El PE exige orientar el gobierno económico de la UE hacia el crecimiento

El PE exige orientar el gobierno económico de la UE hacia el crecimiento

Las medidas de gobierno económico europeo deben orientarse hacia el crecimiento y los recortes presupuestarios no deben limitar la inversión en sanidad y educación, así lo ha pedido el Parlamento Europeo en dos informes sobre el llamado "two pack" aprobados hoy. Los diputados reclaman al ejecutivo de la UE que presente una hoja de ruta para la creación de eurobonos y apoyan la introducción de un fondo europeo para agrupar la deuda excesiva de los países.

El voto en el pleno constituye el mandato de la Eurocámara para iniciar las negociaciones con el Consejo con el objetivo de lograr un acuerdo en primera lectura.

 

Fondo de redención, eurobonos e inversión en infraestructuras

 

La posición del PE añade de forma directa el crecimiento al paquete legislativo y proporciona soluciones inmediatas para reducir la deuda. La más importante es la creación de un fondo europeo de rescate para toda aquella deuda que sobrepase el 60% del PIB de un país (en este momento esta cantidad se sitúa cerca de los 2,3 billones de euros). Esta parte de la deuda se pagaría a 25 años a intereses menores que los del mercado, de modo que el peso de la refinanciación de los Estados miembros se vería reducido a corto plazo y se rompería la espiral de más intereses, más deuda y menos crecimiento.

 

Como una solución a largo plazo, un mes después de la entrada en vigor el paquete, la CE deberá presentar una hoja de ruta para la creación de los eurobonos y un instrumento de crecimiento para movilizar aproximadamente un 1% del PIB de la UE, es decir, unos 100.000 millones de euros, en inversiones en infraestructuras durante los próximos diez años.

 

El crecimiento es el objetivo principal

 

En línea con el cambio de filosofía, ambos informes recalcan la necesidad de asegurar que los controles fiscales no dañen el crecimiento. Los análisis económicos de cada país publicados por la CE deberán ser más amplios que hasta ahora con el fin de evitar que los recortes presupuestarios se lleven a cabo a costa de eliminar todo tipo de inversiones que potencialmente puedan fomentar el crecimiento.

 

Además, en el caso de los países a los que se reclame que hagan recortes significativos, estos esfuerzos no deben afectar las inversiones en educación ni en sanidad, especialmente si sufren una recesión severa. La Comisión Europea deberá revisar también que los recortes no afecten otros ámbitos de la economía y que las dificultades de un país en concreto no conlleven la adopción de políticas perjudiciales para la economía en otros Estados miembros de la zona euro.

 

Los gobiernos nacionales deben detallar también qué inversiones pueden ayudar potencialmente a crear crecimiento y empleo. Así, se flexibilizarán los calendarios de reducción del déficit en casos excepcionales o si un país atraviesa una recesión profunda.

 

Por último, los textos aseguran el derecho de los agentes sociales y la sociedad civil a expresar sus opiniones sobre las recomendaciones de la CE y a ser incluidas en el diálogo político sobre estos asuntos.

 

Más control sobre la Comisión

 

Los nuevos poderes de la Comisión, que incluyen el derecho a vetar los presupuestos nacionales, deberán ser controlados por los Estados miembros y por el Parlamento para asegurar su supervisión, legitimidad y la rendición de cuentas. Con este fin, el Consejo y la Eurocámara renovarán cada tres años estos poderes adicionales y podrán revocarlos si lo estiman oportuno, según los textos aprobados.

 

No obstante, el informe sobre la situación de los países con problemas (Gauzès) otorga al Ejecutivo comunitario más poderes que los establecidos inicialmente en su propuesta, especialmente para utilizar la norma de "la mayoría cualificada inversa" en las votaciones del Consejo. Esta norma se aplicaría, por ejemplo, cuando la Comisión propusiera a un país medidas correctivas o un plan de reducción del déficit, de modo que estas decisiones se considerarían adoptadas salvo si el Consejo las rechazara por completo.

 

Protección  jurídica ante la suspensión de pagos

 

El PE quiere que la CE tenga más poderes para otorgar protección legal a un Estado miembro al borde de la quiebra, con el fin de dar claridad, estabilidad y previsibilidad a para encarar los problemas. Cuando un país se encuentre bajo esta protección, no podrá considerarse en quiebra, sus acreedores deberán personarse en dos meses ante la Comisión y los intereses de los préstamos se congelarán.

 

Resultado de las votaciones

 

Jean-Paul Gauzès (EPP, Francia), el ponente del informe sobre los países con problemas de deuda, declaró que si estas reglas hubiesen entrado en vigor hace dos años "hubiéramos evitado los problemas que ahora sufren algunos países, puesto que pronto se hubieran tomado acciones claras". El informe de Gauzès fue aprobado por 471 votos a favor, 97 en contra y 78 abstenciones.


Por su parte, Elisa Ferreira (S&D, Portugal), la ponente del texto sobre requisitos presupuestarios de los países de la zona euro, aseguró que la legislación debe responder a un contexto político más amplio: "La disciplina fiscal no puede ser el principio y el fin de nuestra estrategia. Necesitamos repensar nuestros objetivos a corto plazo para recuperar el crecimiento y parar la viciosa espiral de aumentos de los intereses de la deuda", dijo. El informe de Ferreira fue aprobado por 501 votos a favor, 138 en contra y 36 abstenciones

 

 

 

 

 

 

FOTO: Jean-Paul Gauzès y Elisa Ferreira durante el debate

Dejar un comentario

captcha