El Ejecutivo del PP deja en blanco varias cuestiones en la respuesta parlamentaria por escrito entregada esta semana al diputado de IU, entre ellas por qué se permitieron “cargas indiscriminadas en zonas de riesgo para los ciudadanos” como la estación de Atocha y sus andenes, o por qué se interceptaron autocares y se identificó a sus ocupantes cuando iban a una manifestación autorizada  

Madrid.- El Gobierno reconoce por primera vez y, además, por escrito, que prepara cambios sustanciales para que los agentes de la Policía que intervienen en las manifestaciones lleven visible su número de identificación. En una respuesta enviada esta semana al diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, el Ejecutivo anuncia que “la Dirección General de la Policía ha incluido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la adquisición de chalecos antigolpes, la obligatoriedad de incorporar el emblema y un espacio donde ubicar el número de identificación personal correspondiente”.

Llamazares dirigió al Ejecutivo del PP a finales de septiembre una pregunta parlamentaria compuesta por una batería de cuestiones concretas a raíz de los graves incidentes ocurridos en la concentración del 25S en las inmediaciones del Congreso. Entre los temas que solicitó detalles estaba el de “¿Por qué el Gobierno no ha hecho cumplir a los agentes policiales con su obligación de llevar su distintivo de identificación? ¿Considera el Gobierno que esta obligación es prescindible por razones de seguridad”

La ley obliga ahora a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a llevar perfectamente visible su número profesional, algo que es sistemáticamente vulnerado con el respaldo de sus responsables políticos y policiales, como se ha comprobado en las sucesivas manifestaciones desarrolladas en los últimos meses.

En su iniciativa parlamentaria, el diputado de IU por Asturias hace un pormenorizado planteamiento de cuestiones sobre lo ocurrido antes, durante y después de la concentración del 25S –válido para otras muestras de protesta similares-, buena parte de las cuales el Gobierno elude y deja sin contestar. Por ejemplo, la respuesta escrita no dedica ni una línea a la pregunta de “¿Cómo justifica el Gobierno las cargas policiales indiscriminadas en zonas de riesgo para los ciudadanos, como ha sido el caso de la estación de Atocha y sus andenes?”

Tampoco el Ejecutivo de Mariano Rajoy aporta información u opinión alguna cuando Llamazares interroga sobre “¿Cuál es la política policial del Gobierno ante la intensificación de manifestaciones de protesta por la grave situación económica, social y política por la que atraviesa nuestro país?”

Para IU resulta “especialmente preocupante” que conscientemente desde Moncloa no se dé ninguna explicación a cuestiones que afectan a derechos democráticos como la de “¿Cómo justifica el Gobierno la interceptación de autocares y la identificación de sus ocupantes que acudían a Madrid para participar en una manifestación legal?”

Sobre otros temas las respuestas son más que escuetas e, incluso, chocantes. A la de “¿Por qué se ordenó a la Policía que limitara o impidiera la movilidad de la manifestación (la del 25S) en el itinerario autorizado, tanto con barreras como con unidades móviles de la Policía, por ejemplo adentrándose fuera de la barreras para cargar violentamente en la Plaza de Neptuno?” se contesta que “de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, las unidades policiales ubicadas en el itinerario tenían como finalidad garantizar el libre ejercicio tanto del derecho de reunión como del conjunto de derechos que asisten a todos los ciudadanos”.

Gaspar Llamazares preguntó también sobre si “¿Tiene el Gobierno agentes policiales infiltrados en manifestaciones legales autorizadas? ¿Cuál es su función, preventiva, de seguridad de los manifestantes? ¿En ningún caso de provocación o inducción al delito?”. El Gobierno responde que “cuando los informes y análisis de riesgos así lo aconsejan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden desplegar efectivos no uniformados con la finalidad, precisamente, de adoptar medidas de prevención y seguridad a favor del conjunto de los ciudadanos y de quienes ejercen su derecho de reunión, evitando, además, actitudes violentas que desconfiguran la naturaleza de derechos reconocidos constitucionalmente”.