender que las áreas de Gobierno con capacidad para solventar esa situación ya estaban trabajando en ello.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, reconoció la problemática, pero aseguró que tanto el Gobierno autonómico como el local están trabajando de forma coordinada para dar respuesta a los vecinos.
La propuesta fue aprobada con los votos favorables de PP y Ciudadanos y la abstención del resto.
Por su parte, el edil de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, calificó de extemporánea la proposición y recordó que los problemas en esa área no son nuevos y que ambas administraciones están trabajando como demuestra que Vipasa tiene previsto intervenir en las fachadas en febrero.