-   El Ejecutivo reservará el 8% de los contratos en determinadas áreas de actividad para centros especiales de empleo y empresas de inserción

-   El Principado declara de utilidad pública 1.933 hectáreas de monte en los concejos de Cangas del Narcea y Quirós

-   La Consejería de Presidencia prorroga el convenio con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para el uso de la oficina de registro virtual ORVE

El Principado reservará el 8% de los contratos públicos en determinadas áreas de actividad para Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, con el propósito de facilitar el trabajo de estas entidades, que persiguen la integración laboral de personas en situación de exclusión social. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esta medida, que se aplicará en todo el sector autonómico.

La reserva se establecerá cada año en función del cómputo global de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior e irá vinculada a las áreas de actividad en las que tienen mayor presencia los centros especiales y las empresas de inserción. En concreto, afectará a servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes, mensajería, correspondencia y distribución, almacenamiento, distribución publicitaria, digitalización y catalogación documental, recogida y transporte de residuos y vigilancia de aparcamientos de vehículos. También están incluidos los contratos relacionados con limpieza de edificios, lavandería y planchado, restauración, catering y hostelería, además de los suministros de ropa de trabajo.

El acuerdo adoptado hoy se ampara en la última modificación de la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, derivada de la Ley 31/2015 de 9 de septiembre de 2015, que actualiza la normativa en materia de autoempleo e incluye medidas de fomento y promoción de la economía social. Esta norma convierte en obligación para las comunidades algo que antes era opcional y conlleva fijar porcentajes mínimos de reserva de contratos destinados a los centros especiales de empleo. Asturias ha decidido establecer el 8% para favorecer la protección y promoción del empleo en los sectores con mayores dificultades, pero sin vulnerar la libre competencia en el mercado.

Por otra parte, con el fin de garantizar la inserción laboral de estos colectivos, el Gobierno de Asturias exigirá que al menos un 40% de la plantilla de los centros especiales de empleo que opten a los contratos esté compuesta por trabajadores discapacitados con grandes dificultades de empleabilidad. También se prohibirá la subcontratación, excepto en prestaciones accesorias justificadas.

El acuerdo recoge una serie de directrices para su aplicación y garantiza el compromiso de toda la Administración autonómica, puesto que cada órgano de contratación definirá el importe de los contratos reservados y lo comunicará a la Consejería de Servicios y Derechos  Sociales para su seguimiento.

Ayudas para financiar los salarios de los trabajadores

La medida aprobada hoy no es la única que ha puesto en marcha el Principado para contribuir al sostenimiento de los centros especiales de empleo. Desde 2012, el Gobierno de Asturias ha concedido ayudas para financiar parte de los salarios de las personas con discapacidad que trabajan en estas entidades por un importe que supera los 29 millones.

En concreto, en la última semana de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 3.775.000 euros en trámite anticipado que permite que la Administración autonómica financie hasta el 50% del salario mínimo interprofesional de las nóminas de 2.300 empleados de estos centros durante el primer semestre de este año.

En Asturias funcionan alrededor de un centenar de centros especiales de empleo que aseguran a las personas con discapacidad un trabajo remunerado. Estas entidades pueden ser creadas tanto por organismos públicos y privados como por empresas y adoptar cualquier forma jurídica de constitución. En el Principado, el 90% de estos centros se ha configurado como empresas, mientras que el 10% restante corresponde a entidades sin ánimo de lucro.

1.933 hectáreas de utilidad pública en Cangas del Narcea y Quirós

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la declaración de utilidad pública de los montes Pumar de las Montañas, en el concejo de Cangas del Narcea (471,30 hectáreas), y Coto de Lindes y Cueva Palacio, en Quirós (1.461,7 hectáreas).

La decisión se ha tomado de acuerdo con la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. La norma establece que se podrá instaurar esta figura de protección en aquellos montes esenciales para preservar el suelo frente a los procesos de erosión, así como para los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas que favorecen la regulación del régimen hidrológico, evitando riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras. También podrán ser declarados de utilidad pública los que contribuyan a la diversidad biológica, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que formen parte de espacios naturales protegidos o zonas de especial protección para las aves, además de los que constituyan elementos relevantes del paisaje.

La situación del monte Pumar de las Montañas, situado en la cabecera de la cuenca del río Pumar, afluente del Arganda que, a su vez, vierte aguas al Narcea, le confiere una importancia destacada a la hora de regular el régimen hidrológico de la zona. Este monte forma parte, además, de la Zona Especial de Conservación Sierra de los Lagos.

El monte Coto de Lindes y Cueva Palacio está incluido en el Parque Natural de las Ubiñas y en la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves Ubiñas – La Mesa.

2.640 notificaciones registrales a través de la aplicación ORVE

El Principado ofrece a los ciudadanos desde el pasado 1 de diciembre la posibilidad de utilizar la aplicación Oficina de Registro Virtual (ORVE) para digitalizar los documentos que se presentan en las oficinas de registro, dirigidos a otras administraciones, y enviarlos electrónicamente, en el mismo momento, sea cual sea su ubicación geográfica, siempre que la administración receptora disponga también de la citada aplicación.

Desde su puesta en marcha, la Administración autonómica ha recibido 2.640 notificaciones registrales y se han reenviado 2.285 trámites, en su mayoría relacionados con la gestión del salario social básico.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una prórroga al convenio que Asturias mantiene con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que estará vigente hasta marzo de 2016, para el uso de esta oficina como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros.

La entrada en servicio de esta aplicación figura en el catálogo de medidas de participación y regeneración democrática presentado por el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, el 12 de noviembre de 2015 y redunda directamente en la mejora de la atención a la ciudadanía, puesto que reduce los tiempos medios de llegada de los documentos al registro de destino.

Actualmente los 19 ayuntamientos integrados en el sistema dan cobertura a 672.944 ciudadanos, el 63,38% de la población asturiana.

Asturias fue la quinta comunidad autónoma que puso en marcha este servicio (después de Madrid, Castilla y León, Canarias y La Rioja), una herramienta que ofrecen también los ayuntamientos de Allande, Avilés, Boal, Candamo, Coaña, Corvera, El Franco, Gijón, Grado, Lena, Llanera, Morcín, Noreña, Oviedo, Peñamellera Alta, Proaza, Ribadesella, Tineo y Yernes y Tameza. El Principado pondrá en marcha en breve una campaña para que se sumen más municipios al sistema.