Madrid. Las trabajadoras y los trabajadores sociales critican que la Audiencia de Navarra haya decidido dejar en libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, a los miembros de ‘La Manada’. El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) considera que el asunto es lo suficientemente grave como para que no se resuelva con una fianza y una retirada de pasaporte.

Con la puesta en libertad, se genera una situación que nuevamente que puede poner en riesgo a miles de mujeres. Además, algunos de los miembros de ‘La Manada’ están pendientes de otras causas. El CGTS denuncia, como ya hizo cuando se hizo pública la sentencia, que los hechos juzgados no corresponden a un abuso sino a una violación. Si no hay consentimiento, no hay violación.

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), en representación de unas 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales de toda España urge nuevamente al Gobierno a modificar el Código Penal y la ley de violencia de género. Como ya manifestó, el Consejo considera equivocada la sentencia que se emitió en mayo por el caso de ‘La Manada’. “Deja en absoluta vulnerabilidad y desamparo a la víctima y es un atentado contra los derechos humanos. Atenta contra la dignidad de todas las mujeres, a las que deja indefensas en cualquier escenario”, denunció la secretaria general del CGTS, Emiliana Vicente.

Las orientaciones que dan los profesionales que trabajan en el ámbito contra la violencia de género indican que ante situaciones de esta gravedad, la resistencia heroica no siempre es la vía para solucionar la situación, ya que puede desembocar, como ocurre demasiado a menudo, en una situación de más gravedad, sufriendo mayores agresiones y daños que pueden llevar a mujer a la muerte. “Sabemos técnicamente que situaciones de esta naturaleza generan un bloqueo emocional de tremenda envergadura en la mujer que lo sufre. A veces no tienen ni posibilidad de hablar. El “no es no” es incluso complicado de verbalizar”, explica Vicente.

Como profesionales del ámbito del trabajo social, que acompañan en los procesos de empoderamiento y mejora de las situaciones personales y familiares, las trabajadoras sociales hacen suyos los argumentos de la Fiscalía.